Este miércoles el fiscal Marcelo Leal solicitó al Juzgado de Garantía de Panguipulli fijar audiencia para comunicar el cierre de la investigación y, conjuntamente, solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa del malabarista Francisco Martínez Romero.

En dicho proceso, en febrero de este año, fue formalizado el sargento de Carabineros Juan González Iturriaga por el delito de homicidio simple, acusado de dar muerte al joven tras un fallido control de identidad.

Pues bien, tras más de ocho meses de indagatoria, Leal solicitó al tribunal fijar una fecha para poner fin a la investigación y además, en la misma instancia, solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa.

El tribunal accedió y fijó audiencia para el próximo 17 de diciembre a las 11 de la mañana a través de Zoom.

En dicha instancia, se escuchará al ente persecutor y a los otros intervinientes, como abogados particulares y al Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH), quienes son parte de la causa.

Vea solicitud

INDH evalúa acciones a seguir

Consultada por La Radio, desde la Fiscalía Regional de Los Ríos señalaron que ya recepcionaron la totalidad de las pericias dispuestas y las diligencias encargadas a la PDI, contenido extenso que se dará a conocer en la referida audiencia solicitada.

Desde el INDH, Sebastián Smart, director regional en Los Ríos, comenta que ya fueron notificados de la decisión del Ministerio Público.

“Desde la sede regional nos encontramos evaluando los antecedentes para ver acciones a seguir que nos permitan llegar a verdad y justicia en este caso”, sostiene.

Y agrega: Cabe consignar que, en este tipo de causas, que involucran a funcionarios públicos el Estado de Chile debe cumplir con estándares más exigentes -de debida diligencia- en su investigación“.

Cronología

Fue el pasado viernes 5 de febrero cuando en las intersecciones de las calles Martínez de Rosas con Pedro de Valdivia, en la comuna de Panguipulli, sucedieron los hechos.

En dicho lugar, a eso de las 15 horas aproximadamente, Francisco Martínez Romero se encontraba realizando actos de malabarismo, actividad por la que recolectaba dinero de los automovilistas.

Consigo, según leyó en la audiencia de formalización el fiscal regional de Los Ríos Juan Agustín Meléndez, portaba tres cuchillos tipo machete marca Truper de 50 centímetros de hoja y 14 centímetros de empuñadura.

En ese momento, el sargento de Carabineros Juan González Iturriaga, quien había sido agregado a la dotación de la 5° Comisaría de Panguipulli dos días antes, junto a otros dos funcionarios policiales, se acercaron a Martínez para solicitarle su cédula de identidad.

Frente al requerimiento, el fiscal Meléndez expuso en la audiencia que el malabarista “levantó una de las armas blancas que portaba, intentando atacar al funcionario policial quien retrocede y saca su arma de servicio”.

Con el revólver calibre 38 milímetros en sus manos, el sargento González realizó un disparo al suelo en señal de advertencia. Pese a esto, Martínez Romero no “depuso su actitud”, según narró el fiscal regional, y siguió acercándose hacia el funcionario de Carabineros con las armas blancas en sus manos.

Ante esta actitud, el policía retrocedió cerca de 18 metros siempre de frente al malabarista, hasta llegar a la intersección de las calles Martínez de Rosas con Pedro de Valdivia.

Nuevo llamado

En el lugar, Martínez nuevamente es llamado a dejar las armas que portaba, haciendo caso omiso a la solicitud, y ubicándose cerca de una estructura rectangular metálica para “continuar de manera amenazante levantando con sus manos uno de los machetes”, relató Meléndez.

Fue en ese momento cuando el sargento realizó dos disparos más al suelo, uno de ellos impactando en las extremidades inferiores del artista, mientras que el otro dio en la estructura metálica.

Es en este momento cuando Francisco Martínez Romero se abalanzó sobre el uniformado portando dichos cuchillos, instante en el que el sargento Juan González Iturriaga continuó disparando, un cuarto y quinto disparo, los que dieron en el tercio medio y muslo derecho del joven.

En fracción de segundos, el malabarista pierde el equilibrio y mientras caía al suelo el funcionario policial efectuó un sexto disparo el que, en palabras del fiscal regional Juan Agustín Meléndez, fue “innecesario”. Pese a que se probó que todos estos hechos ocurrieron en milésimas de segundos, más aún cuando había cerrado los ojos puesto que uno de los cuchillos había tocado el rostro del funcionario.

Las razones

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que ese último tiro fue el que le causó una herida transfixiante cardiaca por proyectil balístico, motivo por el que perdió la vida en el lugar.

“Es un impacto que da en el corazón”, le dijo el fiscal regional al juez de garantía en la audiencia, intentando explicar en un idioma no médico la causa de fallecimiento.

González Iturriaga fue formalizado por el delito de homicidio simple, bajo la hipótesis de legítima defensa “incompleta”. Esto porque la víctima, a juicio de los persecutores, sí provocó una una amenaza real hacia el funcionario policial con los cuchillos tipo machete que portaba. Bajo este escenario, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Corte

Tanto los querellantes, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se opusieron a dicha cautelar apelando de forma verbal, elevando la discusión a la Corte de Apelaciones de Valdivia. En la misma audiencia se fijaron cuatro meses como plazo de investigación.

En el tribunal de alzada de la región de Los Lagos el caso dio un giro. La Corte, desechando los argumentos del INDH y los querellantes, revocó lo resuelto por el tribunal y en línea con lo solicitado por la defensa del sargento aminoró la medida cautelar sustituyéndola por la firma quincenal y arraigo nacional.

En fallo dividido, la Primera Sala, integrada por los ministros José Ignacio Correo, presidente, María Elena Llano y Luis Aedo Mora, estimó que “a la luz de las evidencias disponibles, se puede afirmar actualmente que el imputado actuó al amparo de la hipótesis de legítima defensa”.

Tras todo este proceso judicial, ahora el Juzgado de Garantía de Panguipulli deberá decidir si acoge o no el sobreseimiento del funcionario policial.