Cuando faltan 102 días para la realización del plebiscito de salida, donde la ciudadanía deberá votar apruebo o rechazo para una nueva Constitución, el Ejecutivo ya comienza las tratativas administrativas para la difusión de contenidos relacionados al proceso.

Y es que el pasado viernes 20 de mayo el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), que dirige Camila Vallejo (PC), publicó dos licitaciones en el portal Mercado Público para la contratación de servicios comunicacionales de cara a la consulta democrática que se avecina. Se trata de un “plan de medios” y la realización de un “concepto creativo y producción audiovisual” para la campaña. En ambas se menciona a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) como unidad de compra.

El primer concurso, llamado “Plan de Medios para la Campaña Plebiscito Constitucional 2022”, con un presupuesto disponible de 726.000.000 millones de pesos, busca “contratar los servicios de creación y ejecución de un plan de medios a nivel nacional para informar al electorado sobre el proceso de votación obligatoria”, consigna la resolución exenta que autorizó el llamado. Y agrega: “La estrategia de medios debe contemplar medios que generen alcance, impacto y descentralización para comunicar de manera efectiva en todo el territorio nacional”.

El “plan de medios” está dirigido al padrón electoral completo y a un público objetivo secundario: jóvenes entre 18 y 35 años que “tengan derecho a voto de todos los segmentos, que no se hayan enfrentado a un proceso eleccionario obligatorio”, “electorado que regularmente no participa de los procesos eleccionarios”, y chilenos en el extranjero.

El principal objetivo al que se apunta es al “alcance”, comunicando de “manera transversal en todo el territorio nacional, utilizando un mix de medios eficiente que permita alcanzar a los grupos objetivos de la campaña”. El segundo objetivo, según el documento, es “considerar medios que permitan conectar con los grupos objetivos secundarios de la campaña, a través de medios específicos”.

Dentro de las especificaciones, la cartera de Vallejo solicitó “cobertura nacional y regional en medios como; televisión, digital y redes sociales, radio tradicional y digital, prensa escrita y electrónica, vía pública”, entre otras acciones que le permitan cumplir el objetivo de la campaña. En otro punto, menciona que “el avisaje y las publicaciones en medios de comunicación social deberán efectuarse, al menos en un 40%, en medios de comunicación con clara identificación local, distribuidos territorialmente de manera equitativa”.

La campaña se compone de dos etapas. La primera “al aire desde el 1 de julio al 19 de agosto de 2022”, y una segunda desde “el 20 de agosto al 3 de septiembre de 2022”. Esta última, podría sufrir ajustes que el proveedor “debe considerar” y que no implicarán incrementos para el Estado.

Vea resolución exenta

La segunda licitación

Pero junto al “plan de medios”, también se subió al portal Mercado Público un concurso llamado “Concepto Creativo y Producción Audiovisual para la Campaña Plebiscito Constitucional 2022”. Esta, según la resolución exenta que autoriza la licitación, requiere “la confección de un concepto creativo y producción de piezas” para dos campañas.

La primera, consigna el documento, tiene como objetivo “informar a la ciudadanía de las características del proceso de plebiscito y las posiciones a fin de que las personas que están habilitadas para votar estén debidamente informadas sobre la materia”.

La segunda, en tanto, busca “informar a la ciudadanía sobre el plebiscito, el proceso, plazos y el carácter de obligatorio del proceso”, y “promover y motivar a la participación de la ciudadanía de manera informada y segura”. Se busca potenciar los mensajes: “vota informado”, “el voto es obligatorio”, y “conoce tu lugar de votación”.

A la primera campaña se le busca dar un un tono y estilo “cercano, directo y didáctico, en simple se deberá explicar qué se vota”. A la segunda, un tono y estilo “cercano, emotivo y motivante”.

