Una acalorada disputa libra el mundo de la hípica con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de que este último pusiera sobre la mesa una serie de cuestionamientos tras la “suplantación” de una yegua del conocido animador Francisco “Kike” Morandé Peñafiel.
Todo comenzó el viernes 5 de enero, cuando se presentó a correr una ejemplar bajo el nombre Siete de Abril, que es propiedad de María Isabel Correa y Emilio Sánchez Rosales. La carrera fue un éxito para ellos, pues resultó ganadora. Sin embargo, posterior a la competencia, en el proceso de control de doping fue reconocida como una yegua diferente a la ratificada antes de la carrera. En definitiva, la que corrió realmente fue la yegua Entera Good, propiedad de Morandé.
El episodio derivó en una investigación que más tarde sería criticada por Marcel, quien envió los antecedentes al Ministerio Público. Dichos cuestionamientos fueron expresados mediante un oficio reservado del Ministerio de Hacienda —firmado por el titular de la cartera el pasado 13 de febrero— dirigido a María Cecilia Montero, presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional (CSHN), entidad dependiente de dicha secretaría de Estado.
Un error evidente
En su oficio reservado —al que accedió BBCL Investiga—, Marcel reprocha una serie de inconsistencias en la indagatoria del CSHN y apunta a que “no resulta claro el procedimiento ni la valoración de los antecedentes aportados durante la investigación llevada a cabo en el seno del Consejo”.
Por ejemplo, plantea una contradicción a la hora de describir la preparación previa a la carrera de la yegua “Siete de Abril” y las declaraciones de los trabajadores que se encontraban a cargo de ésta.
Asimismo, apunta al momento clave en que se cometió el error: el veterinario a cargo realizó el examen clínico previo, realizó la lectura del chip de identificación y, pese a que en el momento arrojó el nombre equivocado, no se hizo ningún reparo y se le permitió competir de todas formas.
En simple, Marcel cuestiona que pese al uso de tecnología y al evidente error, no se evitó que la yegua de Morandé corriera en lugar de Siete de Abril.
¿Suplantación o “condoro”?
La ofensiva del Ejecutivo generó tensiones al interior del mundo de la hípica. Fuentes consultadas por BBCL Investiga incluso sostienen que el actuar del ministro “criminaliza” a los trabajadores y propietarios del rubro.
Es más, María Soledad Ramírez Herrera, abogada y propietaria de caballos del Club Hípico de Santiago ya ingresó un escrito a Hacienda en el que reclama en contra de lo que considera una intromisión del organismo en asuntos que van más allá de la “supervigilancia” establecida por la ley a los hipódromos. Ésta —en simple— tiene como espíritu fiscalizar los actos relacionados a las apuestas, tal como se hace con casinos y juegos de azar.
En muchos pasajes, con ironías de por medio, la contestación de Ramírez cuestiona que Hacienda haya puesto ahora los ojos sobre la actividad hípica, considerando que Marcel y la entonces subsecretaria de Economía Claudia Sanhueza le rechazaron reuniones solicitadas vía Ley del Lobby en 2022. Esto, en medio de la disputa legal contra las casas de apuestas ilegales que por entonces, y hasta la fecha, inquieta en los hipódromos.
En la misma misiva, también fustiga el hecho de que el cargo de presidente titular del Consejo Superior de la Hípica Nacional estuvo vacante por más de un año y medio. ¿La razón? La falta de designación por parte del Presidente Gabriel Boric.
“La cartera yerra su actuar, ya que transgrede lo que ella misma ha señalado al pronunciarse sobre la supervigilancia e incursiona en la jurisdicción llegando a cuestionar las declaraciones de trabajadores”, reza el escrito de la abogada.
Una fuente de este medio, que ha seguido de cerca el proceso, apunta que en realidad no existe un marco ni un procedimiento definido para eventualmente sancionar errores como esta “suplantación”, pues la junta de comisarios o el Consejo definen castigos de forma unilateral y en plazos sumamente acotados.
Más aún, aseguran que el fallo que llevó al error simplemente se debió a un “condoro” y que la suplantación en realidad nunca fue un acto intencional. En la práctica, se trataría de una equivocación que ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero que suele ser detectada a tiempo en el chequeo previo a la carrera.
En esta oportunidad, esa barrera se habría traspasado puesto que la revisión veterinaria ocurrió en medio de una falla de la conexión a Internet, razón por la que el resultado en la lectura del chip fue ignorada y atribuida a los problemas de funcionamiento que se estaban registrando al momento de la inspección.
De supervigilancia a criminalización
Al margen, desde el punto de vista normativo, Ramírez apunta a que Hacienda tiene el deber de supervigilar los hipódromos, pero no al Consejo Superior de la Hípica Nacional ni a sus gremios. Lo anterior, basada en un propio oficio firmado por la jefa de gabinete de Marcel, Tatiana Vargas, el 27 de abril del año pasado. A ello suma también que la actual “regulación en materia de apuestas y fiscalización de los impuestos es ejercida en la práctica por el Servicio de Impuestos Internos”.
En ese contexto, afirma que la relación del Ministerio de Hacienda y el CSHN es de supervigilancia, pero “sólo respecto de la asesoría que debe brindar a esta cartera de Estado en las materias que señala” la normativa. Y que esto “no significa en caso alguno que el Ministerio de Hacienda tenga facultades disciplinarias respecto de los propietarios de caballos fina sangre de carrera, preparadores, jinetes, capataces, cuidadores, entre otros”.
Ramírez subraya que los últimos dos gobiernos se han pronunciado en el mismo sentido respecto a las facultades de supervigilancia, mientras que a partir del Reservado N°3 de esta administración “nos adentramos en un camino de criminalización de la actividad”.
De este modo, reclama que “de acuerdo con este nuevo criterio, en la práctica se transforma en obligatorio para la cartera denunciar los gremios y propietarios. Estamos todos expuestos”.
Consultados por BBCL Investiga, el Ministerio de Hacienda asegura que “por mandato legal debe ejercer la supervigilancia de los hipódromos, como también respecto del sistema de apuestas mutuas y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley, en resguardo de la fe pública”.
En tanto, respecto al caso particular de la carrera del 5 de enero de 2024, expuesto públicamente a través de los medios de comunicación y del propio Club Hípico de Santiago, apunta a que “debe ser aclarado inmediatamente, para evitar comprometer el sistema de apuestas” y “generar desconfianza en el sistema de apuestas nacional”.
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