“Chile vota informado”. Así fue como tituló el Gobierno de Gabriel Boric la campaña informativa de cara al plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre de 2022, donde la opción rechazo se impuso de forma categórica al apruebo. Proceso que no estuvo exento de polémicas por el rol que jugaron las autoridades del Ejecutivo en torno a la consulta.
Críticas desde la oposición que llegaron a oídos de la Contraloría General de la República (CGR). Y es que los diputados José Meza (PR), Mauricio Ojeda, Cristián Araya (PR) y Benjamín Moreno (PR) denunciaron ante el ente de control presuntas irregularidades en torno a la adquisición de los servicios de publicidad que el Ejecutivo contrató para dar a conocer el contenido de la propuesta.
Pues bien, el pasado 6 de septiembre la CGR evacuó el Informe Final Nº112/2023 con las conclusiones al tenor de dichas denuncias. El documento examinó tres “principales adquisiciones realizadas mediante los respectivos procesos licitatorios”. Uno de ellos, por ejemplo, la compra de ejemplares de nueva Constitución que fueron repartidos a la ciudadanía.
Resultados
“La campaña comunicacional para el plebiscito 2022 denominada ‘Chile Vota Informado’ incluyó la adquisición de 1.276.400 ejemplares de texto de la propuesta de la nueva Constitución, por un total de $870.489.147”, consigna el informe. De estas, 900.000 libros fueron adquiridos por la Segpres y 376.400 por la Segegob. “En cuanto a este proceso, no existieron observaciones que formular”, concluyó la CGR.
Dichos ejemplares fueron “distribuidos a la ciudadanía y organizaciones sociales a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de la Segegob, actividad respecto de la cual esta Entidad de Control revisó a seis de sus Seremi de Gobierno”. Fue en este punto donde se “constataron” “irregularidades” que vulneraron los “principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos”.
Por ejemplo, se identificaron “mermas por ejemplares defectuosos que no habían sido entregados a la ciudadanía; b) diferencias entre el número de ejemplares indicado en las actas de entrega (…) y el documento de respaldo firmado por cada representante de la institución; c) actas con datos personales del representante de la institución receptora”, cuando esta “no debía ser consignada en esos documentos, según se estableció en la circular N° 112/7, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio Secretaría General de Gobierno”.
Empresas
El documento, de 69 páginas, dentro de sus principales resultados también hace mención a dos servicios de campañas comunicaciones que fueron adjudicadas por el Ejecutivo a las firmas “McCann Erikson S.A.” e “I-Group Comunicación Publicitaria SpA”. La primera se ganó la licitación “Concepto creativo y producción audiovisual para el plebiscito constitucional 2022”, con el fin de generar una campaña a “nivel nacional” en las distintas plataformas informativas.
Al respecto, “se determinó que la entidad auditada efectuó un aumento de aquel contrato por $74.625.138, correspondiente a un 30% del valor original. Tal incremento se fundamenta en la necesidad del desarrollo de 3 piezas audiovisuales adicionales, para transmitir la importancia del voto para personas residentes en zonas extremas del país, lo cual se filmaría en locaciones de las regiones de Arica y Parinacota y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”, señala el texto.
Pese a lo anterior, los “productos que el proveedor entregó con cargo a ese incremento consistieron en 1 spot de zonas extremas -de un total de 3 comprometidos-, así como 19 archivos mp4 con videos de animación del texto de la propuesta de nueva Constitución que fueron presentados en pantallas digitales en algunas estaciones del Metro de Santiago”. Dicho material, a juicio de la CGR, no tiene “relación con los fundamentos enunciados en el acto administrativo que aprobó el incremento de contrato ni con los informes técnicos que lo fundamentaron”.
De la misma forma, se analizó la licitación llamada “Plan de medios para la campaña plebiscito constitucional 2022 voto informado”, adjudicada a I-Group Comunicación Publicitaria SpA por un “monto de $725.095.542”, la que apuntaba a la “creación y ejecución de un plan de medios a nivel nacional para informar al electorado sobre le proceso de votación obligatoria”.
Bajo este contexto, se detectó que “la citada firma incluyó entre los respaldos para el pago de las actividades la adquisición de 20.000 ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, para ser distribuidos en las zonas extremas del país, por un valor de $30.910.200”.
No obstante, la CGR determinó que “ese gasto no debió ser imputado a este contrato, por cuando su objeto era crear un plan para informar al electorado respecto del proceso de votación obligatoria y no la entrega misma de tales textos. Además, considerando que estos últimos fueron objeto de otros contratos celebrados, mediante los cuales se adquirieron 1.276.400 ejemplares distribuidos en todo el país”.
Así también, la auditoría echó por tierra presuntos traspasos de dinero desde la Segegob a otras reparticiones públicas o ministerios. “No se evidenciaron transferencias de recursos para la campaña en análisis a otras reparticiones públicas, por lo que no existen observaciones que formular respecto a esta materia”, dice el documento.
La ministra de la cartera, Camila Vallejo, esta mañana reaccionó a los resultados del Informe Final a través de su cuenta de X -ex Twitter-. Al respecto dijo que “recibimos el Informe Final de la Contraloría General de la República, que contiene los resultados sobre uso de recursos públicos asociado a la Campaña Chile Vota Informado, donde se constata que no existen faltas a la probidad”.
Y agregó que “seguiremos trabajando activamente, ejerciendo el rol que tenemos como ministerio de informar a la ciudadanía, acogiendo las observaciones para este nuevo plebiscito de salida”. Casi dos horas después, la vocera admitió por la misma red social que “ciertos errores administrativos detectados están siendo investigados y serán informados a Contraloría oportunamente. Así construimos un mejor Estado y robustecemos la administración pública”.
Fuentes de Palacio explicaron a La Radio que lo importante del informe es que no hay faltas a la probidad y que tampoco se evidenció un uso indebido de recursos públicos. Y que al final lo que describe el documento son “errores” administrativos que actualmente son parte de un sumario administrativo en curso.