La Contraloría General de la República emitió este lunes un oficio con las conclusiones del análisis realizado frente a las denuncias de extorsiones contra la Gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo (Independiente).
Las acusaciones, reveladas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, apuntaban a que Naranjo habría exigido a funcionarios del GORE la entrega de dineros para una eventual campaña de reelección, a cambio del ofrecimiento de bonos, o amenazas de desvinculación para quienes no cumplían. Inculpaciones que Naranjo calificó como un “montaje político”, en entrevista con Mi Radio.
Es así como el órgano fiscalizador, a través de cuatro declaraciones, concluyó que podría haber vulneraciones a la probidad administrativa, ante lo que determinó instruir un procedimiento disciplinario para investigar los hechos, y remitió los antecedentes a la Fiscalía Local de La Serena y al Consejo de Defensa del Estado. Además, el oficio fue entregado al Servicio Electoral, para el análisis de la recepción de los posibles aportes electorales.
Las acusaciones
Los cobros habrían comenzado tras una reunión a puertas cerradas que la Gobernadora habría mantenido en agosto del año pasado con los jefes de las distintas divisiones del GORE. De acuerdo a lo relatado por uno de los denunciantes a Radio Bío Bío, en esta se les habría solicitado aportar voluntariamente a la campaña política con parte de su sueldo. Sin embargo, lo “voluntario” duró poco, y las peticiones se convirtieron rápidamente en exigencias, a través de promesas de beneficios y amenazas de despido.
La primera acusación versa en que Naranjo habría otorgado la asignación de funciones críticas – “bono” económico que es entregado a quienes desempeñan cargos con alto nivel de relevancia y responsabilidad – a funcionarios a cambios de aportes. En estos casos, el documento indica que se les habría solicitado $500.000.
Para quienes no percibían tal beneficio, el piso del monto solicitado era de $50.000, aplicando lo mismo para los funcionarios que trabajaban a honorarios.
Frente a la negación de entregar las platas, llegaban las amenazas, incluso denunciándose de funcionarios que habrían perdido sus puestos por no cumplir con el aporte solicitado por la gobernadora de forma supuestamente voluntaria.
Las declaraciones también coinciden en la forma de operar de Naranjo, quien habría tenido como “recaudadora” a Karina Aguirre Cerda, Administradora Regional, quien además percibió asignación por funciones críticas durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023; y febrero y marzo de 2024.
Así, Aguirre habría recibido el dinero mediante transferencias y efectivo, habiendo uno de los exfuncionarios denunciantes entregado a Contraloría un comprobante de transferencia por 500 mil pesos a la cuenta corriente de la Administradora Regional, movimiento realizado el 29 de agosto de 2023.
Para la realización del informe, la Contraloría tomó declaración a doce funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Coquimbo, de los cuales cuatro avalaron las denuncias. De los restantes, cinco funcionarios activos – que también tuvieron asignación de funciones críticas – directamente negaron que lo denunciado haya ocurrido.
Krist Naranjo, quien se desempeña en el cargo desde julio de 2021, además enfrenta querellas por injurias, abandono de deberes, fraude al Fisco y maltrato laboral, todas durante su gobernación.
