Se registraron los primeros movimientos en la causa. Tras una solicitud presentada por la Fiscalía Centro Norte a fines de la semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán, entregar la información sobre el funcionamiento del algoritmo del PJUD.

Lo anterior, en el contexto de las sospechas de sabotaje informático manifestadas por los empresarios Manuel Cruzat Infante y Jorge Said Yarur respecto del sistema automático de asignación de distribución de causas, existente en el sistema de tramitaciones de causas civiles (SITCI) de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En concreto, el tribunal otorgó el viernes pasado un plazo de 72 horas para la respuesta, luego que fiscalía acusara en su requerimiento que la CAPJ ha ignorado sus requerimientos por más de 6 meses, desde el 28 de febrero pasado, y pese a reiteradas insistencias en dicho periodo.

Por tanto, deberán entregar “bajo apercibimiento de arresto” de su director los datos técnicos relacionados al procedimiento de asignación de las causas de la quiebra de Curauma (Cruzat) y la insolvencia trasnacional de Latam (Said).

Dicha información deberá ser entregada a la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, y a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, según resolvió el pasado viernes la jueza del mencionado tribunal, Pilar Ahumada.

Las sospechas

Cruzat, en primer lugar, y Said después, sospechan de tres coincidencias entre la causas de Curauma y Latam: ambos son casos de alta connotación pública; fueron vistos por el mismo tribunal; y con los mismos abogados, Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, del estudio Claro & Cía. Ambos juristas representaron los intereses de LATAM y, en la quiebra de Cuarauma representaron los intereses de Euroamérica Seguros de Vida.

Cruzat plantea que el sistema de distribución de causas, en la quiebra de Curauma S.A. y en la designación del tribunal para la Insolvencia Transnacional de LATAM, no cumplió con los protocolos previstos, puesto que ambas recayeron en el 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que -según los criterios fijados por el Poder Judicial- deberían haber sido revisadas por el 6° Juzgado Civil y 15° Juzgado Civil respectivamente.

Así lo explica Cruzat en una querella por delitos informáticos presentada en noviembre pasado, a la cual se plegó posteriormente Said, ambas patrocinadas por el exfiscal nacional Sabas Chahuán y la abogada Jesica Torres.

Las dos presentaciones enfatizan el mismo punto: la posibilidad de que ambas causas independientes derivaran al mismo tribunal es de 1,75 en 1.000. Es decir, el equivalente a obtener una sola carta específica en una baraja de 571 que no se repiten. Aquello los llevó a pedir información respecto de la forma en que se llegaron a distribuir estas causas ante el 2° Juzgado Civil de Santiago.

Solicitudes ignoradas

Así, el fiscal Jaime Retamal inició las pesquisas que incluyeron al menos cuatro solicitudes de información a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En ninguna de ellas obtuvo una respuesta del presidente del organismo.

Tras los reiterados oficios sin una contestación, el persecutor decidió este viernes ingresar un nuevo escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía para que esta vez sea el tribunal el que exija la entrega de los antecedentes solicitados.

“El requerimiento de información sobre el sistema automático de asignación de distribución de causas, en las causas precisadas, resulta absolutamente relevante para fines investigativos de esclarecimiento en la presente causa, no existiendo motivo legal para negar a su acceso al organismo público encargado de la investigación penal”, reza el documento.

De acuerdo al mismo texto, la primera solicitud a la CAPJ ocurrió el 28 de febrero de 2023, la que no fue contestada en cuatro meses. Ello dio paso a una seguidilla de requerimientos fechados el 6 de junio, el 8 de julio y el 17 de ese mismo mes. Recién el 18 de julio el Ministerio Público tuvo su primera respuesta: “Documento ingresado, adjuntado y despachado a jurídica”.

Desde entonces no han recibido novedades.

¿Justicia en jaque?

Jesica Torres, la abogada de los denunciantes, enfatizó en un primer artículo de BBCL Investiga que “este tema es tremendamente importante y grave. Merece un estudio y una investigación exhaustiva. Ponen en jaque la funcionalidad y el cumplimiento de los estándares mínimos de justicia que toda democracia debe tener, como es el garantizar que todos los ciudadanos tendrán derecho a un juez imparcial y justo y no a uno escogido a dedo, no a uno que pueda incluso ser comprado”.

En específico, subrayó que “tiene que haber una investigación para que esto se aclare. No puede ser que en este país se permita que las personas puedan escoger el tribunal que más le convenga, por razones, insisto, ya sea de amiguismo o razones puramente corruptas. Cualquiera sea la causa, el hecho en sí es grave y las autoridades están llamadas a investigar profundamente y colaborar con esta investigación y esclarecerla a fondo”.

En tanto, Cristóbal Eyzaguirre, uno de los abogados aludidos, se defendió de las acusaciones: “Este es un tema viejo. Y que no tiene sentido alguno”, aseguró.

A su parecer, “el sistema de distribución no lo puede intervenir nadie” y “si alguien quisiera poder elegir un tribunal, lo haría pensando en que el juez del mismo le podría ser favorable. No por mera coincidencia del número del tribunal”.