La defensa de Francisco Pizarro, ex jefe de Finanzas del Ejército, solicitó la prescripción del delito de malversación de caudales públicos por el cual se encuentra procesado. Esto, en el marco del fraude de gastos reservados en las filas castrenses.
Tal como lo dio a conocer Radio Bío Bío a fines de marzo recién pasado, el militar (r) fue sometido a proceso junto a otros tres exuniformados por la ministra Romy Rutherford en la arista “Gastos Reservados”.
A los cuatro se les apunta por su responsabilidad en la malversación de más de 700 millones de pesos por hechos ocurridos entre 2006 y 2010.
Ahora, a través de un escrito de cinco páginas -a la que accedió BioBioChile- el abogado del militar, Luis Arévalo Cunich, solicitó la extinción de su responsabilidad penal, precisamente apuntando a que ya han pasado más de 10 años desde la ocurrencia de los hechos por los que fue sometido a proceso.
El documento presentado ante la ministra Romy Rutherford por la defensa, además aporta luces del uso de los dineros provenientes de las arcas fiscales.
En efecto, detalla que los dineros provenientes de Fondos Reservados fueron usados en arreglos de la casa institucional del excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta.
Su rol como jefe de Finanzas
Entre 2006 y 2010, Francisco Pizarro se desempeñó como oficial de órdenes de Izurieta. Este último también investigado por malversación de gastos reservados en el denominado Milicogate.
Durante ese periodo, Pizarro habría recibido sumas de dinero provenientes de la Dirección de Finanzas de la Comandancia del Ejército.
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, el monto alcanzaría las 12.749,4 UTM, equivalentes a más de 708 millones.
Según el documento de la defensa, los montos fueron usados para “necesidades públicas relacionadas fundamentalmente con la mantención de la casa institucional de la Comandancia en Jefe del Ejército y de diversos gastos protocolares que lleva consigo el ejercicio de tal cargo”.
En simple, usó esos dineros para arreglar la casa del entonces jefe del Ejército, Óscar Izurieta.
¿El problema? Esos dineros habrían sido de Fondos Reservados.
El documento del abogado de Pizarro, sin embargo, estipula que este último desconocía de dónde provenían los recursos.
Lea aquí el documento
Prescripción del delito
Así las cosas, según la defensa, la prescripción del delito por malversación de fondos que pesa contra Pizarro comenzó a correr el 1 de marzo de 2010. Ese día, habría sido el último donde consumó el delito porque después dejó el cargo de oficial de órdenes.
“Respecto a mi defendido, a partir del 1 de marzo de 2010, no se interrumpió ni se suspendió la prescripción que le favorecía. En efecto, cuando se interrumpe la prescripción ‘el tiempo que precedió al evento determinante cae por completo en el vacío"”, detalla el documento.
Desde esa fecha, se determina que la acción penal que persigue a Pizarro, prescribió el 16 de abril de 2020.
Desde entonces, el exjefe de Finanzas ha declarado dos veces: una en noviembre de 2020 y la última en enero de 2021.
Tras esto, la defensa asegura que no afecta la prescripción porque “a esa fecha ya habían transcurrido 10 años que la ley establece para beneficiarse de la prescripción de la acción penal”.
Por lo tanto, además de solicitar la prescripción del delito, se pide que se deje sin efecto el procesamiento que lo afecta, así también, las medidas cautelares que fueron declaradas hasta la fecha.