Comunidades indígenas exigen borde costero de Coronel con ley invocada por estudio de Exconvencional

La resolución que acoge a trámite la solicitud del espacio costero de los pueblos originarios denominado “Butanmapu”, está firmada por el subsecretario de Pesca, Paulo Sepúlveda, y quienes piden que se les conceda el uso del polígono que abarca todo el litoral de la comuna, es la Asociación de Comunidades Indígenas de Coronel.

La asociación está compuesta por las comunidades Fotun Pu Lafken, Marihuen y Huenullanca, que para los efectos fijan domicilio en Calle Colo Colo 379, departamento 1702 del edificio Amanecer de Concepción. La dirección corresponde al estudio jurídico Colectiva, que encabeza la abogada y exconvencional Amaya Álvez, quien tuvo un rol relevante justamente en el área del derecho de los pueblos originarios durante el proceso constituyente.

Solicitudes de concesiones detenidas

La importancia de la resolución de la autoridad pesquera radica en que, entre otras cosas, instruye suspender las solicitudes de afectación en trámite, tales como concesiones marítimas, de acuicultura o de áreas de manejo, que presenten una sobreposición con el espacio que se pide, lo cual fue confirmado por la directora zonal de Pesca en Bío Bío, Lilian Troncoso.

“Inmediatamente, todas aquellas solicitudes de concesiones que estén en trámite en la zona que se está solicitando, quedan detenidas, porque la ley establece que la solicitud de los espacios costeros de pueblos originarios, es prioritaria”, enfatizó Troncoso.

En el caso de Coronel, esta suspensión podría tener múltiples efectos en toda la zona productiva situada en el borde costero, conformado por el Puerto de Coronel, una decena de industrias pesqueras, además de actividades relacionadas con las termoeléctricas de Enel y Colbún, y múltiples labores de carga y descarga de diferentes productos, a lo que se suma la extracción del sector pesquero artesanal.

De las tres comunidades indígenas que solicitan el uso de este espacio costero marino, una de ellas de hecho no reside en Coronel.

Revisa la solicitud a continuación:

Radio Bío Bío de Concepción contactó a integrantes de la comunidad Marihuén, familia que hace siete años, y luego de un largo conflicto por la propiedad del terreno que ocupada, fue trasladada hasta Laraquete en la comuna de Arauco a un sitio de 75 hectáreas adquirido por el Gobierno.

Sonia Marihuén, reconoció a La Radio que se les pidió apoyar esta solicitud, pero aclaró que no viven en Coronel ni tampoco realizan actividad extractiva marina.

“Yo creo que esta solicitud la hace más la comuna de Coronel, pero apoyados por nuestra comunidad, que nosotros estuvimos hartos años viviendo en la zona costera”, enfatizó la integrante de la comunidad Marihuén.

La comunidad Huenullanca, conformada por 8 familias, fue reconocida hace sólo 2 años, aunque argumentan que sus ancestros se establecieron en el sector el Guayo de Coronel hacia 1856. La otra comunidad, llamada Fotun Pu Lafquén, fija su domicilio en la Isla Santa María.

¿Quién tiene la última palabra?

Tras acoger la Subpesca a trámite esta solicitud, viene un largo proceso que considera la entrega de informes por parte de la Conadi sobre el uso consuetudinario del espacio y las actividades que allí históricamente se han realizado.

De esta manera se puede acoger la petición de estas comunidades, modificar el polígono afecto a la solicitud o bien rechazarla. La última palabra la tiene el Comité Regional de Uso de Borde Costero, cuya presidencia pasó a manos del gobernador regional como parte del traspaso de competencias a los gobiernos regionales.

Lilian Troncoso, directora zonal de Pesca en Bío Bío, explicó que en caso de entregarse el espacio marino solicitado, las comunidades no tendrán el uso exclusivo de este, sino que deberán convivir con lo que ya existe.

“Todas las actividades productivas coexisten. Las comunidades deben realizar un plan de administración”, indica Troncoso.

Es relevante agregar que el uso y administración de estos espacios está a cargo de la asociación o comunidad a la cual se le aprobó el plan de administración. Su duración es indefinida, a menos que se efectúen incumplimiento o infracciones.

Desde que existe la ley que creó estos Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (Ecmpo), se ha decretado en la región del Bío Bío la entrega de dos solicitudes, Lafken Mapu Meu en Arauco, la que inicialmente consideraba hasta Tomé, sin embargo, finalmente quedó concedido a las costas de la comuna de Arauco. Además, recientemente se entregó a Manqueche en Tirúa.

Según el portal de la Biblioteca del Congreso Nacional, Álvez participó, entre otras, en “las comisiones temáticas sobre Forma del Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal; y Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad“.

Para conocer el fundamento de la solicitud tramitada en la Subpesca, Radio Bío Bío contactó a la exconvencional Amaya Álvez, sin embargo, declinó responder indicando que no tuvo causas mientras participó de la convención constituyente.

En el estudio jurídico, patrocinante de esta solicitud, no hubo respuesta ante requerimiento presencial en sus oficinas, y el teléfono que figura en la web no se encuentra habilitado.

¿Qué considera la Ley N° 20.249 que Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios?

Según BCN, esta ley, adoptada en 2008, surge a partir de la negociación con las comunidades mapuche-lafkenche que “reclaman el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero”, por lo que se destina un espacio para la “preservación de los usos y costumbres indígenas, el cual es entregado en administración a las comunidades correspondientes”.

La misma ley indica que si esta solicitud se superpone a otras concesiones, la “Subsecretaría debe “rechazarla o proponer al solicitante una modificación de manera evitar tal superposición”.

Ahora, si esta solicitud se superpone a la de un tercero en trámite, se da prioridad a la de la comunidad requiriente.

“Esto tiene también un efecto procesal, pues la solicitud indígena paraliza la tramitación de toda otra concesión que se superponga al área solicitada, hasta que se verifique la existencia o no de uso consuetudinario”, añade la Biblioteca del Congreso Nacional.

Cabe mencionar que el proceso puede ir desde los 12 meses a demorar cuatro años, tiempo por el cual se paralizan las concesiones.

En caso de ser aceptada, será la comunidad la encargada de administrar el uso del borde costero.