Fiscalía pide sobreseer a Parisi por "edificio sin ley" y desata críticas: "Hay evidencias del delito"

El Ministerio Público solicitará sobreseer al fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en la causa derivada por la compra del “Edificio Riga”, más conocido como el “edificio sin ley” de La Cisterna. Una decisión que desató amplias críticas al trabajo del ente persecutor por la parte querellante, quienes piden reabrir la investigación.

La causa comenzó en 2021, a partir de un libelo presentado por Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA. En ella, se acusa al excandidato presidencial, de estafa y lavado de dinero.

Es más, en su momento incluso se pensó que Parisi abandonó el país por esta investigación, lo que obligó a su abogado a salir al paso de los cuestionamientos y negar las especulaciones.

Sea como sea, junto al político figuran otros cinco imputados. Entre ellos, su primo, Luis Moraga Parisi y su socio, Mauricio Lizana Méndez. A la tríada se suma José Mansilla Silva y Jonathan Bravo Pozo.

“Edificio sin ley”: La querella

Fue el 24 de abril de 2021 que la filial de la administradora de fondos MBI Inversiones, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA, presentó una querella en contra de Parisi y Lizana, ambos socios en la firma Royal Real Estate. Esta última dedicada a realizar gestión inmobiliaria.

Según la querella, Franco Parisi tenía interés en financiar la compra de un edificio ubicado en La Cisterna, con ayuda del fondo de inversión privada. Todo esto, antes de que estuviera terminado y, por tanto, previo a que recibiera el nombre de “edificio sin ley”, por una serie de delitos que se cometerían dentro y fuera del inmueble.

En simple, la contienda judicial acusa que hecha la compra por parte de Cerro Colorado SpA, Royal incumplió los términos acordados y además entregó en arriendo los departamentos. Así, la administración del edificio pasó a manos de Luis Moraga Parisi. Los cobros se realizaban en efectivo.

En total, sostiene la firma, el perjuicio bordearía los $12.500 millones.

Ya en agosto de 2021, el Juzgado de Policía Local de La Cisterna ordenó a Royal entregar la administración del edificio, ubicado en Sergio Ceppi #0839, a Cerro Colorado.

“Una vez que obtuvimos la restitución del edificio, que fue en noviembre del año pasado, nos encontramos con el edificio completamente ocupado por personas, ninguna con contrato, muchos de ellos extranjeros, casi ninguno con papeles. (Había) mucha violencia, mucha delincuencia, prostitución, venta de droga”, explicó Eduardo Riquelme Portilla, abogado de la empresa Cerro Colorado, tras un masivo desalojo del inmueble.

¿Reapertura de la investigación?

Pese a las acusaciones de engaño de parte de Cerro Colorado, tras dos años de investigación, el fiscal adjunto de Las Condes, Rodrigo Mena Vogel, comunicó al Cuarto Juzgado de Garantía el cierre de la indagatoria y solicitó una audiencia para pedir el sobreseimiento definitivo de todos los imputados.

El persecutor invocó el artículo 250, letra a) del Código Procesal Penal. Es decir, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito.

La determinación, sin embargo, no cayó bien en los querellantes, quienes solicitaron la reapertura de las diligencias.

En el documento de la solicitud, al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío, el abogado patrocinante critica el trabajo de la Policía de Investigaciones y fiscalía, apuntando que no se tomó declaración a los querellados. Es por esto y la falta de diligencias -acusan- que la conclusión de que no existe delito de estafa es errónea.

Según explica, de los cinco imputados, sólo dos fueron interrogados: José Mansilla Silva y José Moraga Parisi. Ambos apuntan a Mauricio Lizana como responsable de la estafa. Sin embargo, a este último nunca se le tomó declaración.

“Quisiera señalar que Mauricio Lizana nos utilizó a todos nosotros para defraudar a Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado”

José Mansilla Silva, el 20/03/23 ante el Comisario Leopoldo Pávez

“En la querella (de 2021) se aportaron antecedentes que dan cuenta de evidencias concretas del delito de lavado de dinero, con base en la estafa, consistentes en la organización de una estructura permanente para el cobro de dinero en efectivo para cada uno de los ocupantes ilegales de los 240 departamentos que en definitiva fueron el objeto material del delito”, argumenta Eduardo Riquelme en el escrito.

A su vez, sostiene que “los hechos dan cuentas de indicios de una infracción penal tributaria, pero nunca se informó de lo anterior al Servicio de Impuestos Internos”.

Levantamiento patrimonial

No es todo. Riquelme recuerda que en la querella se solicitó como diligencia el levantamiento patrimonial de los querellados, tarea que nunca se efectuó y por la cual ni siquiera habría habido un pronunciamiento del Ministerio Público.

“En todos los meses de apropiación fraudulenta de los 240 departamentos objeto del delito, se cobraron en efectivo sumas que oscilan entre los $300 mil y $400 mil por departamento al mes, lo que da una cifra mensual de flujo de efectivo superior a los $50 millones mensuales”, afirma el escrito.

La cifra, multiplicada por aproximadamente los 18 meses en que se extendió el arrendamiento de los departamentos, supera los $800 millones.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, de la que la Fiscalía de Las Condes es parte, indicaron que no se referirán a la indagatoria, hasta después de la audiencia. El abogado querellante tampoco estuvo disponible para este artículo. Todo se resolverá el 22 de junio a las 12:00 horas.