Más de 3,5 millones de pesos en bitcoins a cambio de devolver la información alojada en la web. Ese es el rescate que exige un grupo indeterminado de hackers que secuestró el portal interno del estudio jurídico, con sede en Santiago, Bell y Cía.
Los hechos constan en una querella criminal interpuesta por el propio bufete de abogados ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. En el libelo, contra quienes resulten responsables, el representante de la firma denuncia el delito de sabotaje informático.
A través de la acción se busca esclarecer quiénes están detrás del secuestro del sitio web de la empresa, que alojaba datos catalogados como sensibles e información privilegiada de sus clientes.
Recover_your_data
Los hechos se remontan al pasado 10 de marzo, cuando empleados de la firma intentaron ingresar al portal Bellycia.cl, una especie de intranet recientemente estrenada que hospedaba información privada de la empresa.
La sorpresa fue mayúscula. En lugar de acceder a la base de datos se encontraron con mensajes que daban cuenta que algo andaba mal. El hackeo era evidente (ver imagen).
“All your data is backed up (toda tu información está respaldada)”, leyeron en la pantalla los empleados de Bell y Cía.
Las instrucciones eran claras: debían pagar 0.1 bitcoins (más de 3,5 millones de pesos) dentro de las siguientes 48 horas para recuperar la información. Por si fuera poco, los hackers incluso dejaron un link adjunto en los que podían adquirir las criptomonedas.
Rescate
Según se desprende de la querella, el estudio finalmente habría optado por no pagar el rescate exigido por los ciberdelincuentes. En su lugar, se inclinaron precisamente por recurrir a la justicia para esclarecer los hechos.
En el libelo, la firma lamentó el ciberataque, perpetrado “por parte de antisociales que, mediante conocimientos aplicados, han secuestrado la pagina incluso exigiendo un “rescate” para restablecer su funcionamiento, el cual, según indican, accede a la suma de 0.1 Bitcoin, lo que se traduce en $3.581.555,34”.
“Los hechos descritos precedentemente dan cuenta de la peligrosidad de este antisocial o grupo de antisociales, delinquiendo de manera premeditada y organizada, actuando sobre seguro, tomando en cuenta que utiliza o utilizan su sapiencia en informática y tecnología, no comunes o de conocimiento general, para asegurar el resultado del delito”, agregaron.
Así las cosas, el bufete solicitó a fiscalía despachar una orden de investigar a Carabineros y la PDI, con especial énfasis en la Brigada del Cibercrimen de la policía civil.
Además, requirió oficiar a Amazon, firma que hospeda el dominio de la empresa chilena, “a fin de que informe cualquier situación atingente con la investigación de los hechos descritos”.
Este medio intentó en reiteradas oportunidades y por distintos canales obtener un pronunciamiento del estudio jurídico afectado por el ciberataque. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación fue imposible establecer contacto.