A cargo de la fiscal judicial, Javiera González Sepúlveda, quedó el sumario que en febrero recién pasado ordenó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de jueces y funcionarios del Poder Judicial por las tardanzas en el caso SQM.
El proceso corresponde a una indagatoria interna que busca esclarecer eventuales responsabilidades en el retraso del desenlace judicial de una investigación que ya suma ocho años.
Hasta 2016, Javiera González fungió como ministra del tribunal de alzada capitalino, llegando a presidir incluso la Séptima Sala. Sin embargo, y tras ser sancionada en septiembre de ese año por maltrato laboral, la entonces jueza solicitó el cambio a fiscal judicial, manteniendo el grado y un sueldo equivalente.
Los investigados
Dentro de sus primeras actuaciones como encargada del caso, González delimitó el grupo de magistrados sobre quiénes recae la indagatoria.
Según un escrito firmado por la propia González a inicios de la semana pasada, las investigadas son María Inés González Moraga, Claudia Andrea Santos Silva y María Teresa Barrientos Maraboli, todas juezas del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago; y Leonardo Enrique Valdivieso Lobos, juez del Octavo Juzgado de Garantía capitalino. Este último, según fuentes de BioBioChile, ya habría prestado declaración en el marco del sumario.
Con ello, la fiscal judicial ordenó la notificación a los jueces investigados la apertura de la investigación “en la que se encuentran implicados directamente”. Esto, con el objeto de que ejerzan “el derecho a defensa”.
El sumario
El sumario se instruyó luego que, tras ocho años de investigación y cuando se esperaba que el pasado 1 de febrero comenzara el juicio por financiamiento ilegal de la política, el inicio se volviera a postergar.
Lo anterior, debido a una serie de vicios en el auto de apertura que llevaron suspender y por tanto postergar el inicio del juicio oral hasta el 13 de febrero.
En buenas cuentas, el auto de apertura es un documento clave en los juicios orales, que en este caso cuenta con más de 5 mil páginas, donde está la individualización de los imputados, las acusaciones y pruebas.
Esto último, provocó una serie de críticas cruzadas entre la fiscalía y los abogados defensores, quienes cuestionaron duramente la demora.