El pasado miércoles 5 de julio el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información dio a conocer los nombres de los integrantes de la “Comisión Asesora contra la Desinformación”, la cual tendrá como objetivo “asesorar” a los ministros de Ciencia y Secretaría General de Gobierno en “los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.

Se trata de nueve expertos, según informó el Gobierno, los cuales provienen de la “academia, de la sociedad civil vinculados al análisis de la desinformación y de fact checking” que sesionarán durante “un plazo máximo de un año y emitirán dos informes sobre diagnóstico de este fenómeno”. Una de las elegidas fue la periodista y licenciada en Comunicación Social Patricia Peña Miranda, directora de la Fundación Datos Protegidos (FDP).

Dicha institución, fundada en febrero de 2015 por la abogada Jessica Matus Arenas, fue denunciada por tres ex funcionarios, dos de ellos ex directores, ante la Unidad de Fiscalización de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en mayo de 2022. En concreto, se solicitó una fiscalización y auditoría por presuntas “irregularidades”.

Lo anterior, ya que los ex funcionarios acusaron a Matus, quien “ha estado a cargo de la Fundación de manera exclusiva y excluyente”, de negarse “de manera persistente a dar cuenta de su administración y en especial de los gastos no aprobados e injustificados, así como de las sumas utilizadas para saldar dichos gastos”.

El documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, señala que “en junio de 2022 Jessica Matus Arenas solicitó al directorio de la Fundación someter a aprobación el balance de cuentas del año 2020. Luego de la revisión del balance, Valentina Camilla Araya, entonces periodista y empleada de la Fundación, dio a conocer al directorio que su remuneración había sido reducida en marzo del año anterior en más de un 16% por decisión unilateral de Jessica Matus Arenas y sin previo aviso”.

El motivo del recorte salarial, según el escrito, se dio “supuestamente” por el “cambio en la modalidad de trabajo (a teletrabajo) debido a la situación de pandemia por Covid-19 y debido a que la Fundación no tendría los recursos para continuar pagando dicho monto”. Pese a la disminución, de $300 mil a $250 mil, el trabajo de la periodista Valentina Camilla “no disminuyó, sino por el contrario era la principal trabajadora de la Fundación”.

Situación financiera

Al percatarse que la “realidad financiera de la Fundación no se ajustaba a los motivos por los que se le bajó el sueldo”, Valentina Camilla renunció a Datos Protegidos. Los tres ex funcionarios detallaron en la solicitud que “los ingresos de la Fundación no se vieron afectados de ninguna manera por la situación de pandemia, por lo que -en opinión de algunos de sus directores- la decisión unilateral de Jessica Matus de reducir la remuneración de Valentina Camilla no encontraba justificación”.

Luego de la renuncia de la comunicadora, y “tras constatar en el balance del año 2020 la existencia de diversos gastos que no habían sido acordados por el directorio y además resultaban injustificados (dada la modalidad de trabajo telemática), en una sesión de directorio realizada vía telemática de fecha 30 de julio de 2021 se acordó solicitar la exhibición de las cartolas bancarias y flujos bancarios desde el mes de agosto de 2019 en adelante de la Fundación”.

Pese a la intención de los entonces directivos, “cada una de las solicitudes en la que se requirió transparencia en la administración de los recursos de la Fundación, e insistiendo en la exhibición de las cartolas fueron denegadas o simplemente ignoradas”. Entre los gastos “injustificados” que se encontraron en el balance del 2020 está el “arriendo de la oficina”. Esto, a juicio de los denunciantes, resulta “injustificado toda vez que la modalidad de trabajo pasó a ser 100% online para todos los miembros de la Fundación”.

La duda estaba radicada en que “las dependencias que se utilizaban como oficina correspondía al departamento particular donde habitaba la señora Jessica Matus, el que además fue arrendado al poco tiempo de iniciarse la pandemia”. Además de esto, en el documento se consigna que “mientras el departamento de propiedad de Jessica Matus servía de oficina, uno de sus espacios fue subarrendado a una tercera persona sin que los ingresos generados por dicho arriendo fueran considerados como ingresos de la Fundación”.

Gastos injustificados

No solo el gasto en arriendo llamó la atención de los ex funcionarios. Esto porque en el balance del año 2020 se encontraron “gastos que tampoco habían sido aprobados”, como, por ejemplo, el pago de “telefonía e internet; ascendiente a la suma de $385.225”, “gastos comunes por pagar del inmueble de la señora Matus; ascendiente a la suma de $424.612”, “servicios dirección ejecutiva; ascendente a la suma de $2.352.942”, y “servicios de aseo del inmueble de la señora Matus; ascendiente a la suma de $1.150.000”.

