De magistrado a testigo: juez se inhabilita en caso de colega que ayudó a hijastro narco

El juez titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, presentó su inhabilitación en la causa que se sustancia en ese tribunal en contra de la magistrada Cecilia Urbina Pinto.

Esta última está investigada por haber entregado información a su hijastro narco sobre la indagatoria que seguía en su contra el Ministerio Público para así eludir la justicia.

Según el escrito ingresado este martes por Devaud -al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile– su salida del caso se explica porque a mediados de agosto de este año fue invitado por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, a prestar declaración.

Lea la resolución

En la instancia, el magistrado aportó antecedentes en lo referido al acceso de los jueces al sistema informático del Poder Judicial, hechos que están relacionados justamente con la indagatoria contra Urbina, lo que le impide seguir tramitando el caso.

“Me declaro: inhabilitado para conocer de esta causa, por existir causal precisa de recusación”, versa la resolución firmada por el propio Devaud.

“Pasen los antecedentes a juez no inhabilitado que corresponda”, añade.

La presentación del juez se produce luego de que la Corte Suprema confirmara la legalidad de la querella de capítulos interpuesta por la Fiscalía de Aysén por los delitos de prevaricación y revelación de secreto.

Por estos hechos, la suspendida jueza será formalizada el próximo 21 de diciembre.

El Matanga

Tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, todo comenzó a principios de enero de 2021, cuando la PDI realizaba escuchas a un grupo narco de la zona. Quien daba las órdenes para coordinar una entrega de drogas, era Jorge Cáceres Vásquez, apodado “el Matanga”.

Para sorpresa de la fiscal María Inés Núñez, este último resultó ser hijo biológico de Jorge Cáceres Osses, quien es el marido de Cecilia Urbina.

El hecho encendió las alarmas en el Ministerio Público, ya que las diligencias intrusivas encargadas durante la investigación, eran precisamente resueltas por Urbina.

Para interceptar el teléfono de el “Matanga”, la perseguidora solicitó la diligencia a otro magistrado, para evitar la filtración y solicitó que la tramitación fuera secreta.

De poco sirvió, ya que a fines del mismo mes Urbina ingresó al sistema informático del Poder Judicial y revisó el expediente judicial, donde estaban las medidas intrusivas que afectaban a su hijastro.

De acuerdo a los antecedentes de la fiscalía, los datos fueron transmitidos a su pareja. Por esta razón, a principios de febrero de 2021, este último se reunió con el “Matanga” en una estación de servicio y le contó que su celular estaba “pinchado”.

Este hecho derivó en que el el narco-hijastro se deshiciera del aparato, revelara lo propio a sus cómplices y que la PDI perdiera una importante fuente de información.

Estrategia

Para acreditar que la magistrada filtraba información secreta, la fiscalía solicitó al tribunal de garantía de Coyhaique la interceptación de su teléfono móvil, como también del marido.

En la escucha de la policía civil, fue captada una conversación que Urbina sostuvo con una funcionaria judicial.

“¿Te acuerdas que yo siempre me fijaba en la 419-2019, porque en esa causa la María Inés (la fiscal) la utiliza para hacer un montón de investigaciones y después cuando los detiene forma otra (…) ahí salió lo de Tochita (…) donde está metido Jorge (“El Matanga”) (…) y ahora está investigando otra cosa, pero me llamó la atención que el 6 de julio, porque yo siempre la veo para ver en qué va, presentó un escrito (…) en que solicita que se informe (…) qué personas a partir del mes de enero del 2021 han entrado a la causa a verla (…) como que nosotros no tenemos cómo ver eso, ¿cierto?”.

Y agregó: “Le pregunté a Mauricio para (saber) qué querrá eso, entonces no sabemos (…) me dijo que siempre (la fiscal) dispara para otros lados, pero al final es recobarde y no hace nada, ¿cachai?”.

En el audio, también reconoció que aún cuando el expediente digital era secreto, a su juicio ese hecho no aplicaba para los funcionarios de la judicatura: “(…) aunque yo me hubiese inhabilitado, igual uno puede seguir mirando las causas”, indicó Urbina.