El caso de las polémicas cámaras policiales adjudicadas a Motorola suma un nuevo capítulo. Los dardos apuntan contra un nuevo nombre, que hasta ahora no aparecía señalado en la causa: se trata de la abogada Patricia Sepúlveda Rogel, exjefa de la División Jurídica y de Legislación de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ejerció dicho cargo entre septiembre de 2020 y hasta el cierre del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en marzo de 2022.
En concreto, el martes 21 de febrero recién pasado, la empresa Pegasus, que perdió frente a Motorola Solutions la cuestionada licitación, ingresó una nueva querella contra la señalada funcionaria. Se le acusa por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, omisión de cooperación pública, negociación incompatible y tráfico de influencias.
El recurso judicial -ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la abogada de Pegasus, Montserrat Rodríguez Ferrer- apunta a que Sepúlveda, mediante informes emanados en su condición de jefa jurídica, buscó ocultar que las cámaras no cumplían la función de “post recording”.
Asimismo, acusa que -junto a la entonces Subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell- internamente y en público realizaron un “cierre de filas” para mantener a firme la adjudicación. Ello, pese a los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, la Dirección de Compras Públicas y el Tribunal de Compras Públicas, que detectaron una serie de irregularidades existentes en el proceso y la posterior ejecución de su contrato.
Martorell, principal sindicada en la causa, por estos días se está preparando para asumir -a partir del próximo lunes 6 de marzo- en su rol como uno de los 24 expertos designados para el nuevo proceso constituyente.
En simple, se denuncia que ambas, quienes coincidieron en la subsecretaría por casi un año, han negado a “rajatabla” la existencia de irregularidades en el proceso licitatorio, justificándose en hechos falsos o derechamente creados para tal efecto.
La “mentira” oculta en los metadatos
Uno de los principales cuestionamientos apunta al análisis de los metadatos de los documentos ingresados en la licitación. Es decir, la información incluida en los archivos, que permiten identificar el autor, fecha de creación y formato, entre otros detalles.
En resumen, la querella señala que Motorola no presentó información clave para la evaluación, lo que generalmente lleva a que la propuesta sea declarada inadmisible. Sin embargo, en este caso el organismo dirigido entonces por Martorell justificó la adjudicación con el análisis de información disponible en la web oficial de la empresa, cuyo chequeo habría sido realizado en su momento por la comisión encargada de revisar las postulaciones.
No obstante, según Pegasus, la simple revisión de los metadatos reveló que dichos documentos fueron creados con posterioridad a cualquier análisis efectuado por la comisión evaluadora y la adjudicación. Por lo tanto, agregan, es imposible que hayan revisado dicha información a la hora de determinar un ganador.
“Pareciera ser que buscan encubrir el actuar tratando de ocultarlo bajo el manto de que se trataría de una cuestión administrativa, sin mayor relevancia jurídica, incluso señalando que mi representada estaba ‘picada’ por no haber sido adjudicada”, plantea el libelo.
La querella apunta a que Sepúlveda informó que nunca existieron irregularidades en la licitación, a sabiendas de que no correspondía la adjudicación, en pleno conocimiento de que el post recording fue incorporado con posterioridad a la evaluación, a la adjudicación, a la resolución del recurso de reposición administrativo y a la entrega de los bienes.
También señala que en el proceso se realizaron una serie de reclamos. CTS Global SpA, uno de los oferentes, señaló que -pese a ser declarada inadmisible su oferta- ellos sí cumplían con pre y post recording. Otros, por su parte, acusaban que la adjudicación a Motorola no se ajustaba a derecho.
Por otra parte, la querella cuestiona que no se hayan cobrado multas a Motorola por sus incumplimientos, lo cual perjudicó al erario nacional. En tanto, acusa que Sepúlveda justificó no haberlas cursado, pese a lo señalado en el informe de la Contraloría respecto de la procedencia del cobro de multas.
¿Quién es Patricia Sepúlveda Rogel?
Con todo, si bien algunos de estos antecedentes ya eran parte de la carpeta investigativa, es primera vez en el proceso que se sindica a Patricia Sepúlveda Rogel por su rol en la criticada licitación de cámaras corporales para Carabineros.
Al margen de su función como jefa jurídica en la Subsecretaría de Prevención del Delito, Sepúlveda tiene un largo historial en el servicio público. Registra pasos por los ministerios de Ciencia, Economía y Vivienda. También -en el inicio de su carrera- ejerció en el Servicio Médico Legal y el Sename.
Desde su salida del Gobierno se ha desempeñado en el ámbito privado, bajo el alero del estudio jurídico HerreraMerino.
Contactada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, Patricia Sepúlveda Rogel se defendió tras el ingreso de la ampliación de querella. “Me sorprende su presentación considerando que asumí el cargo de jefa de división en septiembre de 2020, a más de 6 meses de concluido el proceso de licitación”, aseguró.
En ese sentido, subrayó que su “participación se limitó a comunicar a la empresa que desarrollaba el proyecto las instrucciones del fiscal de la causa, así como a proveer de información a este último, cuestión que era inherente al cargo que desempeñaba”.
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