Estos gastos, para los ex miembros de Datos Protegidos, “se encontraban injustificados e iban en directo beneficio personal de la señora Matus, jamás se dio cuenta al directorio de los comprobantes de los mismos, ni tampoco de los estados financieros de la Fundación, con sus justificantes ni comprobantes que pudieran confirmar la razonabilidad de los montos mencionados”. Dicha situación, continuaron, derivó “en nuestra negativa a aprobar el balance correspondiente al año 2020, en nuestra calidad de directores de la organización”.

A raíz de las presuntas “irregularidades” que constataron los ex funcionarios, estos “exigieron en diversas ocasiones tanto a su presidenta Patricia Peña Miranda, como a la tesorera -y fundadora- señora Jessica Matus Arenas aclarar los gastos no aprobados en el balance por el directorio, provocando un un ambiente hostil para con los directores que exigían mayor transparencia, lo que se tradujo en bloqueo de información, cierre de acceso a las cuentas de redes sociales de la organización no pudiendo efectuar el trabajo que se les había encomendado en su calidad de directores”.

Finalmente, tras varias solicitudes de “exhibición de las cartolas bancarias de la Fundación” realizadas por los entonces directivos, la “señora Matus optó por no renovar su membresía en el directorio, forzando así la salida de ambos. Para poder realizar lo anterior, Jessica Matus Arenas y Patricia Peña Miranda, no dieron cumplimiento al artículo décimo de los estatutos, de modo que sin citación de directorio se designó nuevo directorio y no se renovó al directorio que conforme al artículo séptimo se encontraba aún vigente al ser renovado tácitamente”.

La respuesta de Datos Protegidos

Si la solicitud de fiscalización ingresó al Ministerio de Justicia el 24 de mayo de 2022, dos meses y cinco días después ingresó el informe de la Fundación Datos Protegidos frente al requerimiento realizado por Justicia. Fue la propia Patricia Peña Miranda quien firmó el escrito de 12 páginas al que tuvo acceso Radio Bío Bío y que cuenta con el timbre de la oficina de partes del citado ministerio.

En el texto señalaron que “respecto del primer requerimiento, hacemos presente que no existen modificaciones de los estatutos que informar conforme a los artículos 548 y 558 del Código Civil. En específico, hacemos presente que, como es usual, la composición del directorio, su renovación o nombramiento, han sido realizadas conforme a lo establecido en los estatutos, los cuales fueron previamente autorizados y visados al momento de la constitución”.

Asimismo, transparentaron las “memorias de actividades y balances de los años 2015 a 2021, junto con las correspondientes actas en las cuales se aprueban memorias y balances para los mismos periodos ya señalados”. Y agregaron que “las citaciones para la realización de dichos directivos, así como los correspondientes quórums no fueron obtenidos, o de obtenerse, no validaron sino hasta el día de hoy las memorias y balances requeridos”.

En el informe enviado al jefe del Departamento de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar Muñoz, también transparentaron las “actas de las sesiones en las cuales se llevaron a cabo las elecciones de directorio para los últimos tres periodos”. Una de ellas, la última sesión de directorio, de enero de 2022, donde “se procedió a la elección del nuevo directorio para el periodo 18 de enero de 2022 a 17 de enero 2023, y en el cual se designaron las nuevas directoras”.

En este punto agregaron que “es importante señalar que el directorio vigente para el periodo inmediatamente anterior debía ser confirmado expresamente en la sesión ordinaria siguiente al cumplimiento del plazo, circunstancia que no se verificó”. De la misma forma, agregaron que se “comunicó a los ex directores” la “circunstancia de no existir renovación en sus cargos”.

Dicha comunicación por correo electrónico, según expuso Peña Miranda, “en caso alguno fue realizada fuera del ámbito de las normas provistas por los mismos estatutos (…) Es más, como se señaló anteriormente, la renovación en sus cargos requería una voluntad expresa en dicho sentido, lo cual no sucedió”. Pero hay más. También fueron copiadas las “actas de sesiones de constitución de directorio, con la designación o elección de las autoridades o cargos de 2018 a la fecha”.

Fundación Datos Protegidos, además, hizo presente que “la totalidad de las operaciones y actividades que (…) lleva adelante se realiza con cargo a fondos concursables y/o donaciones, las cuales se encuentran sujetas a estrictos controles no sólo respecto de la autoridad, sino que adicionalmente de los organismos y/o instituciones que patrocinan nuestros programas de investigación, y muy particularmente respecto de los controles que la propia administración, directores, y directorio realizan”.

