$992 mil millones: fallo a Llaitul revela monto de indemnizaciones del Estado por violaciones a DDHH

Más de $992 mil millones de pesos ha desembolsado el Estado de Chile en indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura.

El detalle fue revelado en medio de la tramitación judicial de la demanda presentada por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por torturas que se remontan a 1988, cuando el dirigente mapuche era estudiante universitario.

Fue justamente un informe cargado en el expediente judicial en septiembre de 2021 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -y al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– el que da luces de los montos.

En concreto, el documento corresponde a la contestación firmada por la procuradora de Santiago, Ruth Israel, donde se profundiza en los tres tipos de reparación que otorga el Estado de Chile a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Dictadura: mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, reparaciones simbólicas y vía transferencias directas de dinero.

Derechos y simbólicas

La primera de ellas, apunta el escrito del CDE, se sustenta en que precisamente “la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones”.

En esa línea, se pueden conceder, por ejemplo, “el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país”, además de beneficios educacionales y de vivienda.

La segunda modalidad se trata de reparaciones simbólicas. Es decir, aquellas que buscan reparar el daño moral, dándole a la víctima “una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables”.

Para cumplir esta tarea se desarrollan “actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones”.

Entre ellas aparecen diversas obras mencionadas por el CDE. Por ejemplo, la construcción de distintos memoriales a lo largo del país, la creación del Día Nacional del Detenido Desaparecido y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otras.

Indemnización monetaria

La tercera forma de reparar corresponde a pagos de dinero bajo diferentes modalidades. A diciembre de 2019, el desglose va así:

Pensiones

De los dineros desembolsados por el Estado chileno, $895 mil millones corresponden a pensiones. Es decir, cerca de un 90% del total.

En concreto, $247 mil millones se deben a la Comisión Rettig y más de $648 mil millones por la Comisión Valech.

Bonos

En cuanto a bonos, el fisco entregó cerca de $42 mil millones a víctimas contenidas en la primera comisión y más de $23 mil millones en la segunda.

Por desahucio, a modo de bono compensatorio, se desembolsaron poco más de mil millones de pesos.

Bono extraordinario

Finalmente, como bono extraordinario, según la Ley 20.874, la que entrega una indemnización parcial de un millón de pesos a cada víctima de prisión política y tortura, el Estado canceló un total de más de $23 mil millones.

Con todo, el informe concluye que “a diciembre de 2019, el fisco había desembolsado la suma total de $992.084.910.400”.

De acuerdo al Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, y en base a las distintas comisiones de verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura.

Lea la exposición completa del CDE