El pasado 3 de junio la Secretaria General de Carabineros envió al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Sergio Soto Yáñez, un oficio secreto comunicando el número de funcionarios que, de forma voluntaria, manifestaron haber participado de la empresa de inversiones KnightsBridge.
Lo anterior, tras un requerimiento de información solicitado por el persecutor el pasado 19 de mayo a la institución policial. En el documento, el fiscal Soto requirió información “referente a funcionarios de Carabineros que hayan participado en la empresa de inversiones denominada KnightsBridg. En caso afirmativo, solicito se remita una nómina con los funcionarios involucrados”.
Bajo ese contexto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a dicho documento, en el que se consigna el número de Carabineros que transparentaron su relación con la cuestionada empresa de inversiones que hoy es indagada por la justicia. La cifra asciende a 549 participantes. Ahora, será resorte del fiscal Soto determinar la calidad: víctimas o captadores.
“De acuerdo a las indagatorias preliminares efectuadas por la Contraloría General de Carabineros, se remite relación nominal del personal institucional que, voluntariamente, manifestó haber tenido participación en la citada empresa de inversiones, haciéndose presente que esta información reviste el carácter de preliminar y susceptible de experimentar variaciones en cuanto al número”, señala el oficio.
El caso explotó a mediados de mayo cuando se dio a conocer esta nueva forma de estafa, la cual contaba con una particularidad: la presunta participación de funcionarios de Carabineros. Y es que a partir de información de víctimas comenzaron a surgir nombres de personas vinculadas a la institución verde oliva.
El negocio, en resumidas cuentas, consistía en la compra de productos en el extranjero, a través de la plataforma KnightsBridge, con la promesa de recibir la devolución de los impuestos de los objetos. Se ofrecieron retornos que bordearían el 300% por la transacción.
La publicidad del tema hizo que la policía uniformada abriera una investigación administrativa para determinar “el nivel de participación y eventuales responsabilidades” de los funcionarios involucrados en la presunta estafa piramidal. De la misma forma, ante el fiscal Soto ya se han presentado a declarar miembros de la institución en calidad de testigos.
Actualmente, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente ha recibido 611 denuncias, con un monto defraudado que supera los mil millones de pesos. Pese a esto último, conocedores de la indagatoria señalan que la cifra seguirá creciendo.