Coimas en la PDI: el condenado que confesó sobornos a policías a cambio de información en Caso Joyas

Por el delito de cohecho, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó al comerciante capitalino Juan Manuel López Totoricaguena, quien confesó haber servido de nexo para el pago de millonarias coimas a dos funcionarios de la PDI.

Según antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, fue durante un procedimiento abreviado que el sentenciado reconoció haber tenido contacto con los policías. ¿El objetivo? Facilitar la filtración de información del Caso Joyas, causa decretada como secreta, donde -entre otros- figura como imputado Marco Antonio López Spagui, conocido como “Parived”.

Este segundo proceso se inició cuando la Fiscalía Metropolitana Occidente descubrió que el entonces subprefecto Cristián González Arancibia, jefe del cuartel de la Jefatura Nacional de Migraciones (Jenamig) y el por esos días subcomisario Mauricio Jorquera Gallardo, integrante de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), habían filtrado información secreta a Domingo Jalil Allel, investigado en la causa por lavado de activos vinculada a la comercialización de relojes y joyas de origen ilícito.

Ahora la tarea del Ministerio Público se concentrará en conseguir las condenas respectivas para los dos funcionarios policiales formalizados, quienes -según la confesión de López Totoricaguena- cobraron millonarias sumas de dinero a cambio de entregar detalles reservados de la investigación.

Los contactos de Jalil

Todo comenzó en la causa por contrabando, receptación y lavado de activos que se sustancia desde noviembre de 2018 ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

En dicho proceso, además de “Parived”, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellas Jalil Allel. Según reveló un reportaje la Unidad de Investigación de Bío Bío, este último mantenía una relación de amistad con la pareja de la modelo y presentadora de televisión, Tonka Tomicic.

Por tratarse de materias sensibles que pudieran dañar el rumbo de la indagatoria liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, y sustentándose en la Ley de Lavado de Activos, toda la investigación fue decretada como secreta. Pese a ello, Jalil Allel supo de la existencia del proceso a fines de septiembre de 2019, a través de un tercero hasta hoy no identificado.

Alertado por esta situación, el imputado comenzó a tejer un camino que pudiera llevarlo a la absolución. Primero, intentó localizar contactos que le confidenciaran cuánta información tenía la PDI sobre él. Y segundo, intentó regularizar los bienes que había adquirido por la vía ilegal.

Fue así como el imputado consiguió información de primera fuente: la Policía de Investigaciones, justamente la entidad encargada de llevar a cabo las diligencias instruidas por el Ministerio Público.

El rol de López Totoricaguena

Según se desprende de los hechos aceptados por el condenado Juan Manuel López Totoricaguena -en el marco del procedimiento abreviado por cohecho- él fue quien actuó como intermediario entre los policías y Jalil.

En efecto, fue López Totoricaguena quien primero se juntó con los funcionarios policiales para coordinar la entrega de información y convenir el pago de los sobornos.

Fue en dos reuniones, llevadas a cabo el 24 de marzo y el 6 de abril de 2020, donde se acordó la suma a cobrar por los servicios “extralaborales” de los policías: 30 millones de pesos.

Un par de semanas más tarde, específicamente el 24 de abril de ese mismo año, el subprefecto González -previamente concertado con el subcomisario Jorquera- se encontró con López Totoricaguena y Jalil Allel en el centro de Santiago.

En esta oportunidad, se lee en la sentencia de López, afinaron la solicitud del dinero y el funcionario policial le hizo saber al imputado que lo estaban investigando por lavado de activos. Le prometió más antecedentes una vez se concretara el traspaso del dinero.

La entrega del resto de información se concretó al poco andar. Así quedó en evidencia en un llamado que Domingo Jalil Allel le hizo a una expareja con quien tiene un hijo en común.

De acuerdo a las escuchas telefónicas, le contó a la mujer que tenía pleno conocimiento sobre los delitos por los que estaba siendo investigado. Lo propio respecto de las diligencias realizadas e incluso de otros blancos investigativos.

La sentencia

En vista de que el fiscal Baeza tenía un abultado número de pruebas en su contra, López Totoricaguena decidió aceptar los cargos a cambio de beneficios contemplados en el Código Procesal Penal.

En este marco se llevó a cabo un procedimiento abreviado donde finalmente el Primer Juzgado de Garantía de Santiago lo sentenció a una pena de 541 días de reclusión en su grado medio. Sin embargo, la prisión efectiva le fue sustituida por control administrativo en un centro de reinserción social de Gendarmería.

Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 8 años y un día, junto con ser condenado al pago de una multa de $45 millones por su responsabilidad en calidad de autor del delito de cohecho.

Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que la condena impuesta a López será clave para determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales.

Este es el primer condenado en el marco del denominado Caso Joyas. Jalil, en tanto, se encuentra en calidad de formalizado, a la espera de las conclusiones que arroje la indagatoria.

Retiros y sumarios

Requeridos por este medio, desde la PDI informaron a BioBioChile que el funcionario Christian González Arancibia dejó de pertenecer a la institución a inicios 2021. Es decir, ocho meses antes de ser formalizado y casi un año después de la comisión del delito.

El llamado a retiro absoluto -por “tiempo cumplido”- se gestionó tras del Decreto Nº 135 del Ministerio del Interior, fechado el 22 de febrero de 2021.

En paralelo, indicaron que el 30 de agosto de 2021 -y por su presunta responsabilidad en la filtración de información- la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística ordenó un sumario administrativo en contra de Mauricio Jorquera Gallardo.

Finalmente ese mismo año el director general de la PDI, mediante el Decreto Nº 1385 del 7 de octubre de 2021, dispuso el llamado a retiro temporal de este segundo funcionario, quien por esos días ostentaba el grado de subcomisario.

El mencionado proceso administrativo todavía no arroja resultados concretos, aunque desde la institución policial adelantaron que está “en estado de dictaminarse”.