La caja con repuestos y accesorios para armamento de guerra -enviada desde Estados Unidos- tenía como destino final Temuco. Allí la esperaba un excandidato a alcalde por la comuna de Vichuquén fanático de las armas, que ahora se encuentra en prisión preventiva.

Se trata de Cristián Bravo Cabezas, cuyo domicilio está emplazado en pleno centro de la capital de La Araucanía. Eran las 14:00 horas del jueves recién pasado cuando dos detectives de la PDI se dejaron caer en su departamento.

Lo hicieron encubiertos, simulando ser los repartidores de Correos de Chile que llevaban su encargo, según consta en informes del expediente judicial a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile.

¿El objetivo? Concretar la entrega de las piezas y -desde luego- detener al receptor. Y así ocurrió.

Sin detectar que se trataba de policías, el ingeniero civil en electricidad, de 38 años, firmó conforme la recepción de la encomienda y abrió así una caja de pandora que le salió caro.

Viaje exprés

Tres días antes, el lunes 22 de noviembre, personal de la PDI llegó hasta la oficina del Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Habían sido alertados del hallazgo de un paquete que contenía partes plásticas y metálicas utilizadas en la industria armamentista.

¿El remitente? El propio Bravo Cabezas, quien a principios de mes había realizado un viaje exprés a EEUU. Su finalidad justamente era importar los implementos para luego -se presume- venderlos o emplearlos en la reparación de armamento.

Los detectives se movieron rápido y dieron con el domicilio del imputado. Y cuando este último supo que los repartidores no eran repartidores, sino agentes encubiertos, no tuvo opción.

Acorralado y quizás a sabiendas de que su cooperación con la justicia puede ser considerada posteriormente como una atenuante, autorizó voluntariamente que el personal policial hiciera ingreso a su domicilio.

El arsenal

A medida que se internaron en el departamento, el arsenal fue saliendo a la luz. Sólo algunas de las armas, 10 para ser exactos, estaban debidamente inscritas en la Dirección General de Movilización Nacional.

La “colección”, sin embargo, era mucho más amplia. Y desde luego peligrosa.

El detalle es el siguiente:

-Una pistola semiautomática marca Astra, calibre .380
-Una pistola semiautomática marca Bersa Thunder 22, calibre .22
-Una pistola semiautomática marca CZ P-07, calibre 9×19
-Una carabina marca Inlanda M1, calibre .30
-Un rifle marca CZ 527, calibre .223
-Un fusil marca Daniels Defense M4, calibre 5.56 x 45mm
-Una pistola semiautomática marca Glock 23, calibre .40
-Una pistola semiautomática marca Bersa Thunder 380, calibre .380
-Una escopeta marca Maverick, calibre 12
-Un rifle marca Remington 341, calibre .22
-Una pistola marcra Norinco, calibre .22
-Tres fusiles modelo M4 Carbine, calibre 5,56 x 45mm

No era todo. En la bodega del departamento -según constataron los policías- Bravo Cabezas mantenía además un taller clandestino de elaboración, reparación y modificación de armas de fuego.

Se presume que éstas eran comercializadas, aunque se desconoce su destino final.

De candidato a alcalde a traficante de armas

Fue a principios de este año cuando Cristián Bravo Cabezas, nacido en Concepción, inició su camino para convertirse en alcalde por la comuna de Vichuquén, ubicada al norte de región del Maule.

El ingeniero civil en electricidad graduado de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) realizó su campaña mayoritariamente a través de las redes sociales, excusándose de no optar por la presencialidad debido a las restricciones propias de la pandemia.

Concretamente a través de Instagram y Facebook -el por esos días candidato independiente al sillón alcaldicio- difundió algunas de sus principales propuestas, las que sólo le alcanzaron para conquistar a 118 votantes.

Abrir más delegaciones en la comuna y reducir el sueldo del alcalde en un 10% para destinar los recursos a la Educación Superior fueron los ejes de una campaña para el olvido.

Tras obtener un escueto cuarto lugar en los comicios que terminó ganando Patricio Rivera con 1.456 votos, el profesional decidió retomar sus negocios personales.

De acuerdo a la indagatoria, el imputado registra inicio de actividades en 2019 por servicios de seguridad privada independiente y es propietario de un club de tiro en Temuco.

“Debo señalar que soy dueño de un club de tiro y mantengo licencia como deportista de la DGMN, por lo que mantengo diez armas de fuego inscritas de distintos calibres y modelos, las cuales mantengo el registro de ellas en mi domicilio particular”.

Extracto de la declaración

¿Y las armas largas? “Debido a la tenencia ilegal (…) que mantengo en mi domicilio, debo indicar que son provenientes desde Estados Unidos, las cuales las interné mediante encomiendas desarmándolas en partes y otras de estas las interné en mi equipaje cuando ingreso a Chile”, testimonió voluntariamente ante la PDI.

Allanamientos múltiples

Decidido a colaborar para disminuir los años de su eventual condena, tras ser detenido Bravo Cabezas le facilitó a los policías la clave de acceso a su teléfono celular, además de algunos nombres y direcciones que podrían ser de interés.

Gracias a la declaración y a la revisión de los chats de su WhatsApp, la policía logró establecer que el individuo en cuestión se dedicaba a la comercialización, reparación y modificación ilegal de armas de fuego de diverso calibre

Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos Metropolitana, desde donde se gestionaron órdenes de entrada y registro en siete domicilios de Temuco y uno de Talcahuano, en la región del Bío Bío.

Como era de esperar, en los allanamientos se encontraron decenas de pistolas, fusiles, carabines, rifles y municiones internadas y comercializadas por Bravo Cabezas.

De no mediar cambios, el imputado ahora deberá continuar en prisión preventiva al menos por los 120 días que -en principio- duraría la investigación a cargo de Sergio Soto Yáñez, fiscal jefe de Focos Investigativos en la Fiscalía Occidente.

El propio Bravo, de acuerdo a los antecedentes en el expediente judicial, quiere seguir colaborando con la indagatoria. De hecho, declaró que mantiene “información relevante que podría ayudar” en el futuro.

En tanto, la policía y el Ministerio Público buscan establecer vínculos entre las armas importadas y bandas del crimen organizado.

Precisamente, parte de la investigación destinada a conocer el destino final del armamento fue declarada secreta.