El pasado 26 de julio se publicó el reportaje “Polémica del Conservador de Bienes Raíces de Calama deja al descubierto intrigas y posible corrupción”, en el que la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló cómo las denuncias de acoso laboral y sexual en contra del conservador Álvaro Toledo Soto y su posterior suspensión evidenciaron irregularidades dentro del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Calama, sumado a un silencio sepulcral de la Corte de Antofagasta.
Entre los hechos descritos se encontraban pagos para acelerar trámites, contrataciones por vínculos familiares y anomalías en el actuar de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que había permitido que el conservador suplente José Aliaga Flores recibiera las remuneraciones que se le habían congelado a Toledo tras las denuncias.
A un mes de la vuelta de Toledo – terminada la suspensión que de forma inédita duró desde el 28 de noviembre al 28 de julio – la trama continúa, con la desvinculación de Aliaga, desorden interno, alianzas formadas, una deuda millonaria y una denuncia en el Ministerio Público por desacato, apropiación indebida y administración desleal.
Desorden y desconfianza
Tras recorrer los 2.500 kilómetros entre Osorno y Calama, llegó nombrado por el actual gobierno, previo postulación, Álvaro Toledo para asumir como nuevo Conservador de Bienes Raíces de la capital de El Loa el 22 de septiembre de 2023.
Con su llegada se dedicó a ordenar la casa: restableciendo los plazos debidos, estableciendo el orden de llegada como la prioridad (para así evitar beneficios indebidos a ciertos clientes) y anunciando una auditoría interna para revisar y regular el caótico sistema.
El impulso le duró poco ya que dos meses después fue suspendido tras acusaciones de acoso sexual y laboral, asumiento como conservador suplente, José Aliaga, quien se había desempeñado como interino mientras se buscaba a un titular tras la salida de Manuel Godoy Gutiérrez, quien mantenía el puesto desde 1983. De acuerdo a fuentes internas, la pareja de Aliaga también trabaja en el mismo conservador, siendo ella una de las personas que presentó una de las denuncias contra Toledo. Sin embargo, en conversación con Radio Bío Bío, Aliaga desmintió tener o haber tenido un vínculo amoroso con la denunciante.
Pasados los ocho meses de suspensión, y sin haber aún una sentencia sobre las acusaciones, Toledo volvió a su antiguo puesto, donde se habría encontrado con un caos aún mayor que la primera vez: demoras de alrededor de dos meses y medio por inscripción, prioridades sin justificación a algunas oficinas de corretaje o estudios jurídicos específicos, antiguos documentos en mal estado y guardados fuera de las oficinas del Conservador, recontrataciones de personal despedido y un desconfiado ambiente interno.
Consultado por Radio Bío Bío, Aliaga comentó que es falso que hayan existido problemas permanentes de eficiencia, y que aquellas situaciones fueron suscitadas por problemas de fuerza mayor, como licencias médicas por situaciones de salud graves de ciertas funcionarias. Además afirmó que no existían determinados usuarios que contaban con atención prioritaria constantemente, y que aquellos casos a los que se les fue beneficiados, tenían razones como que la persona ya había hecho el ingreso previamente o que por temas legales, demorar el trámite le causaría un perjuicio.
José Aliaga, quien por orden de la Corte de Apelaciones había dirigido el Conservador por esos ocho meses, fue desvinculado por parte de Toledo el pasado lunes 19 de agosto, dejando atrás su puesto de abogado de la Unidad Jurídica, habiéndose desempeñado alrededor de diez años como funcionario del CBR Calama.
La tensión ya palpable, con miradas de recelo, conversaciones a puerta cerrada y murmuraciones en el pasillo, habría mutado con la salida de Aliaga a una especie de formación de alianzas dentro del Conservador. Por un lado, quienes silenciosamente apoyan a Toledo, y por otro, quienes avalan las denuncias de acoso.
Hasta el momento, hay seis funcionarios que presentaron licencias médicas – entre ellos, las tres denunciantes – , perdiendo el CBR casi el 30% de su fuerza laboral, en medio de un intento de resolver y evitar los atrasos que se vienen arrastrando hace meses. Así, nuevas caras comenzaron a aparecer en el edificio ubicado en la esquina de Eduardo Abaroa con Tarapacá, funcionarios frescos contratados que parecieran haber llegado para quedarse.
