En calidad de imputada debió declarar la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), en el caso Motorola.
Sobre la actual integrante de la Comisión Experta pesa una investigación abierta en 2020, por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa. Todos delitos de corrupción, que fueron denunciados por la empresa Pegasus tras ser excluidos de una licitación pública -a cargo de la repartición que entonces presidía Martorell- por más de $378 millones.
La idea era dotar de 300 cámaras corporales a Carabineros, lo que finalmente terminó transformándose en un dolor de cabeza para la policía verde oliva.
La cita
De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la cita se concretó el pasado viernes 17 de marzo.
Según fuentes consultadas por este medio, Martorell prestó testimonio en presencia de la PDI y del fiscal del caso, especializado en delitos de corrupción, Francisco Ledezma.
Requerida por BBCL Investiga, la comisionada experta evitó profundizar en el contenido de la diligencia, aunque enfatizó en que ella no ha sido formalizada por delito alguno y que su declaración forma parte del curso natural de la indagatoria.
Así, recalcó que su calidad de imputada se da sólo porque existe una querella ingresada en su contra. Con todo, dijo que en la instancia respondió “con transparencia” todas las consultas que se le hicieron.
“Soy inocente de lo que se me acusa por parte de una empresa que perdió la licitación”, lanzó.
Renuncia de su abogado
La declaración de Martorell se da luego de que a comienzos de este año, su abogado, Luis Hermosilla, presentara su renuncia en medio de la causa que se sustancia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Desde entonces, ningún particular ha asumido su patrocinio formalmente, por lo que se le asignó un defensor público, según los registros del expediente judicial.
Sobre la salida de su defensa, la comisionada experta de Renovación Nacional aclaró que se debió meramente a que el jurista mantenía una pesada carga laboral, por lo que ambos -aseguró ella- decidieron terminar su vínculo. Consultado por este medio, Hermosilla no entregó una respuesta hasta el cierre de esta edición.
Fuentes al interior de la Comisión Experta del Proceso Constituyente enteradas de la diligencia califican la situación como un inconveniente mayor. Los consultados señalan que en lo que se debería poner el foco es en las propuestas de norma que se están elaborando y no en líos judiciales.
Incluso, admiten que este hecho podría afectar la credibilidad del proceso, pues la ciudadanía ya desconfía del mismo.
“Esto pone un problema más que habrá que superar”, admite un experto.