La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la polémica del juez Daniel Urrutia y dejó sin efecto las llamadas y visitas íntimas a peligrosos imputados vinculados al crimen organizado.
De acuerdo a la resolución tenida a la vista por BBCL Investiga, el magistrado “carecía por completo de facultades” para involucrarse en las solicitudes de los internos, puesto que las causas de ninguno de ellos estaban siendo tramitadas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde ejerce funciones Urrutia.
De este modo, la Corte estimó que el juez debió “limitarse” a remitir las presentaciones de los imputados a los juzgados que sí les correspondía revisar los antecedentes.
“Por lo demás, tales decisiones fueron adoptadas de plano por el tribunal de primer grado, sin oír a los intervinientes, lo que resulta improcedente”, reza la determinación del tribunal de alzada capitalino.
Así, los ministros de la Séptima Sala de la Corte santiaguina, cuestionan que incluso el magistrado autoconvocara una audiencia en la que decidió mantener los beneficios a los imputados “sin esbozar fundamentación alguna sobre el porqué de tal decisión”.
“Solo cabe concluir que la resolución impugnada se encuentra teñida de ilicitud”, sostiene el escrito.
A través de la determinación, la Corte remitió los antecedentes al Pleno, lo que abre la posibilidad a sanciones contra el agente de la ley.
Rechazo en Gendarmería
El magistrado —quien destacó por liberar a los miembros de la primera línea en el Estallido Social— resolvió en febrero autorizar a internos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad para que pudieran tener visitas íntimas y videollamadas.
La decisión vino luego de visitar a 21 reos en un recorrido que se extendió por 115 minutos. Ahí les preguntó a cada uno si tenía alguna consulta o queja que presentar.
Pese a que denegó algunas solicitudes de videollamadas, autorizó otras que debían realizarse en menos de una semana. Entre las peticiones aceptadas estaba la de Rafael Marín Vielma, colombiano que se encuentra cumpliendo una condena de 15 años por narcotráfico y tenencia de armas, quien fue descubierto en una operación transnacional junto a su hermano.
Su resolución provocó rechazó en Gendarmería y al Gobierno, quienes manifestaron, a través del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que “usarían todas las herramientas de la ley para revertir las medidas de esa naturaleza”.
Asimismo manifestó que los reos de alta peligrosidad “tienen que ser aislados del exterior” para no seguir ejerciendo dentro de sus organizaciones criminales.