La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió este martes a la situación de los miles de funcionarios públicos que aparecen enlistados como clientes de los médicos detrás del fraude de licencias más grande de Chile, y anunció que los implicados —según corresponda— serán objeto de un sumario.
En concreto, la titular de la cartera admitió que se encuentran en conocimiento de la situación, a propósito de la publicación de BBCL Investiga este martes, que reveló que en su mayoría se trata de funcionarios de Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), varios servicios de educación pública (SLEP), la Subsecretaría de Salud Pública, servicios de salud y un sinnúmero de hospitales.
“Es importante controlar a las personas que compran esas licencias médicas y siendo funcionarios públicos, por cierto, que nos parece muy mal”, remarcó.
En ese sentido, afirmó que están “recabando todos los antecedentes para hacer una investigación sumaria y un sumario, si corresponde, a cada una de las personas que aparezcan que adquirieron licencias médicas en este sistema fraudulento que fue identificado por la Policía de Investigaciones”.
En específico, a raíz de que entre los funcionarios públicos aparecen trabajadores de los servicios de salud, hospitales, autoridad sanitaria y Fonasa, “la División Jurídica del Ministerio y el Compin justamente están recabando los antecedentes para que hagamos este proceso administrativo”
La trama ilegal
En listado revelado por este medio se repite fundamentalmente un grupo de 10 galenos colombianos perseguidos por vender licencias a quienes se lo requirieran sin ningún examen previo.
Dicha situación redundó en que instituciones sensibles para el Estado terminaran dándole descanso a funcionarios sin que se sepa si eran ideológicamente falsas o no. Aunque el alto volumen de licencias y el tipo de prescripciones levantan las sospechas por si solas. “Ninguno de estos médicos tiene la especialidad de psiquiatría. Y casi el 95% de sus licencias eran psiquiátricas”, apuntó Rodrigo Varela, abogado querellante en el caso.
El listado de 945 páginas, al que accedió BBCL Investiga, es parte de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente y enumera más de 25 mil licencias otorgadas por los médicos indagados.
Detrás de las licencias al sector público se esconde un puñado de médicos colombianos que arribaron a Chile para concretar un fraude que superó los $26 mil millones de pesos. Todo se enmarca en el entramado delictual que comenzó en 2020, cuando Samir Rivaldo Hernández y su pareja Yesica Donado Alvis —líderes de la organización, según la indagatoria— montaron un negocio de licencias ideológicamente falsas que se extendió por dos años.
La trama ilegal llegó a tanto que necesitaron contratar a otros médicos colombianos para que vendieran licencias a destajo. Al sector público y también al privado. El beneficio era redondo: todos se llevaban una comisión. A más días, más ganancia.
Funcionarios públicos bajo la lupa
La revisión realizada por BBCL Investiga reveló los principales organismos públicos perjudicados por dichas licencias. En primer lugar, entre las entidades vinculadas al Mineduc lideran Fundación Integra, con 298 licencias; Junji (248); y los SLEP (173). Respecto del Minsal, en tanto, asoman fundamentalmente los principales servicios de salud (119) del país y la Subsecretaría de Salud Pública (108).
En el caso de la Junji, por ejemplo, uno de los casos más complejos es el de Katherine Vanessa Sajama Laura, educadora de párvulos de la región de Tarapacá. Pasó 65 días en reposo gracias a cuatro licencias de salud mental extendidas por Isabel Piérola Monterrey, especialista en medicina estética.
Al alero de Fundación Integra, en tanto, asoma el caso de Edith Noelia Sandoval Huerta, asistente de párvulos de la institución, que estuvo 52 días con cuatro licencias médicas extendidas por Cristian Vargas Ledesma, Andrés Jiménez Bastidas y Jeffry Donado Alvis.
En la Subsecretaría de Salud Pública destaca María José Henríquez Silva, funcionaria que mediante siete licencias sumó 105 días de descanso por orden de Pablo Gabriel Lorenzo, otro de los médicos bajo la lupa.
Más allá de instituciones en particular, también saltan a la vista 1.246 licencias emitidas a trabajadores municipales (o de las respectivas corporaciones edilicias) en las diferentes comunas del país. Algo similar ocurre con los hospitales, a cuyos funcionarios se les entregaron 384 documentos de parte de médicos investigados como parte del fraude de licencias. Entre los más relevantes asoman el Hospital de La Florida (35), Sótero del Río (34), San José (32), San Juan de Dios (23), Posta Central (22), Barros Luco (16), entre otros.
Y parece ser sólo la punta del iceberg. De acuerdo con información obtenida por este medio, Junji, Integra y los servicios de salud son precisamente las instituciones públicas que recibieron más licencias médicas en Chile durante 2023. Para dimensionar el fenómeno, la Junji es la única (incluso considerando empleadores privados) que superó el umbral de las 100 mil licencias durante el año pasado (104.161), seguida de cerca por Fundación Integra (90.084) y en tercer lugar por el Servicio de Salud del Maule (21.881).
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