El exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, interpuso un recurso de apelación para intentar revertir la prisión preventiva que ordenó en su contra, el miércoles pasado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Lo anterior, en el contexto de la investigación respecto al caso de espionaje telefónico contra el periodista Mauricio Weibel y exmilitares que denunciaron corrupción al interior de la institución castrense, liderada por los fiscales Ximena Chong y Jaime Retamal.

En concreto, pide que la Corte de Apelaciones de Santiago rebaje la prisión preventiva y la reemplace por el arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y 06:00 horas.

Por medio del recurso de 14 páginas, presentado ayer por su abogado Mario Vargas y al cual tuvo acceso BioBioChile, señalan que en su caso “no existe una decisión arbitraria o ilegal por parte del Sr. Nazal” para realizar las cuestionadas intercepciones telefónicas, ya que siguió el conducto regular y acudió “a quien está mandatado para autorizar estas intervenciones telefónicas, un ilustrísimo ministro de Corte de Apelaciones”.

En específico, apunta al exmagistrado del tribunal de alzada capitalino, Juan Antonio Poblete, quien también quedó en prisión preventiva el miércoles pasado luego de casi 14 horas de formalización por el caso de escuchas del Ejército, según lo determinó el juez del tribunal, Jaime Fuica.

Según se expone en el escrito, la defensa acusa que el fiscal del caso omite que las víctimas de hoy se encuentran condenadas por diversos delitos, como “el Sr. Farias, quien fue condenado por sentencia firme y ejecutoriada por el ilícito de retiro y venta de bienes del Ejército a la pena de 540 días, antecedente que permite los indicios suficientes para realizar las investigaciones que permite la ley”.

Respecto al peligro de obstrucción a la investigación que acusa el Ministerio Público para fundar la prisión preventiva, la defensa subraya que Nazal declaró, renunció a guardar silencio y aportó antecedentes objetivos que permitieron determinar participación del imputado, el exministro Poblete.

Con todo, Cristián Cruz, abogado querellante de las víctimas Juan Pablo Díaz y Mauricio Weibel, insiste en que se requiere mantener la prisión preventiva: “Objetivamente es la medida cautelar que corresponde dado la cuantía del daño, el número de delitos y que estamos frente al máximo responsable de la inteligencia militar en las interceptaciones. Así que evidentemente confiamos en que la Corte de Apelaciones va a mantener la prisión preventiva respecto de los dos imputados”, afirmó.

El origen de las escuchas del Ejército, según Nazal

En esa línea, el documento además explica, desde el punto de vista de la defensa, el origen de las escuchas. Según Vargas, todo comenzó con las publicaciones del The Clinic (que destapó el Milicogate) en las que se divulgaron documentos secretos respecto de compras de armamento y mantenimiento de equipos militares.

“Este hecho revistió gravedad para mi representado, quien se encontraba a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército de Chile, puesto que la información ventilada y revelada resulta sensible al ser conocida por nuestros vecinos”, sostiene el representante de Nazal.

La filtración de los documentos derivó en la apertura de una investigación que sustanció la Fiscalía Militar. La indagatoria incluyó la toma de declaración a Weibel, a fin de que éste develara su fuente, cuestión que fue rechazada por el periodista por evidentes motivos profesionales.

“Es por ello que -se archiva la causa militar- y encontrando impedimento para conocer esta relevante información por fuentes abiertas, es que mi representado toma la determinación de efectuar la solicitud de interceptación de comunicaciones”, argumenta Vargas.

En suma, asegura que “se trató de una investigación, la que puede o no dar frutos. Apenas se estableció que las escuchas debidamente autorizadas no permitieron probar lo sostenido, se pidió el cese de las mismas”.

Fiscales “sin conocimientos de inteligencia militar”

Por otra parte, critica que se “cuestiona que los hechos no ponen en riesgo la seguridad nacional; sin embargo, ningún persecutor se hizo cargo del punto en cuanto a qué se entiende por tal concepto y peor aún, cómo juzgar ex post una decisión adoptada con los antecedentes que se tenían al momento de los hechos”.

En ese sentido, defiende que en base a lo que se sabía de los implicados en ese momento sí daba lugar a sospechas fundadas que hacían necesarias las escuchas, pese a que posteriormente las indagatorias no hayan llevado a los resultados esperados.

Por tanto, apuntan a que el actuar de los persecutores “devela un desconocimiento por parte de quienes hoy -sin conocimientos ciertos en materia de inteligencia militar- cuestionan la procedencia o pertinencia de haber empleado las herramientas que le confiere la ley de inteligencia”.