La Corte de Apelaciones de Santiago decretó este viernes la libertad del Pistolero de La Reina, Juan Carlos Orión Aramayo Baltra, quien en febrero de este año fue denunciado por vecinos de la comuna por realizar disparos injustificados en la vía pública. Entre los principales argumentos del tribunal para tomar esa decisión, según la resolución tenida a la vista por este medio, está el hecho que la abogada de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana no se presentó a alegar en el recurso, pese a que había anunciado que sí lo haría.
Hasta hoy, el imputado se mantenía en prisión en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno luego que —a solicitud de la Fiscalía Oriente— el tribunal de alzada capitalino lo considerara el 7 marzo “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Todo en el marco del proceso penal que se inició en su contra por los delitos de disparos injustificados, daños simples y posesión de armas sin la debida autorización.
Los hechos se remontan a pasadas las 22:00 horas del 18 de febrero, cuando el hombre desenfundó el arma, apuntó cuidadosamente y abrió fuego. ¿Sus inesperados blancos? Dos letreros públicos de calle María Monvel. Juan Carlos Orión disparó en al menos cinco oportunidades la pistola calibre 9 milímetros que portaba.
El episodio motivó que personal de Carabineros fuera alertado por testigos. Rápidamente se buscó la captura de quien —a ojos de los vecinos— parecía un experto tirador.
Recurso abandonado
El 13 de agosto recién pasado el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a lo solicitado por la defensa del imputado, a cargo del estudio Nelson Salas Stevens & Cia, y dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra.
En efecto, tanto el Ministerio Público como la Municipalidad de La Reina y la Delegación Presidencial, ambas instituciones que se hicieron parte del proceso mediante la presentación de querellas, se opusieron a la medida. De esta forma, todo debía resolverse en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Y así fue. Para este viernes se fijó la audiencia ante la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino. Según pudo constatar este medio, tanto el abogado del municipio como la abogada de la Delegación, Teresa González de la Parra, se anunciaron para alegar. Esta última, mediante un escrito en el que detalló que “la duración del alegato será de 3 minutos”.
Pero eso no ocurrió y así lo pusieron de manifiesto los jueces de la Corte en su resolución, que —ante la ausencia de la jurista— declaró como abandonado el recurso interpuesto por la Delegación Presidencial.
—Atendido lo informado por el señor Relator, ministro de fe para estos efectos, en cuanto al hecho que la abogada representante de la querellante Delegación Presidencial RM, habiendo anunciado alegatos, y efectuado el llamado en la antesala del tribunal, no se encontraba presente para alegar su recurso, y lo previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, se declara abandonado el recurso interpuesto por esa interviniente, en contra de la resolución de trece de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago —reza el documento del tribunal tenido a la vista por este medio.
Teniendo eso en consideración y a la luz de los antecedentes expuestos por la defensa del imputado, y descartando los que presentó el Ministerio Público y la Municipalidad de La Reina, los jueces de la Corte resolvieron confirmar lo resuelto por el Juzgado de Garantía.
De esta forma, en lugar de prisión preventiva el Pistolero de La Reina fue dejado con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Por ello, se ofició a la 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina para que funcionarios de esa unidad controlen la medida.
Consultado el abogado Nelson Salas Stevens, del estudio homónimo que representa al imputado, se mostró conforme con lo resuelto asegurando que “si bien es cierto que Juan Carlos cometió un error, él no es un peligro para la seguridad de la sociedad, al contrario durante toda su vida ha sido un ciudadano ejemplar, por ende debe estar libre y enfrentar su juicio en libertad”.
¿Quién es El Pistolero de La Reina?
Orión Aramayo Baltra es sobrino de la histórica militante del Partido Comunista (PC) Mireya Baltra, exdiputada y ministra del Trabajo de Salvador Allende. Además, a lo largo de su carrera profesional, el Pistolero de La Reina ha trabajado en distintos organismos públicos y privados.
Hasta abril de 2014, por ejemplo, ostentó el cargo de vicerrector de Gestión y Finanzas de la extinta Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis). En la casa de estudios vinculada al PC hizo noticia al denunciar al entonces rector, René Leal, por utilizar la tarjeta de crédito corporativa para fines personales. Se compró shorts, gafas y pagó la cuenta del gas de su domicilio con el documento bancario institucional.
Antes de eso, Orión ya había ocupado un alto cargo en una institución académica, al fungir entre 2007 y 2009 como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. Allí, trabajó al alero de Mónica Jiménez, quien en abril de 2008 se convertiría en ministra de Educación de Michelle Bachelet. Se trata de la misma secretaria de Estado que recibió el jarrazo con agua de parte de la estudiante secundaria, María Música Sepúlveda.
Historia aparte, en su paso por Temuco,
el imputado aprovechó de fundar con otros dos profesionales una sociedad que tenía como objetivo prestar servicios computacionales de diseño y geografía.
Lobbista
Ya asentado en la capital —y después de su paso por la Arcis— Orión se desempeñó como asesor “en planificación estratégica y gestión” del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Lo hizo en 2014, al inicio del segundo mandato de Bachelet, donde percibió una remuneración que se encumbraba por casi los 4 millones de pesos.
También, en el portal InfoLobby, está registrado como lobbista y gestor. Ha participado, en 21 oportunidades, de reuniones con organismos públicos. ¿El más visitado? La Municipalidad de La Reina, la misma que hoy lo mantiene como querellado.
Allí, según fuentes internas de la casa edilicia, sostuvo seis citas para abordar temáticas relacionadas a uso de suelo de locales comerciales, permisos de edificación y también para ofrecer soluciones tecnológicas. Entre ellas, sistemas de votación electrónica.
Otro de los trabajos de los trabajos que tuvo fue en el Congreso Nacional. Sirvió como asesor en materia medioambiental de la entonces senadora, Carolina Goic. Percibió un sueldo de 1,3 millones de pesos.
Su último trabajo en una institución pública del que se tenga registro es en el cargo de jefe de la Subdirección de Planificación y Control en el Servicio Local de Educación Pública Licancabur, donde le pagaron $5,8 millones de sueldo bruto en enero recién pasado.
Con todo, respecto del fallo de la Corte, consultada la Delegación Presidencial Metropolitana indicó a BBCL Investiga que “se iniciará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades”.
