La ministra en visita extraordinaria para causas sobre corrupción en el Ejército, Romy Rutherford Parentti, hizo notar formalmente su descontento con el juez suplente del Juzgado de Garantía de Coyhaique.
A través de un escrito de cuatro páginas, la magistrada expuso su malestar a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Natalia Rencoret Oliva, “para los fines que estime pertinentes”.
La historia va así. El 12 de octubre pasado la Corte Suprema determinó que la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, es la competente para continuar con las indagaciones del denominado caso FAM.
Se investiga a militares activos y en retiro que habrían cometido fraude al fisco en la región de Aysén.
Hasta antes de eso la causa era sustanciada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, razón por la que la Segunda Sala del Máximo Tribunal ordenó que los antecedentes le fueran remitidos a Rutherford para que ella continuara con la tramitación. Concretamente aquellos que decían relación con militares involucrados.
Sin embargo, pese a ser notificado del fallo el tribunal de garantía coyhaiquino no se dio por aludido. En consecuencia no cumplió con lo dispuesto, situación que motivó un primer oficio de la ministra Rutherford enviado el 4 de noviembre.
En respuesta y recién cuatro días más tarde (el 8 de noviembre) el juez suplente del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Félix Asencio Hernández, dictó una nueva resolución. A través de ella, permitió el envío de los antecedentes a la Justicia Militar a través de un link abierto a todo público.
Este es un extracto:
“Atendido lo anterior, se declara la incompetencia de este Juzgado de Garantía de Coyhaique para seguir conociendo estos antecedentes. Una vez firme y ejecutoriada la presente resolución, remítanse los antecedentes al Segundo Juzgado Militar de Santiago por corresponderle su conocimiento”.
Nuevo pronunciamiento
Justamente esa forma de proceder fue cuestionada por la ministra Rutherford, quien esta vez con un oficio dirigido a la presidenta del tribunal de alzada de Coyhaique busca que se revise la actuación del juez suplente.
A juicio de Rutherford, la resolución firmada por el juez (s) Asencio Hernández no se limita únicamente a cumplir con lo ordenado por la Suprema, sino que de manera injustificada emite un nuevo pronunciamiento acerca de la competencia en la investigación, cuestión que había sido zanjada el 12 de octubre por la Suprema.
Concretamente, la ministra en visita apunta a que la frase “se declara la incompetencia de este Juzgado de Garantía de Coyhaique para seguir conociendo estos antecedentes” es improcedente.
Esto, pues no se trataba de algo que a esa altura se mantuviera en cuestionamiento luego del pronunciamiento del máximo tribunal del país.
Lea el oficio
A fin de cuentas, y según se advierte en el oficio que tuvo a la vista este medio, lo hecho por el juez suplente de Coyhaique tuvo dos efectos negativos.
Primero, abrir la posibilidad para que intervinientes puedan volver a recurrir respecto de un asunto que ya fue zanjado por el máximo tribunal.
Y segundo, retardar injustificadamente la tramitación de la causa que en la práctica ya había estado paralizada por casi 10 meses.