La Contraloría cuestionó la contratación -vía trato directo- de la comediante Natalia Valdebenito para un show de la Municipalidad de San Miguel.
La información consta en un pronunciamiento del organismo fiscalizador, en el que advierte que al momento de formalizar el vínculo no constan argumentos para “requerir, única y exclusivamente dicha actuación, en desmedro de otros espectáculos que pudieran ser de similares características”.
En buenas cuentas, la contratación corresponde a un show de su stand up comedy, denominado “Fea”, con el que la Corporación Municipal buscaba dar un cierre al mes del día de la mujer, el 31 de marzo recién pasado. En total, la institución desembolsó $9,5 millones por el espectáculo en la plaza de la comuna.
A juicio de la Contraloría, resulta “insuficiente la mera alusión” del trato directo, lo que -añade el informe- provocó un incumplimiento de la normativa vigente.
De este modo, el ente ordenó a la corporación “adoptar las medidas que resulten necesarias, a fin de que, en lo sucesivo, los procesos de adquisiciones que lleve a cabo cumplen a cabalidad con la respectiva preceptiva regulatoria”.
Descarta injerencia de madre
De acuerdo a lo estipulado en el documento, el pronunciamiento de la Contraloría se da luego de sendas denuncias con reserva de identidad. En ellas, se cuestionaba que la madre de la comediante era justamente funcionaria del municipio aludido.
Pese a ello, el organismo estimó que la familiar de Valdebenito no ejerce un cargo directivo en la Corporación Municipal. De este modo -añade el escrito- no se configura algún tipo de injerencia irregular en la contratación. Algo que también fue ratificado por la madre de la artista cuando fue requerida por la Contraloría.
“Puntualizó que no tuvo injerencia alguna en la mentada contratación, por cuanto el espectáculo fue cotizado y adquirido por la anotada corporación, razón por la cual no es posible vislumbrar incompatibilidad o inhabilidad alguna”, reza el documento.
Requerida en el transcurso de la fiscalización, la alcaldesa Érika Martínez (Convergencia Social), en tanto, sostuvo que la decisión fue precisamente de la Corporación, “siendo la contratación en comento efectuada por esa última entidad de derecho privado”.