Tras una serie de conversaciones, reuniones e intentos frustrados con Google por obtener la información desagregada de la propaganda del plebiscito de salida, el Servicio Electoral (Servel) finalmente perdió la paciencia y se inclinó por iniciar un proceso sancionatorio contra la gigante tecnológica.
Desde la entidad pública les solicitaron la información relativa a las contrataciones de propaganda electoral mediante su plataforma, así como la identificación de los contratantes para efectuar las acciones de fiscalización respecto al plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, donde el Rechazo tuvo una victoria aplastante con el 61% de los votos.
Según se especifica en la normativa, todos los proveedores de medios digitales deben informar de manera exhaustiva sobre las contrataciones realizadas, incluyendo la identificación de la entidad y el monto involucrado, sin que sea válido proporcionar información parcial o incompleta. En el contexto del plebiscito de salida, todas las plataformas con propaganda electoral fueron requeridas por el Servel.
Por ejemplo, la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), uno de los principales competidores de Google en el rubro tecnológico, cuenta con una biblioteca de anuncios de acceso libre, que permitió dar respuesta a los requerimientos normativos del Servicio Electoral.
Multa “máxima”
Ante el incumplimiento, la ley otorga al Servel la facultad de aplicar a un infractor una multa entre 10 y 100 UTM. Es decir, entre $630 mil y $6,3 millones.
En este caso, tras iniciar el proceso sancionatorio el 4 de noviembre de 2022, resolvieron aplicar la multa máxima, las 100 UTM, por “no informar la identidad de los contratantes y los montos involucrados de las personas o entidades que hayan contratado propaganda electoral para el plebiscito de salida, en la forma y plazos señalados por el Servicio Electoral”.
Sin embargo, la sanción no hace mella alguna en una empresa del tamaño de Google, que declaró ganancias por 74.600 millones de dólares en el último trimestre. En la práctica, ganan 7.500 millones de pesos chilenos por segundo: es decir, la multa la pueden pagar con las ganancias obtenidas en 1,1 milésima de segundo.
Según explicó el Servel a BBCL Investiga, a la fecha la multa ya “está a firme y ejecutoriada, sin reclamación ante el Tribunal Calificador Electoral y fue remitida a la Tesorería General de la Republica el 5 de agosto de 2023, para proceder a la recaudación o cobranza en caso de no pago”.
Conversaciones fallidas
Según se detalla en la resolución del Servel, los acercamientos iniciaron incluso antes del plebiscito, en mayo de 2022. La primera reunión se concretó la última semana de ese mes, donde Google explicó que “el proceso de contratación de publicidad se realiza directamente en Estados Unidos, por lo que Google Chile no tenía acceso directo a dicha información”. Por esa razón, se comprometieron a realizar las averiguaciones pertinentes.
A inicios de junio Servel envió oficialmente un oficio y, 37 días hábiles más tarde, en agosto, el abogado de Google Rodrigo Lavados informó que “debido a ciertas cuestiones técnicas de la plataforma mundial de Google LLC, se dificultaría producir la reportería de la información en los términos solicitados”.
En una segunda reunión, la tecnológica manifestó problemas para entregar la información, entre otras razones, debido al resguardo de la identidad de las personas, comprometiendo el acceso con la condición de omitir datos personales.
Al fines de agosto, finalmente entregaron al Servel un listado de entidades que efectuaron publicidad mediante sus plataformas, sin embargo, el abogado precisó algunas limitaciones en la búsqueda y para calcular el gasto específico respecto de anuncios plebiscitarios, lo que “requiere mayor tiempo y estaría propenso a errores”.
Si bien Google dejó la puerta abierta para seguir conversando y remitir más información conforme la fueran recibiendo, Servel consideró que la falta de información ameritaba una sanción, por lo que abrió el proceso en noviembre del año pasado.
“Promesas y excusas”
El proceso siguió su curso hasta el pasado 5 de agosto, cuando la sanción quedó ejecutoriada, es decir, sin chances de apelaciones ni cambios.
A fines de noviembre Google emitió sus descargos, donde pedían considerar como completa la información entregada o, en caso contrario, aplicar la mínima multa posible considerando la irreprochable conducta anterior del infractor.
Con todo, el proceso fue cerrado del pasado 23 de mayo y la sanción fue confirmada a inicios de julio, considerando que “la empresa tiene los recursos y las capacidades tecnológicas para desarrollar e implementar herramientas sofisticadas de clasificación de información y análisis de datos”.
En ese contexto, Servel cuestionó que no se identificó “ningún esfuerzo significativo o efectivo por parte de Google LLC para cumplir con sus obligaciones, más allá de lo que parecen ser promesas, excusas para su incumplimiento, o en el mejor de los casos remisión de antecedentes infructuoso”.
Nuevo sistema
Consultados por BioBioChile sobre esta infracción, desde Google indicaron que están “comprometidos a apoyar la integridad electoral y la transparencia en publicidad y cooperamos con la investigación del Servel en relación a los contratos para propaganda en el contexto del plebiscito del pasado 4 de septiembre de 2022”.
En tanto, subrayaron que, “en el momento en el que se desarrolló la investigación, hicimos llegar en tiempo y forma toda la información de la que disponíamos en nuestros sistemas”.
Asimismo, explicaron que están trabajando para tener mejor información en el futuro: “Actualmente, nos encontramos desplegando un sistema que permitirá que los usuarios puedan acceder a información desagregada sobre anuncios relativos a campañas políticas”.
Al margen, desde Google precisaron que -a la fecha- la multa está en proceso de pago desde Estados Unidos.
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