El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por la supuesta malversación de caudales públicos al interior de la Corporación Municipal de La Florida.
Los hechos materia de investigación apuntaban a un déficit de $20 mil millones, constatado por la Contraloría General de la República en una auditoria financiera, que abordó un periodo de estudio comprendido entre enero de 2016 y mediados de 2017.
Todo ello, en relación al uso de recursos de aporte municipal y fondos externos del Ministerio de Educación y de Salud.
Tal como consignó BioBioChile, las conclusiones del organismo fiscalizador fueron replicadas en sendas querellas ingresadas primero por concejales de la comuna y luego por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a fines de 2021.
De acuerdo a esta última presentación, se evidenció que los aportes municipales no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ello, por lo que se determinó la “imposibilidad de detectar el destino de los fondos”.
La indagatoria incluso contempló el allanamiento de dependencias municipales a mediados de 2018. Sin embargo, tras casi cuatro años de tramitación y tal como se adelantó- la fiscalía finalmente decidió no continuar con la causa.
No perseverar
La determinación fue comunicada por el fiscal del caso, Felipe Díaz Acuña, en una audiencia que tuvo lugar, a comienzos de este mes, ante el Decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La resolución fue luego ratificada por el mismo tribunal, tras rechazar la apelación de los querellantes.
Según fuentes cercanas a la indagatoria, el sobreseimiento consideró una auditoría de Deloitte y un peritaje de la PDI, para concluir que no existían delitos.
Asimismo, se descartó cualquier responsabilidad del alcalde Rodolfo Carter y de cualquier otro funcionario de la corporación.
Requerido Gonzalo Rodríguez Herbach, abogado que representó al jefe comunal en la causa, sostuvo que la resolución ratifica que “no existen antecedentes que permitan determinar la existencia de delitos”.
“Estamos muy conformes y muy satisfechos”, acotó.
Desde el entorno de Carter, apuntaron que todo se debió a una persecución política.
Querellantes evalúan ir al TC
Desde la vereda contraria, Santiago Trincado Moreno, abogado en representación de una decena de concejales de oposición a la administración de Carter, aseguró que “como querellantes manifestamos en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado en el tribunal nuestra disconformidad por la decisión de no perseverar en la investigación que tomó el Ministerio Público”.
“Creemos que no se hicieron todas las diligencias con la profundidad necesaria que requería una investigación, en la que el cuestionamiento desde donde parte esta causa, a raíz del informe de la Contraloría General de la República de 2018, se encuentra en más de 2 mil millones de pesos de los fondos de apoyo a la educación pública y un déficit de la Corporación Municipal por 20 mil millones de pesos”, añadió.
En esa línea, detalló que recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la medida del Ministerio Público. Y -en caso de ser necesario- anunció que evalúan acudir al Tribunal Constitucional (TC).
La Fiscalía Metropolitana Oriente no estuvo disponible para este artículo.
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