Doris Pinto Manquenahuel, ingeniera comercial de la Universidad de Chile y una de las gestoras de la cuestionada fundación Democracia Viva, retornó al servicio público el pasado 1 julio. Se incorporó como funcionaria del Instituto de Previsión Social, pero alcanzó a estar una semana en el cargo.
De acuerdo a fuentes de BBCL Investiga, fue presentada recientemente mediante un correo interno: “IPS da la bienvenida a Doris, nueva funcionaria que se suma al equipo de la División Planificación y Desarrollo”, rezaba el e-mail.
En particular, llegó al cargo de analista de gestión de proyectos, como parte del equipo del Departamento de Gestión Estratégica y Estudios.
Ella es una figura central en la trama de Democracia Viva y las esquirlas que dejó en Revolución Democrática (RD). Si bien las portadas las acaparó la pareja de Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez, Pinto fundó la entidad en septiembre de 2021. Ejerció como tesorera al mismo tiempo que Andrade fungía como representante legal.
Asimismo, en las filas del partido siempre fue cercana a la parlamentaria. Según dejó ver en sus redes sociales, en 2019 hizo campaña interna en RD a favor de Catalina Pérez como presidenta del partido.
De acuerdo a fuentes de este medio, la ingeniera comercial llegó al cargo como funcionaria grado 10, lo que en la escala de remuneraciones 2024 de la institución se traduce en un sueldo de $2.140.352 brutos.
Sin embargo, en medio del entrenamiento y tras las consultas de BBCL Investiga, el IPS y la servidora pública acordaron no seguir con su contratación.
“Tras los primeros días de inducción, por mutuo acuerdo entre la persona y la institución, finalmente el contrato no se llevó a cabo. De acuerdo con esto, la señorita Doris Pinto actualmente no forma parte de la dotación institucional”, informaron.
Conocedores de la interna del IPS apuntaron a que la oficialización de la llegada de Doris Pinto generó mucha molestia, pues consideran que “ensucia” la labor de la institución.
En tanto, el debut y despedida de Pinto coincidió con otro cambio importante: Juan José Cárcamo (PPD), ex subdirector de la entidad, fue confirmado el martes como nuevo director nacional del IPS por el Presidente Gabriel Boric, tras superar el respectivo proceso de selección de Alta Dirección Pública (ADP).
Historial de servicio público
Pinto no es nueva en el sector público. Trabajó por casi 4 años en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), hasta poco después que estalló el escándalo el año pasado.
Inicialmente, desde septiembre de 2019, cuando Pamela Gidi era jefa de la cartera, trabajó como profesional en la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las telecomunicaciones, unidad en la que se analizan e impulsan los grandes proyectos de la institución, como la Fibra Óptica Nacional.
Según ella misma detalla en su perfil en LinkedIn, en dicho periodo tenía como función “realizar evaluaciones económicas de los proyectos subsidiables del Fondo, en etapa de diseño de bases y procesos de adjudicación”.
De acuerdo a información de transparencia, en dicho rol recibía un sueldo de $1,5 millones, en modalidad honorarios.
En tanto, bajo el actual gobierno, entre abril y julio 2023, se desempeñó como asesora del gabinete del subsecretario Claudio Araya (PC) “en materias económicas y gestión de proyectos asociados a la disminución de la brecha digital”.
En dicho cargo, eso si, tenía la condición de funcionaria a contrata y un sueldo bruto de casi $3 millones, hasta su salida en medio del escándalo de Democracia Viva.
Querella de RD
Una vez estalló el escándalo, su entonces partido apuntó contra ella y otros 11 militantes de la colectividad, a quienes los hizo parte de una investigación de los órganos internos del partido.
En específico, a fines de junio de 2023, RD presentó una querella en la que identificó a militantes de sus filas relacionados con Democracia Viva. Entre ellos señaló a Pinto, Andrade y Pérez, además de Carlos Contreras, Paulina Cabrera, Cecilia Millán, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez, Daniela Dresdner, Carolina Pérez, Tatiana Rojas y Camila Hernando.
En la acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, RD se lanzó contra quienes resulten responsables por posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias.
Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de RD, enfatizó entonces que les interesaba “aclarar que cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática vinculada a esta fundación Democracia Viva (…) no van a tener cabida en nuestro partido, cualquier persona, caiga quien caiga”.
Si bien en el acta de fundación de la entidad a Pinto se le designó como tesorera de la fundación, renunció a ese cargo poco antes que estallara el caso, el 5 de mayo de 2023.
De todas maneras, RD pidió en dicha acción que se le citara a ella y los demás militantes a declarar en calidad de imputados en la investigación.
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