Cohecho agravado: formalizan a carabinera por datear a narco a cambio de "favores sentimentales"

Por los delitos de cohecho agravado y violación de secreto. Este lunes fue formalizada una funcionaria de Carabineros, acusada de datear a un hombre indagado por narcotráfico. Todo ello, a cambio de que éste le concediera “requerimientos de índole sentimental”.

De acuerdo a antecedentes a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, los hechos se remontan a julio de 2020, cuando la uniformada -identificada como Camila Cáceres Gálvez- se desempeñaba en la Primera Comisaría de Angol.

Allí, la mujer -de acuerdo al Ministerio Público- aprovechó su posición privilegiada para entregar información clave a Roberto Carlos Soto Soto, imputado a esa fecha por tráfico de drogas, sobre quien pesaba la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Resulta que la uniformada justamente estaba asignada a la estación policial que quedó a cargo de verificar que Soto Soto estuviera cumpliendo la precautoria decretada en su contra.

Los llamados

Según información que forma parte de la carpeta investigativa, el 14 de julio de 2020 quedó en evidencia el vínculo -más que amistoso- que había entre ambos.

Ese día, de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, la carabinera llamó al imputado. Lo hizo sin sospechar que la línea telefónica de este último estaba intervenida.

Concretamente, según las escuchas que ahora forman parte de la lista de pruebas, la funcionaria le prometió al imputado que le haría saber el momento exacto en que la patrulla iría hasta su domicilio a controlar su arresto.

Ello, desde luego, le permitiría poder evadir las restricciones que recaían en su contra.

Índole sentimental

Y la carabinera cumplió. Así quedó constatado tres días más tarde, cuando -nuevamente por teléfono- Camila le hizo saber a Soto Soto los movimientos de la patrulla de Carabineros que debía llegar hasta su domicilio.

A cambio de ello, se expuso en la audiencia de este lunes, el imputado no entregó dinero ni bienes materiales. Más bien, debía retribuirle en “requerimientos de índole sentimental”.

En buenas cuentas, según fuentes consultadas por este medio, el hombre debía aprovechar aquellos días en los que los uniformados no concurrían hasta su casa para ir a visitar a la carabinera.

De hecho, es en este punto donde se configura -a juicio de la fiscalía- el delito de cohecho pasivo agravado. Esto, al haber ella solicitado un beneficio a cambio de la entrega de información calificada como secreta.

El Ministerio Público considera que su accionar causó un grave daño para la función pública. Especialmente para la administración de justicia.

Incumplimiento

Una vez las alertas se encendieron, los pasos de la uniformada comenzaron a ser seguidos de cerca. Tanto por el ente persecutor como también por la propia institución policial.

Los avisos dejaron de ser efectivos, tanto que el 28 de julio de 2020 efectivos de la Primera Comisaría de Carabineros constataron el incumplimiento de la cautelar, informando de aquello al tribunal. Lo propio ocurrió el 20 de agosto y el 5 de octubre de ese mismo año.

En paralelo, la causa seguida contra Soto Soto y los otros dos imputados por infracción a la Ley de Drogas continuó avanzando: terminaron condenados.

En el caso de Soto, se trató de una pena superior a 704 días de libertad vigilada intensiva, por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

Dada de baja

Así las cosas, vendría posteriormente el turno de la investigación contra Camila.

La causa se ingresó en agosto de 2021 al Poder Judicial y comenzó a ser investigada de manera desformalizada. En tanto, la funcionaria fue trasladada de la unidad angolina a una de las Centrales de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros.

Finalmente, tras contar con todos los antecedentes, el Ministerio Público dio a conocer a inicios de junio de este año que iba a formalizar a la uniformada. En consecuencia, Carabineros de Chile dispuso su baja a partir del 9 de ese mismo mes.

Tras la comunicación de cargos, la fiscalía fijó un plazo de investigación de 60 días y se le impuso a la exfuncionaria policial las cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

Requeridos por BioBioChile, desde la policía uniformada confirmaron que la funcionaria efectivamente fue dada de baja de la institución y también, que se inició en contra de ella un sumario que buscará establecer las eventuales responsabilidades administrativa del caso.