El nombre del polémico exobispo de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán, volvió recientemente a tribunales.
Su antigua congregación ingresó una querella criminal por la simulación de un contrato que -acusan- le permitió quedarse con cuatro marcas asociadas a la Primera Iglesia Metodista Pentecostal (PRIMP), pese a ya estar destituido del cargo que ocupó por más de 15 años en esa organización cristiana.
Y aunque el libelo -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile- es contra quienes resulten responsables, la PRIMP lo apunta con nombre y apellido.
La caída del obispo
La historia va así. La tarde del 1 de junio de 2019, 17 diáconos asociados a la Jotabeche -como se conoce comúnmente a la institución eclesiástica- llegaron de punta en blanco a la reunión donde se discutiría la salida de Durán.
Sus polémicas habían calado hondo en el mundo evangélico. Líos amorosos y millonarios diezmos que iban a parar a sus bolsillos terminaron sellando su destitución.
¿El resultado? Unánime. 17 a cero terminó la votación con la que los diáconos le propinaron una dura derrota al entonces número uno de la iglesia evangélica criolla.
Hasta ahí, historia conocida. Sin embargo, esta nueva querella criminal interpuesta por la Jotabeche da luces de los hechos fraudulentos en los que habría incurrido el líder espiritual tras su caída del poder.
Juez y parte
En efecto, la acción judicial -patrocinada por el abogado Carlos Neculhueque Arriaza- acusa cómo Durán tras ser despojado de su cargo solicitó la certificación notarial de la vigencia de sus poderes como representante de la Iglesia. Algo que se hizo efectivo.
Según se lee en la presentación, premunido con los documentos -y pese a ya estar destituido- firmó un contrato de compraventa de cuatro marcas comerciales pertenecientes a la Iglesia.
Lo llamativo, apunta la querella, es que Durán actuó como comprador y vendedor al mismo tiempo, para así quedarse con las identificaciones comerciales de la congregación.
En simple: juez y parte, pese a que dentro de las facultades con las que en algún momento contó Durán, “no se encontraba la de autocontratar”, precisa el libelo.
Y aunque desembolsó 2 millones de pesos en la transacción, hoy la iglesia califica esa suma como “irrisoria”.
“Así, aún cuando se considerara que efectivamente obró bajo el mandato de la iglesia, queda en evidencia como se extralimitó completamente respecto de las facultades que el mismo le confería”, se detalla en el escrito.
“Torcer la realidad”
De este modo, una vez concretada la compraventa, añade la querella, entre julio y septiembre de 2019 el exobispo presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) la solicitud de transferencia de los cuatro registros.
A saber:
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De las cuatro, ésta última no fue pagada, por lo que no quedó inscrita.
“Lo esencial en este engaño (en contrato simulado) es cómo se tuerce la realidad, cómo se hace figurar frente a terceros y especialmente frente a la víctima, una verdad aparente, disfrazada con la máscara de la simulación, cuyo objetivo y resultado es la afectación de un patrimonio ajeno”, se lamenta la Jotabeche.
Por todo esto, el abogado de la iglesia solicitó que el exobispo Durán, así como los demás partícipes, sean condenados a una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, el máximo de la multa y accesorias legales, con costas.
Asimismo, pidió al Ministerio Público que se emita una orden de investigar a la Policía de Investigaciones para esclarecer los hechos y que se cite a declarar a Durán.
La querella ya fue remitida a la Fiscalía para investigar la denuncia.
La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó comunicarse con el exobispo Eduardo Durán en reiteradas oportunidades sin respuestas.
Ante la negativa del pastor, requerido por este mismo medio, su hijo -el diputado Eduardo Durán Salinas- se limitó a explicar que su padre se encuentra residiendo en una parcela, retirado de las actividades de la iglesia, sin poder así conseguirse una declaración por este caso.