La ejecución de ambas campañas incluye “al menos 2 frases de radio”, “al menos dos spot de tv de 45 segundos con reducción a 30 y 15 segundos”, “cápsulas informativas”, “landing informativa que podrá estar alojada en un servidos de gobierno”, y “se debe entregar un kit digital para amplificar las campañas orgánicamente en los medios propios de Gobierno”.

Esta licitación tiene un presupuesto de 260.000.000 millones de pesos (IVA incluido), y considera que “todo el material audiovisual desarrollado para la campaña será de propiedad del Ministerio Secretaría General de Gobierno y al final se la campaña deberá ser entregado en discos duros”.

Un punto no menos consignado al final del documento, firmado por la subsecretaria General de Gobierno, Valeska Naranjo, es que “no necesariamente se ejecutarán todos los productos y/o servicios requeridos, pudiendo redistribuir los recursos para potenciar algún otro en particular, más aún en el plan de medios. Se tomará la decisión de modificar, desde el punto de vista estratégico con el fin de generar el mayor impacto posible y según la contingencia del país”.

Vea resolución exenta

Reacciones

Consultada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la ministra Camila Vallejo explicó que “estamos viviendo un proceso histórico y es un deber ético del gobierno informar a la ciudadanía de cara al plebiscito”. En la misma línea, agregó que “el gobierno tiene la responsabilidad de informar a la ciudadanía de cara al plebiscito de salida”.

Lo anterior, añadió, porque “después de mucho tiempo, tendremos una elección con voto obligatorio y es relevante que las personas sepan de las condiciones particulares que tendrá el plebiscito del 4 de septiembre. Asimismo, entrará en vigencia la ley que geolocaliza los locales de votación de acuerdo al lugar que viven las personas. Por lo tanto, la ciudadanía podrán votar cerca de su hogar. Es clave que ambas cosas sean informadas”.

Sobre la campaña en específico la vocera de gobierno comentó que el contenido “no está definido” y que “para eso es el proceso de licitación. Lo abrimos para que las agencias presenten ideas sobre cómo abordar la entrega de información necesaria para votar y la motivación a la participación en el plebiscito”.

Para el plebiscito de entrada, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el gobierno pasado desembolsó aproximadamente 120 millones de pesos en la campaña llamada “el amor por Chile se hereda”. Este gasto, detallan, fue ejecutado en “agencias” y en “campaña de medios”, comenta una alta autoridad de la pasada administración de Sebastián Piñera.

Asimismo, cercanos a la Convención Constitucional manifiestan que aún “no hay claridad” sobre lo que difundirá el Ejecutivo, y cómo esto podría chocar con “el plan de medios” del mismo organismo.

Buscando financiamiento

Precisar que a la campaña informativa que está preparando La Moneda se debe sumar la campaña que tendrá que liderar el Servicio Electoral en ese mismo orden. Todo esto como telón de fondo respecto a los comandos que se instalen con el “apruebo” y “rechazo”.

En esta línea, desde las coaliciones oficialistas han estado reuniéndose para levantar los recursos respectivos y planificar cómo se dispondrán esos dineros. Es sabido que algunos partidos han enfrentado cierta estrechez económica, incluso algunos ven al Partido Comunista y Socialista como las colectividades que podrían abrir sus chequeras. Sin embargo, fuentes ligadas al PS sostienen que el escenario económico todavía no está claro y que ya no tienen las mismas arcas que tuvo el partido en el pasado.

En tanto, en Chile Vamos, la situación es algo diferente por el alto interés de sectores privados de querer participar económicamente en el financiamiento de la campaña. El levantamiento de recuerdos podría dar pie a que, en el caso del “rechazo”, pudieran juntar plata suficiente para tener más de un comando.

En todo caso, para quienes conocen de campañas políticas sostienen que se necesitan unos $1.600 millones. Con ese dinero se “podría generar una puesta en escena decente”, explicó en privado un excandidato presidencial. Las fundaciones que trabajan con los partidos políticos se han transformado en un punto clave para el levantamiento de recursos en el trabajo previo.