¿Reciclaje en el Ministerio Público? Ex fiscales regionales Meléndez y Ayala asumen en nuevos puestos

Cuando Jorge Abbott dejó el cargo de fiscal nacional luego de cumplir la edad máxima para estar en el puesto, 75 años, quien lo sucedió fue la segunda antigüedad del Ministerio Público: el entonces fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Este último, dirigió la institución en calidad de subrogante por más de 3 meses hasta que Ángel Valencia, tras las caídas de José Morales y Marta Herrera, consiguió los votos en el Senado.

Meléndez, abogado de la Universidad Gabriela Mistral, es considerado un funcionario de carrera. Partió en el ente persecutor, en noviembre de 2004, como fiscal adjunto de Punta Arenas, para, tres años más tarde, asumir como fiscal jefe de la misma ciudad. En enero de 2010 dio un salto importante: se transformó en fiscal regional Magallanes y la Antártica Chilena, puesto que ocupó hasta el 2 de octubre de 2015.

Al día siguiente, es decir, el 3 de octubre de 2015, asumió como fiscal regional de Los Ríos, luego de ser elegido por Sabas Chahuán desde una terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. En lo formal, la ley orgánica del Ministerio Público señala que “los fiscales regionales durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como tales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público”.

No obstante, una de las críticas internas y externas que ha recibido la institución encargada de perseguir delitos son las llamadas “sillas musicales”. Esto, en la práctica, ha significado que un fiscal regional antes de terminar su periodo de ocho años renuncie al cargo para postular a otra región del país. Y ser elegido. Eso en la primera línea. Pero también hay fiscales regionales que recalan en puestos de bajo nivel de exposición tras terminar su ciclo. Una especie de reciclaje.

Juan Agustín Meléndez, sin ir más lejos, luego de finalizar su segundo periodo como fiscal regional, el pasado 3 de octubre, se transformó en el nuevo jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía Regional del Bío Bío, que dirige Marcela Cartagena. “Juan Agustín Meléndez Duplaquet se desempeña como jefe de la Unidad de Recursos Humanos (…) desde el 3 de octubre del presente año, ocupando el cargo que quedó vacante con fecha de septiembre de 2023”, explicaron desde la Fiscalía Regional del Bío Bío.

Y agregaron: “Los cargos de jefe de Unidad conforme a nuestro ordenamiento (…) son de exclusiva confianza del fiscal regional. Los antecedentes que se tuvieron en consideración son su experiencia y competencias para ejercer el cargo y en forma muy especial el conocimiento de la institución y sus particularidades, habiéndose desempeñado como fiscal adjunto, fiscal jefe y fiscal regional en dos regiones”.

El caso de Ayala

Pero no solo Meléndez siguió en el Ministerio Público. También está el caso de un histórico: el ex fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala. El abogado de la Universidad de Chile ingresó al ente persecutor en el año 2000 como fiscal regional de Antofagasta y, desde ese momento, solo ha sido fiscal regional, pero en diferentes regiones del país, cuestión que le ha significado críticas por la llamada “silla musical”.

En 2007, desde el norte del país, Ayala migró a la región de los Lagos como nuevo fiscal regional de la zona, cargo que ocupó hasta el 2011. Este último año, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán lo eligió como fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, asiento que ocupó hasta el 2015, es decir, por cuatro años. Pero eso no es todo. Ese mismo 2015 volvió al norte como fiscal regional de Antofagasta, cerrando el ciclo el pasado 10 de octubre de 2023 tras ocho años.

Pero lejos de terminar su paso por la institución, en la que acumula más de 20 años, Alberto Ayala ahora es “abogado asesor en calidad de honorario” de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que dirige Xavier Armendáriz. Desde la mencionada fiscalía señalaron que la contratación de Ayala responde “considerando los 20 años de experiencia en el ente persecutor”.

Asimismo, destacaron “su amplio conocimiento de la justicia penal, del área de persecución penal, de áreas administrativas de trabajo interno, y también el conocimiento del sistema judicial en su conjunto, como también del trabajo que se realiza con las policías”.

¿Qué hacer con los fiscales regionales?

En conversación con Radio Bío Bío, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, señala que, como gremio, han “planteado que, respecto de los fiscales regionales, que sean fiscales de carrera, una vez terminado su periodo de ocho años vuelvan a su cargo de origen, de fiscal adjunto. Esto es una cuestión, que, incluso, está consignada en el proyecto constitucional actual y ha sido recogido por el Consejo, como también fue recogido por la Convención Constitucional en el primer proceso constituyente”.

El persecutor Centro Norte explica que “en general, la ley, en primer lugar, no prohíbe que personas que hayan sido ex fiscales regionales puedan ocupar otro tipo de cargos”. Y profundiza: “Lo que establece la ley orgánica es la prohibición de que vuelvan a ser fiscales regionales en el periodo inmediatamente siguiente. Sin embargo, como se sabe, la misma Contraloría señaló que esa norma debía interpretarse restrictivamente y no se refería a otras fiscalías regionales”.

La Asociación Nacional de Fiscales, dice su presidente, ha sido “crítica de esa postura, y por eso ha sido absolutamente contraria a lo que se denomina la práctica de las ‘sillas musicales’. En términos más generales y estructurales, nosotros hemos instado porque el proceso de formación y reclutamiento del Ministerio Público en general, de las fiscalías regionales, y la Fiscalía Nacional, sea un proceso más transparente, más estandarizado y más exigente”.

Bajo ese contexto, el fiscal Bravo dice que lo que han planteado es “la creación de una academia o una escuela de formación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, de tal manera que en el acceso haya una barrera de exigencia alta, precedida de un proceso de formación exigente como lo es, por ejemplo, respecto de los jueces en el Poder Judicial que tienen un periodo de capacitación no inferior a siete meses”.

Por último, sostiene que “es necesario que el Ministerio Público establezca un mecanismo y una orgánica, una estructura, de formación que implique que los mejores y las mejores puedan llegar a la fiscalía. En este sentido, eso permitiría echar abajo todas aquellos cuestionamientos que se pueden hacer a los procesos en cada fiscalía regional, que además son distintos. Los procesos de selección y reclutamiento en las fiscalías regionales no son similares; las entrevistas, muchas veces, las pruebas, son diversas, pero además se da espacio a la discrecionalidad o incluso, derechamente, a la arbitrariedad”.