Una pugna por 17 millones de pesos se suscitó entre el Servicio Electoral (Servel) y el extinto Partido Progresista de Chile (PRO), luego de que el organismo determinara no entregar al conglomerado político el llamado “aporte octubre 2021”.
En buenas cuentas, los fondos corresponden al financiamiento fiscal regular que tienen derecho a recibir trimestralmente los partidos. La solicitud de dicho aporte fue realizado en noviembre de 2021, sin embargo el Servel realizó observaciones en su balance, por lo que pospuso el pago a la espera de las correcciones.
El PRO respondió a dichas observaciones en enero de 2022, siendo aprobado el balance en mayo. El problema fue que a esas alturas el PRO ya llevaba al menos cuatro meses disuelto por no alcanzar los mínimos de representación en las elecciones parlamentarias de 2021.
En efecto, la notificación del no pago llegó el 3 de junio de este año, a través del director del Servel Raúl García Aspillaga.
En el documento, el organismo le recordó al PRO justamente que en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, se establece que para acceder a estos aportes, las tiendas políticas deben estar constituidas de conformidad a esta ley y dar cumplimiento íntegro a las normas legales que regulan su funcionamiento y organización interna.
Así, expusieron, el PRO hizo el cobro del aporte octubre 2021 “mediante el sistema destinado para tal efecto con fecha de 30 de mayo de 2022, es decir, una vez que el partido ya contaba con la cancelación en el registro de partidos políticos y por ende, se encontraba en proceso de liquidación”.
Desde la vereda contraria, el PRO califica como “ilegal y arbitrario” el actuar del Servel. Apuntan que la decisión va en contra de la regulación del propio organismo, ya que -esgrimen- el partido mantiene su existencia en expresa causal de disolución, “precisamente para poder cumplir sus obligaciones pendientes y aquellas que ha debido asumir para llevar a cabo”.
Sueldos pendientes
El hecho desató la molestia al interior de la ex casa política, cuyo último candidato presidencial fue Marco Enríquez-Ominami. Según expusieron en sendos recursos elevados a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Corte Suprema, los dineros debían ser enterados a las arcas del partido, puesto que éste aún se encontraba en funcionamiento en octubre del año pasado. Ambos libelos han sido rechazados.
En simple, exponen que los 17 millones de pesos forman parte efectiva de su patrimonio, los que debían servir para el funcionamiento del conglomerado. Y peor aún: sostienen que todo derivó en un drama mayor para sus finanzas.
“Hay finiquitos de trabajadores. Hay gente del PRO que trabajó en estos últimos cuatro años, hay facturas. Esto es un problema, se le debe plata a los contadores”, cuenta una fuente del partido a BioBioChile.
“Como el partido se iba a disolver, hubo que hacer el balance de los últimos años rápido. Y ahora el Servel está pidiendo las observaciones adicionales, pero el contador no quiere hacer nada porque no se le ha pagado del año pasado, porque había que pagarle con estas platas”, sostiene el mismo consultado sobre las observaciones al balance 2021 y 2022 del que dependía pagar por la liquidación del partido, que podía ser hasta los 17 millones de la primera cuota 2022.
Requeridos por BioBioChile, desde el Servicio Electoral declinaron entregar un pronunciamiento oficial. Eso sí, indicaron que éste “es un tema judicializado” por lo que los antecedentes serán entregados ante la justicia “cuando lo soliciten”.
De todos modos, una alta fuente del organismo detalló que el no pago “es por tener el balance 2020 rechazado y por lo cual se les pasó una multa”. Además, “el partido se disolvió por sacar menos voto de lo legal”, recordó.
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