Lo anterior, siguieron, “no es baladí”. Esto porque “en los ya casi 7 (siete) años de existencia de Fundación Datos Protegidos, jamás ha sido objeto de una observación o acusación por manejos fuera de norma”. Asimismo, también hicieron presente que la fundación “solicitó la realización de una auditoría preventiva externa a los estados financieros de los años 2020 y 2021, con ocasión de la renovación del directorio para el periodo 2022-2023, es decir, anterior a esta denuncia, auditoría que no arrojó diferencias o contingencias”.

A entender de la fundación, dicha denuncia “tiene un claro sesgo personal y personalista en contra de la directora Jessica Matus, por cuanto asocia a su persona roles y cargos que ésta no posee, o no ejerce, por cuanto el manejo y representación de la Fundación se realiza por parte de otra persona, y sin perjuicio de ello bajo el control y conocimiento del resto de los directores”.

Y agregaron que la denuncia afirma “sin prueba ni respaldo concreto una serie de operaciones tendientes a afirmar supuestos desvíos de fondos, afirmaciones que por lo demás son incomprobables, al tiempo que al menos dos de los denunciantes se desligan de sus roles y responsabilidades como directores salientes de la Fundación”.

A la falta de evidencia y al sesgo personal, el informe señala que “no hay respaldo de los hechos denunciados, sino sólo conjeturas. Los montos cuyas observaciones se plantean, además de constituir importes menores, fueron pagos realizados a los propios denunciantes. Del mismo modo, los montos que supuestamente fundamentarían la desviación de fondos, y el eventual aprovechamiento de los mismos, son menores respecto del grueso de operaciones realizadas por FDP”.

Respecto a la oficina de la “directora Jessica Matus”, informaron que “conforme al acta de fecha 3 de enero de 2019, el directorio acordó que FDP terminara el contrato de arriendo de las oficinas ubicadas en Providencia, domicilio hasta ese momento de mi representada, y se trasladara al inmueble de propiedades de la fundadora Jessica Matu”. Fue la propia Matus quien “ofreció en comodato algunas de las dependencias, y no toda la oficina, a fin de ser utilizada por la Fundación”.

Bajo ese escenario, aclararon que “nunca se ha pagado por concepto de arriendo o no considerados en el acuerdo, como la respectiva proporción de los gastos comunes y el pago de telefonía e internet”. Sobre el pago del servicio de aseo, señalaron que se le siguió pagando la suma de 100 mil pesos a la “señora que realizaba dichas labores de limpieza, a pesar de no poder asistir, como una medida de apoyo por la situación económica atravesada por las familias”.

Consultada por Radio Bío Bío, Patricia Peña Miranda dijo que “la fundación ha entregado todos los antecedentes solicitados por el ministerio de acuerdo a como estaba establecido en su solicitud, eso tiene que ver con estados contables, con informes de auditoría externa, y que estamos a la espera, ojalá prontamente de una respuesta”.

En trámite y el silencio de Ciencias

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalaron, tras las consultas de Radio Bío Bío, que “el procedimiento se inició el día 24 de mayo de 2022, en virtud de una presentación de fecha 23 de mayo de ese mismo año (…) respecto de eventuales irregularidades en la administración del patrimonio y dinero de esa entidad y negativa de la directiva en rendir los gastos incurridos por esa Fundación”.

A renglón seguido, mencionaron que “se procedió a fiscalizar a la entidad. Lo anterior, por aplicación de normas contenidas en el Título XXIII del Libro Primero del Código Civil, para lo cual se requieren antecedentes contables relacionados con su funcionamiento, cumplimiento de su objeto social, régimen de ingresos y gastos en la entidad (…) Además, se solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, información acerca de la vigencia de esta entidad y de su directorio”.

Sobre el estado del caso, informaron que “el mencionado procedimiento se encuentra en ejecución, específicamente, en su etapa final a efectos de evaluar la dictación de instrucciones o cierre del procedimiento. Se encuentra pendiente un informe financiero-contable, que debiese ser evacuado en el transcurso de la próxima semana”.

Un dato de la causa es que Jessica Matus Arenas trabajó entre junio de 2020 y junio de 2021, es decir, un año, en el estudio jurídico FerradaNehme como directora del Área de Tecnologías. Mismo bufete en el que se desempeñó el actual titular de Justicia, Luis Cordero Vega. Será su ministerio, entonces, quien deberá decidir el destino de dicha presentación ante la Unidad de Fiscalización de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.

En tanto, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información, señalaron que “no nos corresponde inmiscuirnos en investigaciones de carácter reservado y que se encuentran en curso”. Asimismo, agregaron que “cada comisionado y comisionada fue elegido y elegida para incorporarse a una comisión eminentemente científica, por las credenciales académicas y profesionales que ostentan, y para debatir e informar sobre una materia bien concreta, como es el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales”.