Deuda de $13 mil millones en cotizaciones y más: desorden municipal de La Serena termina en fiscalía

La Contraloría General de la República derivó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes recopilados en una reciente auditoría que detectaron que la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV) de La Serena, realizó transferencias irregulares entre cuentas corrientes por miles de millones de pesos y no pagó las cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores.

Esto último se traduce en una abultada deuda que, a la fecha, alcanza una suma que supera los 13 mil millones de pesos.

El documento también detalla que existieron cheques girados que fueron protestados por falta de fondos, originando intereses por sobregiro que sobrepasan los 9 millones de pesos, cifra que debió ser desembolsada por la propia corporación municipal.

A través del informe de 140 páginas -analizado por la Unidad de Investigación de BioBioChile- el organismo fiscalizador entrega a la entidad edilicia un plazo de 60 días hábiles para ordenar la casa. Sin perjuicio de ello, iniciará un reparo con el que se buscan recuperar para las arcas fiscales unos $225 millones.

“A mí me hablaban de 9 mil millones. Puede ser más o puede ser menos. Yo creo que en tema de números hay que entrar a analizar más fino, pero si la Contraloría dice que es eso, mientras nosotros no acreditemos lo contrario, tenemos que pensar que lo que está diciendo es a lo que tenemos que abocarnos y tratar de solucionar”, asegura el alcalde de La Serena.

Lea el informe

Trabajadores sin cotizaciones

Dentro de los principales hallazgos revelados por la Contraloría destaca la cuantiosa deuda que mantiene la Corporación Municipal GGV por el no pago de cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores de todas las áreas.

Si bien en un principio la propia administración comunal reconoció una morosidad el 31 de diciembre de 2020 de $7 mil millones por este concepto, el organismo fiscalizador fijó el monto real a esa misma fecha: $13.258 millones.

Esto último, se logró luego de contabilizar la deuda nominal más los intereses, multas y recargos generados por el no pago oportuno de las cotizaciones.

“En mérito de lo expuesto, esa corporación deberá efectuar el pago de las sumas adeudadas, indicando el origen de los montos utilizados para dicho efecto (…) informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles”, reza el documento emanado desde el organismo fiscalizador.

Transferencias que van y vuelven

Hay más. De los antecedentes obtenidos directamente de la página web del BancoEstado por Contraloría, se analizaron 21 cuentas corrientes que administraba la corporación. Específicamente las transferencias e ingresos durante todo 2020.

Tras esto, se constató que existieron diversos traspasos desde la cuenta corriente de Salud con destino a las cuentas de Educación: Subvención Escolar Preferencial (SEP), Programa de Integración Integral (PIE) y Vía Transferencia de Fondos Junji (VTF), por un monto de más de 2 mil millones de pesos.

Lo propio ocurrió viceversa, pero por un monto mucho menor. Desde las cuentas corrientes de SEP, PIE y VTF, existieron transferencias hacia la cuenta de Salud, por un total de sólo $205 millones.

Todo ello derivó en una disminución en los saldos de las cuentas corrientes de esta última área por un monto que supera los $1.800 millones.

De acuerdo a lo consignado por la Contraloría, la casa edilicia deberá acreditar documentalmente los fundamentos que tuvo a la vista para efectuar cada uno de los movimientos entre las cuentas corrientes objetadas. Asimismo, deberá remitir los análisis contables que acreditan el correcto registro de los movimientos generados y el adecuado control respecto a dichos traspasos.

“Sin perjuicio de lo señalado, se procederá a remitir copia de este documento a la Fiscalía Local de La Serena del Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a la Superintendencia de Educación, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y al Servicio de Salud, todos de Coquimbo, para los fines a que haya lugar”, versa el escrito.

“La educación en este país no se financia”

Requerido por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob (Partido Radical), argumenta en defensa de la corporación que este es un problema que también existe en otros municipios.

“Todos sabemos que la educación en este país no se financia, por eso se está desmunicipalizando. Este es un tema que no solo tiene la corporación de La Serena, yo creo que más de las 3/4 partes de los municipios tienen este problema. Por lo tanto, aquí hay que ordenarse”, asevera.

La autoridad municipal reconoce que sí ha existido un desorden en los dineros: “Muchas veces se han pagado sueldos y se ha hecho traspaso de platas que no corresponden, de Salud a Educación, pero eso lo vamos a ordenar. Por eso hice un cambio del secretario general que tiene estrictas instrucciones de transparentar absolutamente todo y de empezar a pagar de manera segura la previsión al día”.

No hay plata para los cheques

Durante todo 2020, la Corporación Municipal, desembolsó más de 215 millones de pesos asociados a 54 decretos de pago sujetos a revisión por concepto de multas, recargos, intereses y otros, por el atraso en el pago de cotizaciones previsionales y de salud correspondiente a los años 2014 hasta el 2020. ¿El problema? Dichos pagos no se ajustaron a la normativa vigente, sumando así un nuevo problema para el organismo serenense.

Las irregularidades continúan. La Contraloría incluso detectó la existencia de cheques que fueron protestados por falta de fondos. Eso originó impuestos de cheque protestado e intereses por sobregiro, empinándose la cifra a más de 9 millones; monto que -una vez más- debió desembolsar la corporación.

A raíz de esta situación, la Contraloría anunció la formulación del reparo correspondiente para recuperar a las arcas fiscales $225 millones de pesos.

“Vamos a tratar de mejorar en lo que más podamos. Transparentar y tratar de responder. Y hacer un convenio con la Controlaría para que nos vaya guiando cómo hacer mejor las cosas”, expresa el alcalde de La Serena, quien ocupa el cargo desde 2012.

Para evitar que la situación vuelva a repetirse, la Contraloría ya alista una nueva fiscalización que iniciará el segundo semestre de 2022.

Compromiso de pagar la previsión de los trabajadores

Consultado por este medio, el actual secretario general de la Corporación Municipal GGV, Ernesto Velasco, reconoce que el documento de la Contraloría es complejo, pero asegura que es una deuda que pagarán.

“Plantea una serie de reparos la Contraloría que no son saludables para una institución, y por cierto que nosotros nos vamos a abocar en los tiempos que la Contraloría ha determinado en cada uno de los ítems. Dar las respuestas y sobre todo rectificar y modificar aquellos aspectos que nos está demandando”, afirma.

También detalla que habló con el alcalde para definir los pasos siguientes y poder ordenar los dineros.

“Yo tomé una decisión drástica. Se va a hacer una auditoría de carácter previsional para poder establecer realmente lo que son los montos de deudas, porque esto va cambiando, es dinámico”, dice.

Y sentencia: “Este informe es del año 2020, por lo tanto, hace referencia a lo que son el capital neto, pero hay que sumar multas e intereses, y hay instituciones distintas con las cuales se pueden condonar deudas. Por ejemplo el IPS, que nosotros logramos condonar 3 mil millones, dejamos 489 (millones) de capital neto. Por ende, haremos una revisión muy acuciosa para hacernos cargo a futuro. También pagar la deuda”.