No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y es que la “accidentada” licitación de cédulas y pasaportes del Registro Civil entró en una etapa clave. Tras una serie de giros, la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón con un “pequeño” alcance del proceso.
En concreto, el organismo fiscalizador dio luz verde al contrato entre el Estado e Idemia Identity & Security Chile, empresa que obtuvo el segundo puntaje más alto en la licitación y quien actualmente provee el servicio. Eso sí, con un pero: no se especificó el monto estimado del contrato en estudio. Pese a este detalle, la Contraloría estimó que el proceso se “encuentra ajustado a derecho”.
De esta forma finaliza -desde lo administrativo- una de las licitaciones más codiciadas del sector público y que tuvo una serie de ingredientes en su tramitación: demandas ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), presión internacional, lobby, entre otros componentes.
El contrato, firmado el pasado 29 de diciembre, entre el Registro Civil e Idemia, esta última representada por Andrés Álvarez Piñones, socio del estudio Zúñiga Campos Abogados, bufete que fundó el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos, se extenderá por 10 años y busca disminuir el precio de los documentos que emite el organismo.
Pese a lo anterior, el camino para llegar a esta instancia administrativa no estuvo exenta de polémicas. La primera, tal como dio a conocer en su momento la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, tuvo ribetes diplomáticos.
Proceso
Recordemos que el pasado 15 de octubre de 2021 el Registro Civil adjudicó la licitación de cédulas y pasaportes a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) Asino, integrada por las empresas Aisino Corporation, Muhlbahuer, Hisign, IsiStar y Yitu. Un consorcio chino-alemán.
La adjudicación no dejó indiferente a los actores del concurso. Esto porque las demandas ante el Tribunal de Contratación Pública no se hicieron esperar. Idemia, la hoy ganadora, fue una de ellas y acudió a la instancia buscando echar por tierra el decreto de adjudicación. Se sumó también el grupo Sonda-Thales.
Luego vino el factor “Visa Waiver”. Y es que en medio del proceso visitó nuestro país una delegación del Departamento de Seguridad y Territorio Nacional (DHS) y del Departamento de Estado de EE.UU. El fin del viaje, según explicó la Embajada de EE.UU. en Chile, fue para “evaluar la elegibilidad del país y su permanencia en el Programa de Exención de Visa (…) Actualmente, Chile es el único país en el Hemisferio Occidental que participa en este programa”.
Bajo este escenario fue que el Ejecutivo concretó un par de reuniones en las que participó el entonces canciller Andrés Allamand y su par de Justicia, Hernán Larraín, en las que se abordó las posibles consecuencias que implicaría la adjudicación a la UTP Aisino de la licitación. Acto seguido, y tal como adelantó La Radio en su momento, se decidió solicitar dos informes en derecho a expertos en la materia: Luis Cordero y Andrés Jana.
Pasaron 30 días para que el concurso diera su primer gran revés. El 15 de noviembre, por medio de una resolución exenta, el Registro Civil dejó sin efecto la adjudicación a la UTP Aisino. A través de un comunicado de prensa, el organismo expuso que se detectaron una serie de “inconsistencias” las que no fueron “aclaradas por el adjudicatario”.
Tres días antes de aquel acto administrativo, la UTP Aisino envió una “dura” carta al Registro Civil refutando lo solicitado por el organismo que dirige Sergio Mierzejewski. En un pasaje de la misiva, el consorcio chino-alemán retrucó que la solicitud hacía eco a “una acción de impugnación formulada por la empresa Idemia (….) ante el Tribunal de Contratación Pública”.
Pese a los cuestionamientos de Aisino y a las demandas de impugnación que paralelamente se tramitan en el TCP, la licitación siguió su curso. Tres días después de la caída de la UTP Aisino, el Registro Civil readjudicó el concurso. Todo quedó estipulado en la Resolución Exenta N° 431 del 19 de noviembre de 2021. Idemia, empresa que obtuvo el segundo puntaje más alto, 93, 77 puntos, se hizo con la licitación por los próximos 10 años.
Boleta de garantía
Pero tras la readjudicación, Aisino tuvo que rendir cuentas. Esto porque el pasado 17 de enero el Registro Civil, a través de la Resolución Exenta N° 21, realizó el cobro de la boleta de garantía al consorcio chino-alemán. El factor para solicitar dicho pago, según el documento, se debe a las inconsistencias presentadas en la oferta por la UTP. ¿El monto? $100 millones.
