"Esconde letra chica": proyecto de La Moneda busca privatizar terrenos de playa fiscales

El Gobierno, a través de los ministerios de Bienes Nacionales y Defensa, ingresó al Congreso un controvertido proyecto de ley para permitir la transferencia -en dominio- de terrenos de playa fiscales ubicados en el norte del país a personas naturales o jurídicas que lo soliciten.

En simple, la iniciativa permite enajenar dichos terrenos fiscales y ponerlos en manos de privados para que se desarrollen allí actividades comerciales en pos del desarrollo económico.

La propuesta debe ser ahora revisada por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y tiene como objetivo, según argumenta el Ejecutivo, regularizar la propiedad y promover la inversión en el borde costero de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama.

Todo esto a través de la cesión a privados de terrenos de propiedad del Fisco contiguos a las playas y que están “localizados en la faja ubicada a una distancia de hasta 80 metros de ancho, medidos desde la línea de la playa de la costa literal o línea de las más altas mareas”, según señala el documento que tuvo a la vista la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Concretamente, se trata de terrenos de dominio fiscal, no bienes nacionales de uso público, que forman parte del borde costero de la Macrozona Norte y son administrados por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa.

En la actualidad aquellos inmuebles únicamente pueden ser transferidos -sin dominio- mediante concesiones marítimas a privados, lo que a juicio del Gobierno dificulta la inversión.

Lea el proyecto

La voz de alerta

La iniciativa legal de La Moneda, sin embargo, no pasó desapercibida. Fue el diputado por la región de Antofagasta y quien en la última elección resultó electo senador por la zona, Esteban Velásquez, quien dio la voz de alerta y presentó ante la Cámara Baja un proyecto de resolución.

¿El objetivo? Solicitar formalmente al presidente, Sebastián Piñera, aclarar las intenciones reales del proyecto ingresado el 15 de noviembre recién pasado, a pocos meses de que finalice su mandato.

—Nos parece que el Gobierno no puede insistir con este proyecto de transferir el dominio de terreno de playas fiscales a privados, particularmente en regiones del norte. Lo que se necesita como una etapa preliminar es una discusión al interior de estas regiones, de diversos actores antes de proponer una política pública de este tipo.

A juicio del diputado del partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS), es positivo que se avance en la regularización de los terrenos, aunque advierte que la iniciativa esconde “letra chica” que terminará beneficiando a los grandes consorcios y a quienes poseen casas de veraneo en la zona costera.

Así lo señala también el propio diputado en el proyecto de resolución, donde se enumeran varios de los “problemas” que presenta la iniciativa legal impulsada por La Moneda.

Por un lado se hace hincapié en que la propuesta legislativa no es clara respecto si las transferencias de dominio de terrenos fiscales serán a título gratuito o a título oneroso, lo que podría provocar -a modo de ejemplo- que sociedades inmobiliarias accedan a los terrenos fiscales sin entregar la correspondiente retribución al Estado.

Asimismo, el futuro senador advierte que no se establecen límites sobre la superficie que puede ser solicitada por la persona natural o jurídica y adjudicada eventualmente por Bienes Nacionales. Tampoco sobre quienes ocupen el mecanismo para regularizar viviendas construidas en los territorios, pudiendo ser estas de veraneo o para arriendo.

Lea el proyecto de resolución

Con fines de lucro

Entre los antecedentes que se exponen, el Ejecutivo señala que se trata de transferencias excepcionales similares a las que contempla el artículo 6º del decreto ley Nº 1939 de 1977.

Dicho apartado, citado en el proyecto, “permite la enajenación de dichos terrenos que estén ubicados en la Región de Los Lagos, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siempre y cuando sean transferidos en dominio a personas naturales o jurídicas chilenas, sin fines de lucro”.

Último punto que es criticado por Velásquez, pues en la propuesta para la Macrozona Norte los terrenos sí podrán cedidos a personas naturales o jurídicas con fines de lucro.

“(…) el proyecto en comento no contempla esta limitación por lo que viene a torcer la finalidad de las excepciones ya contempladas en el ordenamiento jurídico abriendo la puerta para que personas jurídicas con fines de lucros accedan fácilmente a estos terrenos”.

Ministerio de Bienes Nacionales

Consultados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, desde el Ministerio de Bienes Nacionales explican que “la idea del proyecto de ley es abrir la posibilidad de enajenar tales terrenos para regularizar ocupaciones emplazadas en el borde costero, consolidar la situación de titulares de derechos de uso y goce en terrenos contiguos a la playa, e impulsar el desarrollo económico regional. En todos los casos las transferencias deben realizarse previo informe favorable de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”.

Sobre por qué se omitió la frase “sin fines de lucro”, desde la cartera expresan que la iniciativa “tiene como una de sus ideas matrices la reactivación económica de las regiones, por lo que se abre la posibilidad de que personas jurídicas puedan realizar diferentes actividades e iniciativas comerciales en aquellos sectores”.

Ello, añaden “mediante la apertura de procesos licitatorios abiertos y transparentes impulsados por el Ministerio de Bienes Nacionales, y debiendo cumplir siempre con las regulaciones y permisos que la legislación disponga”.

¿Pueden los terrenos ser utilizados por inmobiliarias? Sí, reconocen en el Gobierno

“Tales enajenaciones se pueden realizar para llevar a cabo distintos tipos de proyectos que tengan por objeto impulsar el desarrollo económico de las regiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, según se especifiquen en las licitaciones que lleve adelante el Ministerio de Bienes Nacionales”, detallan.

Y agregan: “Deben someterse a la previa aprobación de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que tiene como misión resguardar la seguridad nacional, y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, que cautela la integridad del territorio nacional en las zonas limítrofes”.

Por último, desde le repartición gubernamental justifican que la propuesta esté enfocada en la Macrozona Norte, pues allí se ubican regiones con gran potencial de desarrollo turístico y económico. De ahí que se considere la cesión de la titularidad del dominio a privados.

“Para quienes quieran desarrollar actividades económicas es un mecanismo que posibilita crear las condiciones necesarias para hacer atractivas y seguras las inversiones en el sector, impulsando así el desarrollo económico regional y crear una mayor cantidad de empleos”, argumentan.

Y finalizan: “Para asegurar que aquellos proyectos se lleven a cabo, el proyecto de ley incorpora una prohibición de enajenar para el adquirente, por un período de 10 años, la que se funda en evitar eventuales especulaciones sobre el valor de los terrenos contiguos a la playa”.

Ahora, todo esta en manos del Senado.