Multimillonarias irregularidades en el servicio de retiro de basura, la contratación de una asesoría del exministro del Trabajo Osvaldo Andrade (quien resultó ser socio del administrador municipal) y sumarios abiertos por la eventual persecución de funcionarios que habrían denunciado a la gestión del alcalde Gastón Suazo Soto.
Esas son algunas de las anomalías que mantiene a la Municipalidad de San Carlos, bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR). El inicio de todo se remonta a fines de 2022, cuando el organismo de control derivó los antecedentes contenidos en un lapidario informe al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público.
En buenas cuentas, la CGR detectó que el municipio desembolsó más de 5 mil millones de pesos por el retiro de residuos sólidos en favor de una empresa (Servicios Jorge Arnaboldi Cáceres Limitada). ¿El problema? Sencillamente no cumplía con las bases de la licitación.
En rigor, la compañía debía contar con una planta o estación donde transferir la basura, algo que no se condecía con la realidad: según detalló la Contraloría en su informe, la firma no tenía las instalaciones prometidas, lo que implicaba invalidar la oferta. Pero eso no pasó y la empresa finalmente se alzó como ganadora del concurso público.
Dicha auditoría también observó multas que debían ser cursadas por la municipalidad por incumplimientos en el mismo servicio, pero que sencillamente no cobró. ¿El total? $664,3 millones.
Como corolario, la CGR constató que los estados de pagos a la firma encargada de la basura carecían de los documentos y respaldos necesarios.
Lea el informe
La asesoría de Osvaldo Andrade
Desde entonces, la Contraloría inició al menos tres sumarios al interior de la casa edilicia. Uno de ellos se dio, por ejemplo, por la contratación del ex presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS).
De acuerdo a información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, quien participó de la contratación del otrora hombre fuerte del Partido Socialista fue un viejo conocido suyo: el entonces administrador municipal de San Carlos, Adán Contreras Suazo.
Su arribo se pactó el 13 de abril de 2022, por más de 2 millones mensuales, como “asesor externo”. ¿La idea del contrato? Según se lee en el decreto alcaldicio “apoyo a la administración municipal”.
Precisamente, Contreras Suazo forma parte de la consultora Inversiones AVUS Limitada. Sociedad -que de acuerdo a antecedentes disponibles en el Diario Oficial- fue fundada en 2018 por el funcionario municipal junto al propio Osvaldo Andrade y al hijo de este último. Los mismos socios la disolverían en octubre de 2022.
Dentro de los informes que presentó el exsecretario de Estado para justificar su labor como asesor, figura uno que es prácticamente idéntico a otro presentado por él mismo, en una asesoría -por $2 millones mensuales- a la Municipalidad de La Florida.
Fechados en julio del año recién pasado, en ambos, el ex presidente de la Cámara de Diputados puso al tanto de las casas edilicias dictámenes de Contraloría que podrían ser de “interés” jurídico.
Puesto en simple, se trata de un copy-paste. Algo que, sin embargo, Andrade matiza: “Yo entrego informes de jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, y entrego informes de jurisprudencia de fallo. Esos informes son similares porque son los mismos fallos”.
“Ese mismo informe se lo puedo entregar a cualquier municipalidad. Lo entrego en Puerto Montt, Zapallar y en otras partes, porque usted comprenderá que los dictámenes de la Contraloría son todos iguales, es el mismo, y en consecuencia el informe que yo hago al respecto, el contenido que hago por supuesto que es el mismo, porque no voy a estar variando de opinión respecto de una y la otra”, agrega.
“Me contrató el alcalde”
Respecto de su llegada a la Municipalidad de San Carlos, el extimonel del PS enfatiza en que la decisión no pasó por su socio, a quien justamente debía rendirle cuentas junto con el director jurídico.
“En mi contratación no hay ninguna irregularidad. Lo que la Contraloría está investigando es si eventualmente hubiese un conflicto de interés respecto del administrador municipal en esa contratación. En la comparecencia ante la Contraloría, el alcalde dijo expresamente -y eso me consta porque lo vi- que la decisión de esa contratación había sido una decisión de él. Eso consta en el procedimiento de la Contraloría”, añade.
Y sentencia: “Durante el año 2022 le entregué al municipio de San Carlos más de 100 informes, todos los cuales están debidamente entregados y recepcionados por la Contraloría. O sea, desde el punto de vista de la pega que yo hago yo no tengo ninguna observación. Reitero, quien me contrató fue el alcalde don Gastón Suazo”.
“No se reconoce como irregular”
Pese a que desde la municipalidad explican que fue el socio de Andrade quien gestionó la “contratación de forma material”, comentan que ésta “no se reconoce como irregular, puesto que no fue el administrador municipal de aquel entonces quien realizó la contratación”.
“El requerimiento de contratación de Osvaldo Andrade había sido requerido en 2021 por parte del municipio, por ende, hubo acercamientos con dicho abogado en ese año, previo a la incorporación de don Adán Contreras Suazo como administrador municipal. Posteriormente a ello, la contratación de Osvaldo Andrade se concreta bajo un requerimiento presentado por el director jurídico del municipio”, señalan en una declaración emitida a este medio.
“Fue el propio alcalde quien realizó la contratación, puesto que es el único que tiene esa facultad”, acotan.
Sumario al sumario
Las otras dos investigaciones que lleva adelante la Contraloría al interior de la casa edilicia sancarlina se dan tras sendas denuncias de funcionarios municipales que acusaron ser perseguidos por ventilar supuestas irregularidades en la gestión del alcalde.
Tal es el caso del director de control, Ricardo Parra Ortiz, y del director de Administración y Finanzas, Alexis Paredes Muñoz.
En sus denuncias ante el organismo de control, los funcionarios indicaron que, sobre la base de acusaciones falsas, la gestión de Gastón Suazo Soto abrió al menos tres indagatorias administrativas con la sola finalidad de suspenderlos de sus cargos y así evitar que profieran nuevas denuncias.
Las imputaciones, sin embargo, fueron descartadas de plano desde la administración comunal.
“Como municipio desmentimos de lleno dicha afirmación, ya que no ha existido en ningún caso algún tipo de persecución en contra de ambos directores, y en contra de ningún otro(a) funcionario(a) del municipio”, apuntan.
“Las acusaciones en contra del director de Control y del director de Administración y Finanzas son por incumplimiento de obligaciones funcionarias, las que incluso están en decretos alcaldicios que están disponibles de manera pública en el Portal de Transparencia. Esto, al igual que los decretos que disponen los procesos sumariales en curso; no así los procesos sumariales, los cuales son secretos por normativa”, cierran.