“Que, como se puede advertir, la oferta presentada por el oferente (…) no se ajustó a las exigencias estipuladas en las Bases Administrativas de Licitación, toda vez que contenía alteraciones de formato de anexo, eliminación de requisitos técnicos exigidos, correcciones manuales de la información contenida en certificaciones y anexos, inconsistencias y errores manifiestos que, por lo demás, no fueron aclarados por el oferente en la oportunidad otorgada para ello”, señala el texto.
A pesar de que desde la Embajada de China en Chile no han manifestado su malestar respecto a lo ocurrido con la licitación de pasaportes y cédulas de identidad y el cobro de la boleta de garantía, la sensación de la Cancillería no es buena, explican fuentes de Gobierno.
Al parecer, según dan cuenta las mismas fuentes, ha sido a través de lobbistas de China y parlamentarios chilenos, que se ha dado a entender que el gobierno asiático va a actuar de la misma forma como lo hizo años atrás con Australia y Nueva Zelanda. Poco a poco se irían alejando de Chile y dejarían los negocios, alianzas comerciales y tratados poco a poco.
Por esto, añaden, el Gobierno entregó la licitación de todo el tendido eléctrico de la zona norte del país a una empresa china, de cierto modo para “compensar” lo ocurrido con el Registro Civil. Todo con la intención de que no se concrete lo advertido y vuelva a existir la misma relación de siempre con China, la que para miembros del Ejecutivo ha traído grandes beneficios para los chilenos.
Según especialistas en la materia, el cobro se encuentra ajustado a las Bases de Licitación. Si la UTP Aisino presentara algún reparo, comentan, podría presentar recursos administrativos o recurrir a la justicia civil alegando la improcedencia del cobro de la boleta de garantía. Las mismas fuentes explican que la licitación entró en tierra derecha, próxima a comenzar la ejecución del contrato.
Pese a lo anterior, aún se mantienen vigentes algunos juicios al interior del Tribunal de Contratación Pública. Son estos, a medida que vayan finalizando, los que marcarán el fin definitivo de este accidentado proceso licitatorio. Sonda-Thales, por ejemplo, aún sigue dando la pelea.
Críticas al proceso
En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Julio Peña Tobar, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación (Anercich), expone sus críticas al proceso. Al respecto, señala que al “gobierno nunca le llamó la atención el resguardar la identidad de las personas, al contrarió solo se dedicó a externalización y privatización”.
Respecto a Idemia, Peña señala que la elección le parece “muy mala”. Esto, agrega, porque “nunca se hicieron cargo de las multas cursadas y de la mala calidad de los productos: chips quebrados, cédulas rotas, y mala calidad”.
Sobre los giros que tuvo la licitación, el presidente de la Anercich comenta que esto “deja mal parado al Estado de Chile. Primero, hacen unas bases entre cuatro paredes, después le entregan (la licitación) a una empresa determinada, y al final por presiones políticas y también entre cuatro paredes dejan afuera a una empresa que la nombraron ganadora”.
Finalmente, cuestiona al director de la institución, Sergio Mierzejewski. “Es el principal que debe dar un paso al costado asumiendo el día 11 el nuevo gobierno”, dice. Y hace un llamado al futuro presidente de “guiar el resguardo de la identidad de las personas y cuidar lo más valioso que es tener servicios públicos de calidad a disposición de la ciudadanía”.
“Bien superior de los chilenos”
A través de una declaración pública, desde el Registro Civil señalaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que la licitación tuvo un costo de 226 millones de dólares a valor hoy. Esto, apuntan, es comparativamente “menor a los 700 millones de dólares que le ha costado al país la provisión de este servicio en los últimos 10 años”.
Bajo el nuevo modelo de identificación, agregan, se “contemplan la máxima calidad y requerimientos técnicos en materia de identificación, con los mayores estándares de seguridad y confidencialidad a nivel mundial, con una significativa reducción de los costos para el Estado de Chile”.
Sobre el proceso licitatorio, que llegó a su fin desde el punto de vista administrativo, señalan que “el objetivo final ha sido el bien superior de los chilenos, la seguridad y confidencialidad de sus datos, las mejores condiciones económicas posibles para el país y para los chilenos”.
Respecto al precio de los documentos, señalaron que las “cédulas de identidad mantendrán su valor y los pasaportes, que hoy están entre los más caros del mundo, verán rebajado su precio a la mitad”.