“Le voy a pedir que haga el correcto uso de las herramientas procesales”. “Yo no le puedo decir cómo ejercer la acción penal” (1 de marzo 2023).
“Usted tiene herramientas procesales para tal vez lograr el objetivo que busca. Tiene que usarlas adecuadamente, más no le puedo decir”. (2 de marzo 2023).
“La instamos e instruimos que no puede incurrir en estas conductas de manera permanente y habitual”. (7 de marzo 2023).
Con estas palabras, la magistrada María Teresa Barrientos, presidenta del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, ha realizado reiterados “tirones de oreja” a las fiscales del caso SQM, Carmen Gloria Segura (59) y Paola Castiglione (50).
Así consta en una denuncia administrativa de responsabilidad disciplinaria -a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile- enviada directamente al fiscal nacional Ángel Valencia por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.
En el escrito, de 28 páginas, se quejan directamente contra ambas fiscales por, entre otras cosas, reiteradas faltas a las normas procesales en el marco del juicio del caso SQM.
A causa de dichas situaciones, exigen la remoción de ambas. La primera, fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte; y la segunda, fiscal adjunta de la Fiscalía de Viña del Mar, quien viaja todos los días desde Valparaíso a Santiago para trabajar en el caso.
Caso SQM: un testigo por semana
El bullado juicio partió –con atrasos y sumarios a jueces mediante– tras ocho años de espera, el 13 de febrero pasado.
En dicho proceso asoman como protagonistas dos archiconocidas figuras políticas: Marco Enríquez Ominami (ME-O) y Pablo Longueira.
Para entonces, ya se anticipaba como uno de los juicios más largos en la historia desde la reforma procesal penal, vigente desde inicios de los 2000. Se hablaba en ese momento de al menos 18 meses.
Sin embargo, la defensa de ME-O acusa números más alarmantes. Hasta el momento están enlistados 600 testigos, cuyas declaraciones han tardado en promedio una semana por cada uno de ellos; es decir, solamente exponer los testimonios debería tomar 600 semanas, unos 11 años.
En definitiva, señalan que se trataría de maniobras para dilatar el juicio injustificadamente.
“Litigación contradictoria”
No obstante, llama la atención otro episodio, absolutamente opuesto, protagonizado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancih, que también litiga en esa causa.
El pasado 5 de abril, para exponer las declaraciones de un testigo, se tomó sólo una jornada. No fue la semana completa, como acostumbran sus colegas.
Aún más, cuando la defensa empezó a contrapreguntar, ella objetó algunas preguntas por reiterativas, evidenciando una estrategia de “litigación contradictoria” respecto a sus colegas.
La magistrada rechazó su objeción y señaló: “Vamos a recomendar a los intervinientes, cuando son equipos que están compuestos por diversos abogados y se van turnando, que vayan comunicando los criterios que va sentando el tribunal en ciertos aspectos, porque volver a debatir puntos que ya han sido zanjados hace que se dilate aún más la audiencia”.
“Hasta la jubilación”
Toda la investigación en torno al escándalo de SQM partió en 2015. Y en su momento la fiscalía determinó la dedicación exclusiva de las fiscales Segura (abril 2015) y Castiglione (enero 2016), lo que se ha mantenido hasta la fecha, ocho años más tarde.
Mediante solicitudes de transparencia realizaron una estimación y, la más conservadora -de acuerdo a la información obtenida- apuntaba a que el gasto sólo en remuneraciones para esas dos funcionarias se ha empinado hasta ahora sobre los $1.000 millones, sin considerar a los fiscales con dedicación preferente y funcionarios con dedicación exclusiva y preferente.
A ello se suman otros $50 millones por gastos de viáticos de todo el personal involucrado en la causa y el arriendo de una camioneta con chofer.
Con todo, la defensa asegura que las fiscales aludidas “son derechamente negligentes, o están haciendo las cosas deliberadamente mal para extender el juicio por 20 años, pretendiendo prolongar el proceso hasta alcanzar la jubilación, manteniéndose en una posición asegurada en un cargo de dedicación exclusiva”.
Caso SQM: “Litigación frívola y temeraria”
La defensa de ME-O hizo ver su disconformidad durante el desarrollo del juicio en distintas ocasiones.
En el escrito enviado al fiscal Valencia enfatizan que el Ministerio Público y, en particular las fiscales denunciadas, han tenido 8 años para llevar a cabo la investigación como corresponde y preparar su estrategía de litigación.
“Las Sras. Fiscales, a la experiencia en el desempeño de sus funciones, con una trayectoria de más de 20 años ligadas a la institución y, más aún, teniendo en consideración el grado que tienen cada una de ellas, han tenido un desempeño negligente en la tramitación del juicio oral”, apuntan.
Aldo Díaz, uno de los defensores de ME-O, incluso lo hizo ver en duros términos en medio de una de las audiencias.
“Su señoría, nuevamente estamos supliendo la falta de diligencia del Ministerio público, le estamos diciendo cómo tiene que incorporar las pruebas su señoría”, remarcó.
“En uso de mis facultades, su señoría, solicitamos que, de conformidad a lo impuesto en el artículo 292 y siguientes, que se les aplique una sanción al Ministerio público. Estamos todos escuchando, estamos perdiendo el tiempo acá, su señoría. Ustedes, nosotros. El Ministerio Público ha tenido 8 años para hacer esta investigación como corresponde, 8 años, para que se preparen y aún así lo han hecho. Esto es insólito su señoría. Esto nunca nos había pasado. Esto es inaceptable su señoría, inaceptable. Solicitamos que se aplique una medida disciplinaria al Ministerio Público por una litigación temeraria y frívola.
Consultados por BioBioChile, la Fiscalía Nacional no se refirió al tema.
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