—Necesito saber qué pasa con la visita autorizada de Rafael Vielma con Leydi Martínez Moreno, hay orden de visita íntima —exigió el juez Daniel Urrutia en la audiencia de la discordia del 25 de enero recién pasado.
Se trata de la misma instancia en la que reafirmó los beneficios a miembros del crimen organizado y que desató la molestia no sólo en Gendarmería de Chile sino también en el Gobierno. Era cerca del mediodía en la Sala 202 correspondiente al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Resulta que el magistrado —quien alcanzó notoriedad por liberar a miembros de la Primera Línea durante el estallido social— convocó a la institución verde boldo para discutir lo resuelto por él mismo en torno a la autorización de videollamadas y visitas íntimas en favor de reos de gran compromiso delictual, recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad.
La decisión la tomó luego de visitar el 19 de enero a los internos —en su rol de magistrado— del Hospital Doctor José Horwitz Barak, el CDP Santiago Sur, el Anexo Capitán Yáber y la Cárcel de Máxima Seguridad. El recorrido por dependencias de esta última comenzó a las 13:00 horas y duró 115 minutos. Allí se entrevistó con 21 reclusos.
Juez de visita
El papel judicial donde quedó consignado el paseo sostiene que en la oportunidad se le preguntó a los imputados “si tenían alguna consulta o queja que entablar”. A los 21 que tuvieron algo que decir, se les concedió audiencia en el acto.
Caso a caso el juez fue resolviendo. En algunos denegó solicitudes, pero en otras autorizó videollamadas que debían concretarse antes de siete días. La responsabilidad terminó recayendo en Gendarmería, quienes quedaron obligados por decisión de Urrutia a informar al tribunal del cumplimiento de la medida.
Lo propio ordenó respecto de la visita íntima que pidió Rafael Marín Vielma, un colombiano que se encuentra cumpliendo una condena de 15 años por narcotráfico y tenencia de armas. Fue descubierto en una operación transnacional junto a su hermano.
Concretamente, el condenado solicitó la concurrencia de su compatriota Lady Nelly Martínez Moreno. El magistrado accedió.
Sin embargo, las determinaciones del juez tras su visita no cayeron bien en Gendarmería. En efecto, en una audiencia celebrada seis días más tarde, a través de su equipo de abogados, buscaron que se dejaran sin efecto las decisiones de Urrutia. Recibieron un portazo del magistrado, quien encontró apoyo en el abogado del INDH que también estuvo presente en la instancia.
“Las órdenes se cumplen”
De acuerdo al acta de la audiencia —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile— Urrutia insistió en las órdenes que él había instruido.
—Necesito saber qué pasa con la visita autorizada de Rafael Vielma con Leydi Martínez Moreno, hay orden de visita íntima —lanzó.
Gendarmería retrucó en la audiencia que no estaban las condiciones para concretar ese encuentro. Argumentaron que éste debía ser autorizado por el consejo técnico de la unidad respectiva. En simple, a juicio de la institución, no era llegar y disponer de recursos para ello de manera inmediata.
Urrutia dejó rápidamente en evidencia que no estaba de acuerdo:
—Bueno, por eso el tribunal ordenó que se realice la visita íntima y se adopten las medidas de seguridad para hacerlo en el venusterio que tiene la Penitenciaría o Santiago Uno (…) No es razonable la respuesta que Gendarmería está dando. Por lo tanto el tribunal sigue con la orden de que dentro los próximos días a partir del viernes pasado, se deba realizar la visita íntima de Leydi Nelly Martínez Moreno, siempre que ella quiera, obviamente, con el imputado Rafael Marín Vielma.
El magistrado no se detuvo ahí. Incluso, les hizo notar a Gendarmería que el tribunal corresponde a un Poder del Estado, a diferencia del organismo penitenciario que depende del Ejecutivo.
—Usted entenderá que el juez de Garantía lo que hace es controlar la actividad administrativa, esa es la función (…) Ese es el trabajo del tribunal, la fiscalización y el control de las actividades administrativas de Gendarmería. Por eso, este es un poder del estado y Gendarmería responde al Ministerio de Justicia.
Y sentenció:
—La diferencia es que las órdenes judiciales se cumplen. Si no quieren cumplirlas, ustedes se hacen cargo de no cumplirlas. Es su responsabilidad administrativa y jurisdiccional en su caso. Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo. Y si da lo mismo, mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran. Como este es un Estado de Derecho y este tribunal quiere creer que así es, el tribunal dentro de su jurisdicción hace sus órdenes, y las órdenes jurisdiccionales se cumplen.
En manos de la corte
Con todo, y buscando frenar las autorizaciones del juez Urrutia, Gendarmería decidió a comienzos de este mes acudir a una instancia superior. Lo hizo mediante la presentación de un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a Mega.
En efecto, la corte solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía el 5 de febrero evacuar un informe con todos los antecedentes del caso. Dicho documento nunca fue remitido.
En ese escenario, el martes recién pasado el tribunal de alzada capitalino resolvió pedir cuenta al tribunal de garantía, reiterando la necesidad de que se presente el informe, esta vez en un plazo máximo de dos días.
Así las cosas, el futuro de los reos que buscan poder concretar videollamadas o que esperan visitas íntimas está ahora en manos de la corte y no del juez Urrutia.
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