La Contraloría General de la República remitió ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes recopilados en una reciente auditoría, luego de que detectara nuevas irregularidades en la Municipalidad de San Ramón.
Esta vez, el organismo de control reveló beneficios en plena pandemia a fallecidos y menores de edad, además de advertir la entrega de ayuda a personas con vínculos de matrimonio o parentesco respecto de más de 220 autoridades y funcionarios de la casa edilicia. Todo ello, bajo la gestión del exalcalde, Miguel Ángel Aguilera.
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La conclusiones constan en un documento de 109 páginas -analizado por la Unidad de Investigación de BioBioChile– donde también se menciona el uso de un call center levantado con dineros públicos para apoyar la campaña a la reelección del exjefe comunal.
La indagatoria derivó además en la apertura de un procedimiento disciplinario que sustanciará la propia Contraloría. En total, no existen respaldos para el desembolso de dineros municipales por más de 830 millones de pesos.
“Queda de manifiesto lo que siempre he denunciado: la gestión pasada utilizó todos los recursos municipales de la gente para sus ambiciones personales”, fustiga el actual alcalde Gustavo Toro.
Todo en familia
Una de las primeras irregularidades detectadas en la auditoría es la entrega de cajas de mercadería y vales de gas a familiares de funcionarios municipales.
En efecto, la Contraloría estableció que 229 beneficiarios tienen relación de matrimonio, parentesco u otro vínculo con concejales y empleados de la casa edilicia.
Aquí aparecen padres, hijos, hermanos, maridos, exesposas, sobrinos, suegros, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, yernos y nueras de los servidores de la Municipalidad de San Ramón (ver anexo 7 del informe, página 84).
Dado que los involucrados no aportaron la información que fue requerida por Contraloría, no se pudo descartar que los propios servidores municipales o los ediles involucrados hayan tenido alguna participación en dichas entregas.
En dicho caso, detalla la Contraloría en su informe, “se configuraría una infracción a la obligación que le impone la ley (…) en orden a abstenerse de intervenir, en razón de sus funciones, en los asuntos en que tengan interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, como asimismo en aquellos en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad”.
Beneficios a personas nacidas… hace 154 años
Pero hay más. También se comprobó que 131 personas “recibieron” los beneficios pese a estar fallecidas, según consta en la base de datos del Registro Civil.
Y se verificó la existencia de ocho personas que -pese a no figurar en las inscripciones de dicho servicio- al revisar su fecha de nacimiento se detectó que sobrepasan los 120 años de edad.
De acuerdo al informe, uno de los beneficiados incluso nació en 1865.
Es decir, hace 154 años, 7 meses y 23 días (hasta la fecha de elaboración del informe de Contraloría).
“La entrega de beneficios a personas fallecidas ha vulnerado la obligación de los servidores municipales de observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley”, versa el documento emitido por el órgano contralor.
Dicho sea de paso, también se comprobó la entrega de ayuda a 71 menores de edad sin que conste que hayan sido asistidos por una persona adulta en su recepción y se verificaron 73 RUT con errores, por lo que no se pudo comprobar la existencia del beneficiario.
Y peor aún: una vecina denunció ante la Contraloría la falsificación de un acta de entrega de ayuda, que -dice- nunca recibió.
En la hoja constaría su domicilio, su nombre y supuesta firma. Sin embargo, asegura que no recibió ninguna caja de mercadería, añadiendo que el día en que supuestamente fue la entrega, nadie se encontraba en su domicilio.
Estos hechos, al ser eventualmente constitutivos de delitos, la Contraloría evitó dar un pronunciamiento y derivó los antecedentes al Ministerio Público.
¿Ayuda a cambio de votos?
Las irregularidades suman y siguen. Según expresa la Contraloría en su informe, otra de las denuncias recibidas en medio de la indagatoria apuntaba a la supuesta entrega de beneficios a personas que cambiaran su domicilio electoral a San Ramón, a fin de que votaran por el entonces alcalde Aguilera.
En buen chileno, ayuda a cambio de votos.
Y si bien el ente fiscalizador no pudo establecer faltas, sí constató que 200 personas que cambiaron su domicilio previo a las elecciones recibieron aportes de parte de la municipalidad.
14 de ellos incluso presentaron una misma dirección.
“En relación con lo anterior, cabe aclarar que lo verificado se trata de una constatación de hechos, no siendo una observación propiamente tal”, explica el organismo fiscalizador.
El call center
La Contraloría comenzó a investigar el actuar de la casa edilicia, luego de que Ciper revelara cómo funcionarios municipales dejaron sus tareas diarias. ¿La razón? Trabajar en la campaña a reelección del entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS) a través de un call center.
Con ese antecedente a la vista, el organismo de control requirió que el municipio aportara todos los antecedentes para determinar eventuales irregularidades.
Sin embargo… la información nunca llegó.
Según se lee en el informe final de la Contraloría, la anterior administración no dio respuesta a sus consultas, algo que al ente fiscalizador no le impidió establecer vulneraciones a la normativa vigente por parte de la Municipalidad.
“Sin perjuicio de la omisión de la entrega de información, de los documentos recabados, tales como, denuncias de recurrentes; los antecedentes que respaldan sus denuncias, y las diversas publicaciones en diferentes medios de comunicación, audiovisuales y escritos, constituyendo hechos de público conocimiento, aparece que, eventualmente, se habrían utilizado recursos municipales,
tanto materiales como humanos, para efectuar campaña de carácter político partidista“, asevera el informe.
Esto, justamente contravendría el principio de probidad administrativa.
Precisamente, audios revelados por Ciper constatan cómo empleados municipales llamaban a los vecinos de la comuna para medir sus preferencias electorales e incluso muestran al jefe del call center ofreciendo licencias médicas para justificar el ausentismo laboral en la casa edilicia.
Beneficio personal
Además del call center, la Contraloría acogió la denuncia del entonces concejal y hoy alcalde de la comuna, Gustavo Toro, quien en la oportunidad apuntó a Aguilera por “actos políticos de defensas personales ocupando espacios municipales y funcionarios en horario de trabajo”.
Consultado al respecto por este medio, Toro reiteró este jueves sus críticas al exjefe comunal y apuntó que este informe deja de manifiesto que la Municipalidad “siempre se ocupó como instrumento de captación de votos, de forma desmedida y sin considerar el costo que esto tenía”.
En esa línea, la actual primera autoridad de San Ramón calificó de “grave” la actuación de los entonces funcionarios municipales que entregaron ayudas a sus familiares y el uso de dependencias públicas para favorecer intereses políticos.
“Queda de manifiesto lo que siempre he denunciado: la gestión pasada utilizó todos los recursos municipales de la gente para sus ambiciones personales”, fustigó Toro.
El exalcalde Aguilera actualmente se encuentra en prisión preventiva, imputado por delitos de corrupción.
Ahora es deber de la Fiscalía Metropolitana Sur y del Consejo de Defensa del Estado perseguir los hechos constatados por Contraloría.
A fiscalía: Contraloría revela campaña con recursos públicos y beneficios a muertos en San Ramón
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