La compra del inmueble destinado al futuro Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso hoy es un dolor de cabeza para la Corporación Judicial del Poder Judicial. ¿La razón? Incontables okupas viven en la futura sede de causas laborales.
La vivienda ubicada en calle Yungay 1754, fue comprada al Arzobispado de Valparaíso por más de $1.500 millones de pesos. Plan que inició en 2018.
Los documentos —que hoy exhibe BBCL Investiga— detallan que el edificio de 936 metros cuadrados nunca pudo ser morado por funcionarios del Poder Judicial, porque incluso antes de ser comprada, ya estaba invadida por okupas.
Pese a que han sido los propios funcionarios de la Corporación quienes intentaron conversar con los residentes ilegales, sus esfuerzos terminaron en nada. Hasta fueron citados a una audiencia, a la que por supuesto, ninguno asistió.
Ocupación ilegítima
La escritura ante notario certifica que a fines de 2018 la Corporación Administrativa del Poder Judicial compró un nuevo inmueble en Valparaíso por más de $1.509 millones de pesos.
La copia del documento de Bienes Raíces constata que el dueño anterior del espacio, que tiene una superficie de 936 metros cuadrados aproximadamente, era el propio Arzobispado.
La millonaria compra nació con el objetivo de construir el nuevo Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso y el Centro de Notificaciones Judiciales. Y desde hace seis años el plan sigue siendo el mismo. Con un gran detalle. A la fecha no han logrado ni siquiera instalar un escritorio.
“El hecho es que una cantidad indeterminada de personas, de identidad desconocida, ocupan de manera ilegítima el inmueble de calle Yungay N° 1754”, detalla la reciente querella que interpuso la propia Corporación.
Lo anterior ocurre desde junio de 2017.
“El inmueble se encontraba ocupado ilegalmente incluso antes de adquirirlo mi representada, y hasta el día de hoy no ha sido posible que las personas que se encuentran haciendo uso indebido del mismo desocupen la propiedad”, estipula la denuncia.
Ninguno apareció en la audiencia
Los intentos por sacarlos ya son incontables. Una de las primeras acciones fue que los funcionarios judiciales fueran hasta calle Yungay para convencerlos de irse. Los resultados fueron obvios: ninguno hizo desalojo del sitio.
El 21 de febrero de 2020 un notario de Valparaíso visitó la vivienda y certificó, mediante fotografías, que estaba habitada por okupas.
Al mes siguiente presentaron una denuncia en tribunales y adjuntaron las pruebas del notario. Los imputados eran dos hombres: un chileno y un peruano.
El parte policial de Carabineros de esa fecha describe que es “una casa habitada por jóvenes de diferentes tribus urbanas (…) Los jóvenes que se encontraban en la casa procedieron a ofuscarse gritando groserías contra Carabineros”.
Por orden del juzgado los dos sujetos fueron citados a la audiencia de formalización. Ninguno de ellos se dignó a aparecer.
En agosto de 2023 el Ministerio Público ejerció el principio de oportunidad y ordenó cerrar la causa.
Por si fuera por poco. En 2021 la Brigada de Homicidios confirmó la muerte de una joven de 24 años. Informaron que falleció “en extrañas circunstancias al interior de la casa okupa”. Su cuerpo estaba en el subterráneo del recinto. Preliminarmente, detectaron que no hubo intervención de terceros.
Último intento
Ahora, desde la Corporación lo volvieron a intentar con una querella. Esta misma describe que fue porque “al día de hoy la propiedad continúa usada por moradores ilegales, que han usurpado el inmueble y se han negado a restituirlo”.
“Se desconoce si dentro de los usurpadores se encuentran los imputados de la causa anteriormente señalada, por cuanto ha sido imposible tomar contacto ni poder conversar con las personas que están en la propiedad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, reza el documento.
La nueva querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Apunta a todos quienes resulten responsables por el delito de usurpación.
Una de las primeras medidas que solicitaron fue identificar a cada uno de los okupas y tomarles declaración.
Al mismo tiempo, piden que “exhiban al Ministerio Público el título por medio del cual se encuentran ocupando el inmueble”.
Con todo, la “toma” sigue en pie.