La millonaria controversia por la administración de la Beca Junaeb volvió oficialmente a foja cero. Tras detectarse una serie de errores a la hora de evaluar la adjudicación, finalmente la institución informó esta semana la invalidación del proceso a los oferentes en disputa: Edenred y Pluxee Chile, conocida antes como Sodexo Beneficios e Incentivos.

Se trata de una licitación de envergadura, una de las más grandes ejecutadas por la institución, que en total se encumbra hasta los 620 mil millones de pesos.

A través de dicha fórmula, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (más conocida como Junaeb) otorga mes a mes la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) a más de 600 mil estudiantes de universidades, institutos y centros de formación técnica.

La entidad echó pie atrás a la adjudicación empujada principalmente por una resolución de Contraloría, de mediados de mayo, en la que la titular subrogante de la institución, Dorothy Pérez, señaló que el contrato asignado a Edenred no se ajustaba a derecho.

Pelea de gigantes

Frecuentemente, las dos compañías de capitales franceses —líderes mundiales del rubro— suelen competir por operar el sistema de transacciones de la conocida Beca BAES.

Los primeros días de marzo, con los plazos encima y el año académico ya iniciado, la codiciada licitación fue adjudicada en su totalidad a Edenred, en las tres zonas contempladas: Arica-Maule, Ñuble-Magallanes y Región Metropolitana.

Fue un decisión polémica, pues no suele ocurrir que la misma empresa opere el sistema en todo el país. De hecho, el cambió sorprendió incluso a los estudiantes, que sólo horas antes de recibir el primer pago de la beca fueron notificados de cambiar de plataforma para hacer uso del beneficio.

Durante los primeros días, los propios usuarios reportaron problemas en redes sociales y, en particular, por la corta duración de la clave dinámica que permite validar los pagos, a diferencia del sistema anterior.

La decisión encendió inmediatamente las alarmas en las oficinas de Pluxee Chile, que ha participado en el otorgamiento del beneficio desde sus inicios, en aquella época en que se entregaba mediante cheques en papel. Luego fueron parte de la modernización con una tarjeta física, hasta llegar al método actual, a través de un app.

Los reclamos de Pluxee Chile no se hicieron esperar. Al día siguiente solicitaron una segunda revisión a Junaeb, pero no fueron escuchados. Tras el portazo inicial, el 8 de marzo ingresaron una demanda contra la institución ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), instancia en la que se suelen resolver las diferencias en este tipo de procesos.

Contraloría a la carga

En paralelo, Contraloría también realizó la revisión del contrato celebrado entre Edenred y Junaeb, donde también tuvieron a la vista informes de revisión forenses encargados por Pluxee Chile a la auditora internacional Deloitte, los mismos que presentaron ante el TCP.

En su revisión de legalidad, el órgano fiscalizador constató una “disparidad de criterios” de la comisión de evaluación que adjudicó la licitación a Edenred. A juicio de Contraloría, dicha instancia “apreció de manera diferente los antecedentes presentados por quienes efectuaron ofertas en el respectivo proceso licitatorio, sin que consten las razones que justifiquen” el uso de parámetros diferentes.

Por ejemplo, en un apartado, cuando se solicitaba que la documentación presentada estuviera firmada por las partes, el incumplimiento fue objetado respecto de algunos contratos adjuntados por Pluxee Chile y aceptado en las mismas condiciones para Edenred.

Asimismo, a la hora de acreditar los puntos de canje (lugares que aceptan la BAES como medio de pago), los evaluadores estimaron que los contratos que tenían una dirección o RUT distinto al presentado en el listado de puntos de canje no resultaban válidos. Sin embargo, en el caso de Edenred fue admitida esa discordancia.

Por esas y otras diferencias de criterio, la contralora Dorothy Pérez explicó vía oficio a Camila Rubio, secretaria general de Junaeb, que en este caso “procede que se retrotraiga la licitación pública, con el objeto de que se realice una nueva evaluación de todas las ofertas presentadas, con estricta sujeción al principio de igualdad de los oferentes”.

Así se lo reportó oficialmente a Junaeb el pasado 17 de mayo.

Junaeb inicia invalidación

Dicha situación desembocó en que el pasado martes 28 la institución informara oficialmente en Mercado Público, la plataforma en la que se gestionan las licitaciones, del inicio del proceso de invalidación de la adjudicación. Es decir, echar pie atrás a la decisión que otorgó el contrato a Edenred.

Formalmente, los oferentes tienen plazo hasta este viernes para presentar sus reclamos ante Junaeb respecto de la decisión.

Pluxee Chile, consultado por BBCL Investiga respecto a la disputa, señaló que esperan que se vuelva a realizar la evaluación de las ofertas “siguiendo lo que señala el dictamen de Contraloría. Por esto estamos a la espera de que exista rapidez en el proceso de invalidación dispuesto por Junaeb” y, lógicamente, estiman que aplicando los criterios señalados por CGR “el resultado final de este proceso será distinto al de la adjudicación” inicial.

Según la empresa, a nivel operativo, un eventual cambio de operador no debería significar un problema para los estudiantes beneficiados. En caso de ganar la licitación, dicen estar “totalmente preparados para darle continuidad operativa al servicio a nivel nacional, inmediatamente, porque entendemos que —dada la decisión de la CGR— Junaeb no debiese mantener la prestación del servicio de la manera en que hoy está operando”.

“Los beneficiarios están familiarizados con nuestro servicio porque, hasta hace algunos meses, la mayoría de ellos estaba utilizándolo”, afirmaron.

En tanto, si bien confían en que el asunto se resuelva correctamente como ordena la Contraloría en su resolución, afirmaron que, “dada la gravedad de la situación, estamos estudiando todos los cursos de acción posibles para hacer efectiva las responsabilidades del caso”.

Por su parte, Junaeb explicó a este medio que retrotraer la evaluación de los antecedentes “no implica la revisión de todo el proceso”, por lo que realizarán la etapa de revisión de ofertas y todo lo señalado por el ente contralor.

Debido a que el proceso de licitación 2024 implicó la revisión de más de 50 mil documentos, harán una nueva revisión que permita dimensionar “donde pudo haber existido alguna diferencia que requiera ser corregida”.

En ese sentido, para dar continuidad al servicio, se fijaron “plazos acotados y los nuevos antecedentes serán ingresados a Contraloría durante las primeras semanas de junio”.