A poco más de una semana de la vuelta de Toledo, llegó una carta apoyando la gestión del CBR, segunda recepcionada desde su ingreso en septiembre de 2023, la cual pareciera responder a acciones como: la evitación de los atrasos, el fin del sistema de prioridades, la compra de un software de automatización de ciertos trámites y el inicio de las investigaciones de la auditoría económica interna.
“Venimos por este acto, en manifestar nuestro rotundo apoyo a la gestión de Conservador de Bienes Raíces de Calama, don Álvaro Toledo Soto y celebramos la vuelta al cargo como conservador titular”, iniciaba esta, destacando reducciones en el tiempo de espera y la mejora del servicio y condenando “cualquier tipo de aprovechamiento con fines particulares a enlodar la imagen del Señor Conservador”.
Entre los 19 firmantes de la carta se encuentran ingenieros, empresarios, corredores, abogados, miembros de sindicatos de Chuquicamata y la Gerenta General del Club de Deportes Cobreloa.
Continúa el conflicto de restitución
Sin embargo, con el despido de Aliaga, no terminó el embrollo legal, manteniéndose aún un conflicto por la diferencia del dinero que el suplente debía.
Así, por orden de la Corte de Apelaciones, Aliaga había estado recibiendo y utilizando las platas de la remuneración del CBR que habían sido congeladas durante su suspensión, orden dejada sin efecto posteriormente por parte de la Corte Suprema, quienes también obligaron al suplente a restituir el dinero.
De tal manera, tras supuestas acusaciones de incumplimiento en tres ocasiones, el miércoles 15 de agosto el magistrado de la mesa de trabajo armada para convenir la restitución de los montos le dio 12 horas a Aliaga para realizarla.
Sin embargo, consultado por Radio Bío Bío, Aliaga señaló que la restitución de ingresos no se dio por la insistencia de Toledo, sino que era el mismo titular que no había firmado anexos de contrato necesarios para evitar la dualidad para efectos legales entre el conservador suplente y el titular, que impedía el avance de la causa. Una vez realizada esa firma, se habrían devuelto los dineros.
El mismo 15 de agosto, fue entregado a Toledo un cheque del banco BCI por $58.706.844, consistente con el informe financiero de 58 páginas realizado por una contadora y presentado por el mismo Aliaga a solicitud del Tercer Juzgado de Letras de Calama.
Sin embargo, el informe entregado discrepa con los cálculos de la parte acusatoria, argumentando, entre otras cosas, que sería inválido el descuento por los pagos por servicios contratados por Aliaga en ese tiempo. Entre estas se incluye los servicios prestados por Paola Godoy Sasaki – hija del ex Conservador Manuel Godoy cuyo contrato no fue renovado a la llegada de Toledo – quien recibió honorarios brutos de $2.318.841 en los meses de mayo, junio y julio de este año; además de otros tres funcionarios que durante los mismos meses recibieron un sueldo bruto de $2.318.841, $1.159.420 y $579.710. En total, $12.173.913 en contrataciones realizadas por el Conservador suplente. Sumando otros cuestionamientos, la diferencia entre ambos cálculos, sería de alrededor de 28 millones de pesos.
De acuerdo a Aliaga, los servicios de estas personas fueron solicitados ante una sobrecarga de trabajo de los funcionarios, y estos no firmaron contrato – sin haberse sobrepasado así de sus facultades –, sino que emitieron boletas electrónicas.
Además del conflicto irresoluto en el Tercer Juzgado de Letras de Calama también se encuentran los mismos hechos denunciados en el Ministerio Público, en donde Toledo acusa a Aliaga de desacato, apropiación indebida y administración desleal, la cual tiene la posibilidad de convertirse en una querella penal.
La denuncia incluye una queja en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones por la privación de sus remuneraciones y la resistencia de Aliaga de cumplir con la resolución de la Corte Suprema
Tanto las denuncias por acoso, el proceso en el Juzgado de Letras y la denuncia en el Ministerio Público, se encuentran aún en investigación.
