Una controvertida decisión del alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), llamó la atención en los últimos días, particularmente por el timing: resolvió terminar un acuerdo protransparencia con Contraloría en medio del último tramo para adjudicar una millonaria licitación que permitirá el recambio de luminarias led en la capital de Ñuble.
En abril de 2022, la Contraloría Regional de Ñuble y la comuna firmaron un convenio de colaboración -precisamente a petición del jefe comunal- para la revisión jurídica de los procesos, en particular respecto a las licitaciones de gran envergadura.
Sin embargo, la polémica inició en mayo pasado, cuando Benavente decidió unilateralmente cancelar el trato, el que oficialmente fue dado de baja el viernes 16 de junio recién pasado.
No se trata de un asunto baladí, en especial por el pasado reciente de dicha comuna, que fue una de las que hizo estallar la trama de corrupción del caso LED, durante la administración anterior, de Sergio Zarzar (RN), y que terminó con dos funcionarios municipales y un concejal formalizados por cohecho.
Casualmente, el mismo día que oficialmente se derrumbó el pacto entre municipio y Contraloría, en la prensa local empezó a circular el nombre de la empresa ganadora: la española Elecnor Chile S.A.
Lo anterior, pese a que aún falta el visto bueno del concejo municipal para que sea oficial.
Últimos movimientos y el caso LED en la mira
Por estos días, el concejo municipal se encuentra realizando las últimas revisiones para adjudicar la instalación de 12.500 luminarias, que terminarán por cubrir con luces led toda el área urbana de la comuna. Se trata de una licitación importante, cuyo presupuesto supera los 3.800 millones de pesos.
Ayer lunes, los detalles del contrato fueron expuestos por la comisión técnica al concejo en pleno y se espera una segunda sesión este jueves.
Hoy martes, en tanto, a partir de las 10 de la mañana habrá sesión de concejo. Si bien no será votada la licitación en dicha instancia, el concejal Joseph Careaga (UDI) consultará sobre esta criticada decisión del alcalde.
“El proceso previo a mí no me da ninguna confianza y por esa razón yo no tengo confianza en lo que se haga, porque temo que vayamos a caer en la misma situación que caímos hace dos años atrás”, admitió el edil.
Si bien algunos concejales han dicho públicamente que tras la votación del concejo habrá una revisión de Contraloría; en la práctica, al quedar sin efecto el convenio, el alcalde ha evitado que la entidad pueda hacer una última revisión respecto de la adjudicación.
De acuerdo a la normativa vigente, no hay ninguna obligación de que el asunto sea revisado por el ente contralor, pues no existe la toma de razón de decretos municipales para ese tipo de materias.
En los hechos, las únicas excepciones son las bases de contratos de extracción de residuos municipales y los reglamentos de nuevas plantas municipales, por expresa indicación de leyes específicas.
Hasta el momento, el único camino que quedaría sería -eventualmente- una auditoria de la CGR, una vez haya finalizado el proceso.
Alcalde v/s Contraloría
Fuentes de la Unidad de Investigación de BioBioChile, que fueron parte del trabajo conjunto, explican que -inicialmente- sí hubo colaboración entre ambas instituciones a la hora de elaborar las bases.
De hecho, dichas bases fueron aprobadas en su momento por la Contraloría.
Consultado por BBCL Investiga, el alcalde Benavente aseguró que hubo problemas con el convenio y que por esa razón decidió no renovarlo. “El principal problema fue el incumplimiento de los plazos de revisión por parte de Contraloría. Si bien estaban estipulados en el convenio, nunca fueron cumplidos por parte de Contraloría”, señaló.
En tanto, subrayó que “si bien no se renovó el convenio, nuestro equipo jurídico trabajó en una mejora del anterior convenio, para subsanar brechas como la planteada. Nuestra propuesta está en estos momentos en manos de Contraloría y esperamos que se resuelva positivamente”.
Según precisaron mediante algunos documentos, desde el órgano contralor en varias ocasiones respondieron con 6 o más días hábiles de retraso. Asimismo, para explicar el fin del acuerdo, desde el municipio señalan que Contraloría dijo que les iba a revisar la licitación una vez adjudicada (lo que aún no ocurre) y que dicha situación los podría exponer legalmente frente a la empresa ganadora.
A contramano, quienes conocieron de cerca la ayuda de la Contraloría a la Municipalidad de Chillán, niegan que se haya incumplido algún plazo y, por el contrario, acusan que fue el municipio el que mantuvo desorden. Asimismo, descartan haber recibido una nueva propuesta de convenio.
