“Esta fiscalía (…) ha cerrado la presente investigación y ha decidido no perseverar”. Así versa el escrito presentado a fines de 2023, con el que la fiscal de alta complejidad, Rossana Folli, comunicó su decisión de no continuar la indagatoria en contra de las casas de apuesta ilegales.
A casi tres meses, la determinación aún levanta suspicacias. Y es que, a juicio de querellantes consultados por BBCL Investiga, llama la atención los argumentos esgrimidos por el organismo presidido por Ángel Valencia.
Según conoció este medio, Polla y otros interesados incluso han presentado reclamos formales ante el órgano persecutor para manifestar su disconformidad con la decisión de Folli. Esto, puesto que se dio justo luego de que la Corte Suprema declarara ilegal a las casas de apuesta y ordenara a operadoras de Internet bloquear sus dominios web.
Es más, poco antes de comunicar sus intenciones, la fiscalía había recibido del Servicio de Impuestos Internos (SII) antecedentes concretos, con nombres y apellidos, de quienes sirvieron de vínculo para que la industria pudiera operar en territorio criollo por fuera de la ley. Precisamente, fuentes cercanas a la indagatoria, destacan que la denuncia del servicio era apenas un punto de partida para conocer quiénes están detrás de las plataformas y comenzar a escudriñar en sus reales propietarios.
Los agentes
Entre esos “embajadores” figuran, por ejemplo, el lobista Carlos Baeza Guíñez. De acuerdo a un reportaje de BBCL Investiga, el asesor estrella de estas compañías percibió unos $1.000 millones de parte de Inversiones FCW Limitada. Esta última firma fue constituida originalmente en Chile bajo la razón social Latamwin SpA.
Entre sus actividades figuran reuniones con al menos 12 diputados y dos asesores parlamentarios. Todo ello, en el marco de los proyectos de ley para regular dicha industria y, además, para prohibir la publicidad de las plataformas en el deporte (ver “Lobby feroz” en el Congreso: los pagos por $1.000 millones de casa de apuestas a su asesor estrella).
A él se suman otros poderosos agentes del fútbol: Fernando Felicevich y su agencia Vibra, además de TVO Sports. Todos ellos sirvieron de nexo para firmar millonarios contratos entre las casas de apuesta y el balompié criollo.
Sin ir más lejos, TVO —también conocida como 1190 Sports— fue responsable de establecer nexos comerciales para que Betway se convirtiera en patrocinador oficial de al menos cinco clubes chilenos. Los mismos cinco se quedaron sin su sponsor tras la publicación de un extenso reportaje de la Unidad de Investigación de BioBioChile (ver Pactos del fútbol: los poderosos agentes en Chile de casa de apuestas multada por permitir lavado)
Nadie habla, negocio redondo
Pese a las solicitudes del SII y los querellantes para que Felicevich y el resto de involucrados entregaran testimonio ante la fiscalía, el único que alcanzó a prestar declaración en la indagatoria fue Baeza. Aunque, simplemente, no quiso hablar.
“En relación con lo que se me pregunta con las empresas Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, hago presente que toda la información que pudiera tener está bajo el resguardo del secreto profesional”, se limitó a decir ante el organismo persecutor.
Hay más. Al fallo de la Suprema y la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, los querellantes suman otro antecedente: la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de negar el sobreseimiento de uno de los implicados, Sebastián Salazar Bastidas. Este último, en una autodenuncia, dijo ser el dueño de EstelarBet.
Para los consultados por este medio, la decisión de la fiscalía es “incomprensible”, justamente porque el tribunal negó, de manera tajante, su salida de la causa.
La propia magistrada a cargo de la instancia deslizó la posibilidad de que —a través de estas plataformas— se estén cometiendo un cúmulo de ilícitos.
“Muy difícil”
De acuerdo a consultados por BBCL Investiga, la decisión de no perseverar provino de la Fiscalía Nacional, tras un informe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco), el que aún se mantiene “reservado”. Algo que fue descartado por el mandamás del organismo, Ángel Valencia, en una cita con Polla en diciembre recién pasado.
Quienes estuvieron presentes sostienen que el persecutor nacional esclareció que nadie de la FN había dado una orden en ese sentido.
Así, de acuerdo a fuentes de este medio, quien respaldó finalmente la decisión de Folli fue su superior, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Ella —aseguran— “supervisó” de cerca la indagatoria y llegó a la conclusión de que sus argumentos estaban lo suficientemente fundamentados para poner fin a las pesquisas.
Según los mismos consultados, —pese a las altas expectativas por esclarecer los reales dueños de las compañías— la determinación se debió al no poder acreditar un delito. Es decir, porque la recopilación de antecedentes en el extranjero resultaba “difícil” o incluso “imposible”.
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