Eduardo Macaya Zentilli recibió un portazo. Tras la revisión de sus medidas cautelares el pasado viernes, donde se determinó que dejara el arresto domiciliario y volviera a la prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, el tribunal de San Fernando solicitó a Gendarmería un informe de factibilidad de traslado desde el penal de la región de O’Higgins hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en Santiago Centro.
Según información recopilada por BBCL Investiga, fue el juez Carlos Pérez quien envió la solicitud horas después de la audiencia realizada la semana pasada. Y Gendarmería envió su categórica respuesta el martes.
“Dicho recinto está destinado para imputados en prisión preventiva”, como es el caso, pero siempre y cuando “el delito que se les atribuye no esté vinculado contra las personas (…) y a las diversas leyes que tipifican y sancionan los delitos sexuales”.
Precisamente, el empresario de 72 años fue condenado a 6 años de cárcel efectiva, el pasado 19 de julio, tras ser declarado culpable de dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad.
Por esa razón, Maryorieht Castilla Venegas, coronel y jefa del Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería, enfatizó en su contestación al tribunal que su división “considera inconveniente el referido traslado, considerando el delito por el cual actualmente Macaya Zentilli se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva”.
Asimismo, al cierre de su respuesta, destacó también que “el Complejo Penitenciario de Rancagua reúne las condiciones idóneas para su estadía”.
De este modo, Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya, deberá seguir en el mencionado recinto a la espera de que se ejecute su sentencia, puesto que aún hay un plazo para presentar los recursos de nulidad.
Fuentes de este medio precisaron que su traslado a ese anexo no será posible debido a criterios de “segmentación”.
Privilegios bajo la lupa
La estadía carcelaria del imputado no ha estado exenta de polémicas y ha puesto bajo cuestionamiento tanto las decisiones judiciales como a la propia Gendarmería de Chile.
Una vez conocida la condena aquel viernes 19, la primera decisión del tribunal de San Fernando fue ordenar su ingreso a prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, a la espera de que la sentencia quede ejecutoriada.
Sin embargo, para el día lunes, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la decisión y dejó a Eduardo Macaya con arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse y conversar con las víctimas y sus padres.
Entre su entrada y salida se fraguó otra polémica, pues en la práctica aquel fin de semana no lo pasó internado en una celda sino que permaneció en la enfermería, en una habitación individual y destinada a mujeres.
A raíz de la controversia, la situación derivó en una investigación por tráfico de influencias de parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins. Aquello llevó a que el persecutor incautara los celulares de los gendarmes implicados, incluido el de la jefa de la cárcel de Rancagua, la coronel Ana María Garrido, quien además fue suspendida de su cargo tras el inicio de las indagatorias por los presuntos privilegios otorgados.
Todo lo anterior, sin considerar que —cuando fue formalizado por el caso en 2023— inicialmente pasó un mes en prisión preventiva, pero pagó $150 millones de fianza para permanecer recluido en su hogar, en cuya condición se mantuvo hasta la sentencia del pasado 19 de julio.
Ahora, tras la ratificación de la cautelar que lo devolvió a prisión preventiva el pasado viernes, el empresario se encuentra en el módulo 86, donde comparte con primerizos, mayores de edad y condenados por delitos sexuales.