El Servicio Electoral (Servel) impuso una multa a Martín Miranda, administrador electoral de la polémica campaña a gobernadora por la región Metropolitana de Karina Oliva (Comunes), por infracciones a las normas de la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
La investigación encontró que la campaña declaró gastos sin documentación adecuada, en los que se incluye un pago de $10 millones al administrador de la campaña y un bullado pago de $50 millones a una empresa de producción por el “cierre de campaña y desayuno feminista”.
Dicha resolución, emanada por el Servel este viernes, impuso una multa a Miranda de 50 UTM (aproximadamente $3,1 millones) por no proporcionar documentación para gastos por un total de $115 millones.
La campaña, que culminó con una derrota en segunda vuelta ante el actual gobernador Claudio Orrego, en junio de 2021, también declaró gastos que no estaban respaldados por documentación y solicitó el reembolso de algunos de estos gastos.
Sin castigo para Karina Oliva
Sin embargo, la sanción apuntó sólo a su administrador electoral y no a ella. El Servel también precisó que no se trata de una falsa declaración, sino de una imprecisión.
Así lo consigna la resolución, a la que tuvo acceso BioBioChile: “La diferencia constatada en las cuentas de primera y segunda votación de la candidata Karina Oliva Pérez, fue determinada a partir de los antecedentes que el propio administrador electoral puso a disposición de este servicio, de forma que, no es posible sostener que nos encontramos frente a un supuesto de ocultación de gastos, sino más bien, y como se concluyó respecto del primer cargo, de una declaración que falta al deber de precisión”.
“El ajuste efectuado a la cuenta por parte del Servicio Electoral, luego de la confrontación de la documentación acompañada y los gastos declarados, permite determinar los aportes y gastos efectivamente efectuados a la candidatura, y salvar las inconsistencias que dicen relación únicamente con la falta de pericia del administrador electoral, que es lo que se observa respecto de los hechos imputados en el segundo cargo”, subrayó el Servel.
Con todo, Miranda tiene derecho a apelar la decisión ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro de cinco días.
La investigación fue llevada a cabo por la Subdirección de Control del Gasto Electoral y Financiamiento del Servicio Electoral.
El origen de la polémica
La indagatoria nació luego que se revelara que siete de sus asesores, entre los que estaba su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, registraban pagos por $137 millones en el marco de su campaña.
Esto motivó una investigación y, tras darse a conocer los antecedentes, hizo fracasar la campaña de Oliva al Senado en noviembre de 2021, ya que el reportaje publicado por Ciper que reveló la información salió sólo días antes de la votación y generó una tormenta política sobre su candidatura a la Cámara Alta.
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