En una suite del resort all inclusive Sandos Playacar, ubicado a orillas de la costa de Playa del Carmen, entre la arena blanca, el spa y el pool bar, se encuentra de vacaciones Roberto Stern Elfenbein, el exdirector de salud de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, investigado por defraudar en $90.496.585 a la comuna, y con arraigo nacional decretado.
La medida cautelar fue otorgada a Stern por el juez Daniel Aravena Pérez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago en febrero de este año tras la formalización por obtención fraudulentas de prestaciones estatales. La acusación se basa en la supuesta recepción de montos “injustificados, excesivos e ilegales” – como indica la querella – entregados por la Corporación de Desarrollo Social de la comuna hoy liderada por Emilia Ríos Saavedra (RD), con los hechos producidos durante la alcaldía de Andrés Zarhi Troy (Independiente-ex RN), imputado en la misma causa por fraude al Fisco.
Es esa misma medida cautelar la que fue suspendida por el juez David Pastén Ahumada entre los días 22 al 29 de junio de este año, autorizando la salida del país del imputado con destino a México, previo pago de una caución – garantía que respalda el cumplimiento del arraigo nacional a la vuelta de su viaje, que se debiese devolver al imputado tras su absolución o condena – fijada en $10.000.000.
Las acusaciones
La querella presentada el 22 de agosto de 2022 saca a la luz operaciones fraudulentas que habrían sido realizadas por Roberto Stern como Director de Salud, Ludwig Bornand Manaka como Director Jurídico, Ximena Vivanco Garrido como Directora de Educación y José Palma Vega como Secretario General, todos supuestos “trabajadores de exclusiva confianza del ex alcalde” , Andrés Zahri, quien además ocupaba el cargo de Director de la Corporación y habría autorizado y tenido conocimiento de los delitos.
“Todos ellos de manera ilegal, fraudulenta y simulada, con el conocimiento, aprobación y/o intervención del ex Alcalde Zarhi, entonces presidente de la Corporación, procedieron a su auto terminación laboral con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, a días de asumir la nueva administración de la Alcaldesa Emilia Ríos, atribuyéndose y/u obteniendo injustificados, excesivos e ilegales montos a propósito de estas simuladas operaciones de término de relación laboral, en directo perjuicio del patrimonio de la Corporación, compuesto de fondos públicos”, acusó la alcaldesa de Ñuñoa en la querella presentada.
Tras las audiencias de formalización lideradas por la fiscal Mitzy Henríquez Pérez, Stern y Bornand – ambos imputados de los delitos de obtención fraudulenta de prestaciones estatales – quedaron con la prohibición de salir del país mientras que a Zahri y Palma se les decretó arresto domiciliario nocturno por delitos de fraude al Fisco, sumándose malversación de caudales públicos en el caso del segundo. Sin embargo, al exalcalde de 73 años se le modificó la medida cautelar por razones de salud el pasado 12 de junio, estando hoy con firma quincenal.
Por su parte, Vivanco fue la única de las denunciadas en la querella no fue formalizada.
Las sospechas habrían iniciado tras la petición de Ríos – quien llegó a la alcaldía en 2021 representada por el Frente Amplio – de la copia de los contratos de los directivos de la Corporación, en los cuales saltó a la vista que todos contaban con cláusulas de indemnizaciones a todo evento, por un total equivalente a seis a ocho sueldos brutos sin tope legal, incluso en caso de renuncia voluntaria.
Al presentarle el descubrimiento al Directorio de la Corporación, ellos negaron haber autorizado la incorporación de este tipo de cláusulas en los contratos, lo que llevó a la denuncia en el Ministerio Público y la apertura de la investigación, por las irregularidades ratificadas por el informe n° 66/2022 de Contraloría.
Es así como, de acuerdo a las acusaciones, a través de la celebración de contratos con altas cláusulas de indemnización, aumentos de sueldo, finiquitos inflados y recontrataciones, se habría defraudado a la Corporación – que administra la totalidad de la educación y salud de la comuna – por un total de $176.167.470.
Stern – quién llegó a la Corporación en 1989 bajo el cargo de Director del Consultorio Rosita Renard – habría recibido más de la mitad del monto defraudado.
De acuerdo a las pesquisas de la Contraloría, a través de un finiquito del 9 de julio de 2020 recibió $180.275.648 en indemnizaciones por retiro voluntario, monto que habría sido abultado sin base legal, habiéndose pagado un exceso de $38.932.600. Por ejemplo, desde febrero a junio de 2020, el sueldo del imputado habría aumentado de siete a doce millones de pesos sin ningún respaldo contractual.
Seguidamente, Stern habría sido recontratado en el cargo de Director de Salud en contra de la Ley 20.919 que impide volver a contratar a funcionarios de salud por un plazo de cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que hubiese devuelto los beneficios recibidos por el retiro voluntario.
Así, es despedido por la causal de “necesidades de la empresa” previo al inicio de la administración de la alcaldesa, siendo nuevamente finiquitado el 23 de junio de 2021, percibiendo esta vez un monto extra de $51.563.886, habiendo en total recibido sobre 90 millones de pesos de forma indebida.
“Es claro que no existió realmente un despido. Se está en presencia de una renuncia voluntaria encubierta en un auto despido que, utilizando documentación generada u obtenida de forma ilícita, busca obtener de forma fraudulenta e ilegítima fondos de la corporación”, concluye la querella.
