San Ramón: el portazo judicial a concejal condenado por corrupción para iniciar nueva vida en Canadá

Con el pasaje en la mano y destinado a continuar viviendo en casa de su madre. Así se quedó el exconcejal de San Ramón, José Miguel Zapata, quien fuera condenado por actos de corrupción mientras trabajaba en el municipio de esa comuna.

Derivado de la causa judicial en su contra, el ex edil se mantiene con arraigo nacional. Así, recientemente solicitó permiso ante la justicia para viajar a Canadá.

¿El objetivo? Concretar alguna de las ofertas de trabajo que asegura tener en el país norteamericano tras caer en desgracia en Chile.

El nombre de José Miguel Zapata saltó a la palestra pública en 2018, en medio de la investigación contra el entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS) y luego de que la Contraloría General de la República determinara que el concejal electo en 2016 operaba desde el municipio y el Gobierno Regional para adjudicar millonarios contratos a una empresa de la cual era parte.

Allí comenzó la caída del sicólogo nacido en Puerto Saavedra, quien el martes 5 de noviembre de 2019 fue destituido de su cargo, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmara por cinco votos contra cero el fallo del Tribunal Electoral Regional por faltas graves a la probidad.

Intento de fuga

En la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Miguel Zapata era hombre clave. De ahí que su primer intento por abandonar el país -precisamente hacia Canadá- el 7 de mayo de este año encendió las alertas.

Fue al interior del Aeropuerto de Santiago donde funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI detuvieron al exconcejal justo antes de que abordara la aeronave con destino a Norteamérica.

Su formalización, que estaba agendada para septiembre de este año, terminó llevándose a cabo al día siguiente: el sábado 8 de mayo, instancia en que a petición del Ministerio Público se decretó su prisión preventiva.

Pasaron los meses y finalmente el 20 de octubre de este año Zapata Vergara fue condenado en un juicio abreviado por cohecho y negociación incompatible reiterados en el tiempo, delitos por los cuales se le impuso una pena de 3 años y otra de 541 días respectivamente.

Pese a los hechos de corrupción, no debió pasar tiempo tras las rejas. Su castigo fue reemplazado por el 15º Juzgado de Garantía de Santiago por libertad vigilada intensiva por el cohecho y la remisión condicional de la condena respecto de la negociación incompatible.

Problemas personales

No obstante gozar de la anhelada libertad, la vida personal del sicólogo graduado de la Universidad de Concepción no ha ido como esperaba. Al menos así lo relata su abogado, Ernesto Reyes Pavez, en una solicitud ingresada ante el tribunal que sustancia su causa.

En el documento de cinco páginas que tuvo a la vista la Unidad de Investigación de BioBioChile, cuenta que las condenas que le fueron impuestas no lo dejan salir del país, lo que le impide hacer vida de casados con su esposa marroquí Houda Saadaoui, quien se encuentra cursando un magíster en Montreal.

También se lamenta por la pena accesoria impuesta que lo mantiene inhabilitado para ejercer cargos u oficios públicos durante 14 años. A su juicio, esto le impediría “obtener trabajo para su plena reinserción en la sociedad” y por ende, cumplir con sus obligaciones como padre de dos hijos.

Consecuencia de esto último, el sicólogo de 49 años nacido en Puerto Saavedra está pasando por una complicada situación económica y, de hecho, se encuentra viviendo temporalmente con su madre de acuerdo a un informe social adjunto en la solicitud.

De ahí la importancia del viaje, pues le permitiría llegar a buen puerto con alguna de las ofertas de trabajo en Canadá, donde el exconcejal condenado cuenta con una visa de trabajo aprobada.

En el mencionado informe, además, se detalla que el hijo menor del exconcejal que está viviendo también en Canadá requiere de cuidados especiales, lo que dificulta el desempeño académico de su esposa de cara a los exámenes finales programados para diciembre.

Revés judicial

En base a los antecedentes expuestos, el tribunal decidió fijar para el lunes recién pasado la audiencia donde se debatió la medida cautelar.

Tal cómo se había adelantado en la solicitud, con la finalidad de que Zapata Vergara pudiera “concretar sus proyectos laborales y así responder con sus obligaciones pecuniarias y de cuidado con su familia”, la defensa del condenado solicitó el alzamiento del arraigo entre los días 4 y 25 de diciembre.

El plan parecía perfecto. Los pasajes ida y vuelta de American Airlines, por un valor cercano al millón de pesos, fueron puestos sobre la mesa del tribunal.

Sólo el querellante, un abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se opuso. Por su parte, el Ministerio Público estuvo por permitir el viaje siempre y cuando se dejara en garantía una fianza de retorno de alrededor de $5 millones.

No obstante los antecedentes presentados, el juzgado capitalino le dio un portazo a Zapata.

“El tribunal resuelve: No se hace lugar a la petición de la defensa, de autorización de viaje al país de Canadá”, versa la resolución.

Consultado su abogado defensor por el caso se excusó de no estar autorizado para entregar detalles a medios de comunicación. El exconcejal deberá seguir purgando su pena en Chile.