Revisiones que distan de cualquier protocolo de actuación aduanero y que incluyeron golpes, registro de zonas genitales e incluso la intromisión de una manguera metálica a narcos extranjeras, tienen hoy en el banquillo de los acusados a una funcionaria de Aduanas de Chile.

Como consecuencia de los hechos denunciados por un grupo de mujeres ante la PDI, hace un mes y de forma unánime el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique resolvió condenar a Olivia, trabajadora del Servicio Nacional de Aduanas, a 12 años de cárcel efectiva.

El fallo desató duras críticas de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), desde donde aseguran creer “firmemente en la inocencia” de su compañera.

En base a la acusación y las pruebas presentadas en el juico oral por Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el tribunal iquiqueño llegó a la convicción de que la fiscalizadora cometió tres delitos de tortura y dos de apremios ilegítimos durante 2019 en las instalaciones de la Avanzada Aduanera El Loa, ubicada en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, por la ruta costera.

Ahora, mediante un escrito de 69 páginas -al que tuvo acceso BioBioChile- el reputado abogado penalista, Juan Carlos Manríquez, busca convencer a la Corte Suprema de que hubo vicios en el proceso judicial que ameritan repetirlo.

Apunta a una violación del debido proceso y a que la cronología de los hechos que hicieron los acusadores tiene yerros.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas evitan referirse al proceso judicial, aunque aseguran que -de comprobarse lo denunciado- se trataría de hechos aislados. Sus funcionarios se apegan estrictamente a los protocolos de actuación definidos, advierten.

Procedimiento tortuoso

El primero de los delitos, según se desprende de la sentencia, lo ejecutó Olivia la mañana del 20 de junio de 2019, cuando -junto a un colega- seleccionaron a algunos pasajeros de un bus Ciktur que venía desde Iquique y tenía como destino final la región Metropolitana.

De acuerdo al fallo, entre los pasajeros escogidos al azar para ser llevados a la sala de revisión se encontraba una de nacionalidad boliviana de apellido Figueredo, la primera de las víctimas que establecería luego el proceso judicial.

Una vez en el salón, Olivia le pidió a la pasajera que se bajara la ropa para proceder con la revisión. Allí, descubrió que entre sus piernas la viajera ocultaba un paquete con 262 gramos de cocaína. La propia fiscalizada confesaría que en su región rectal acumulaba más mercancía.

Fue entonces cuando tras la extracción de un segundo envoltorio, la funcionaria trasladó a la ciudadana boliviana hasta otra habitación. La hizo desvestirse, le pidió que abriera piernas e inició una búsqueda de más droga en la zona vaginal.

Tras ello, indica la resolución judicial, Figueredo fue obligada por la funcionaria a eliminar sentada en un balde algunos de los ovoides que mantenía en su sistema digestivo. Como el proceso de evacuación no fue del todo exitoso, Olivia habría decidido utilizar una técnica violenta y poco ortodoxa.

De acuerdo al relato de la propia mujer extranjera, en al menos dos oportunidades la trabajadora aduanera la introdujo la manguera metálica de la ducha y le abrió la llave, con la finalidad de que evacuara más ovoides. Una vez terminado el proceso, según la querella del INDH, le ordenó vestirse, que no hiciera escándalo y que no hablara “porque le iba a ir peor”.

La mujer denunció todo como una agresión sexual.

Según se estableció en el proceso judicial, la tarde de ese mismo 20 de junio la funcionaria de Aduana repetiría casi de forma calcada el cuestionado procedimiento en contra de otras dos burreras bolivianas, también detectadas a bordo de un bus que tenía como destino la ciudad de Santiago.

Confesiones

Dos meses más tarde, la madrugada del 23 de agosto de 2019, otras dos traficantes extranjeras se convertirían de acuerdo al fallo de primera instancia en las víctimas cuatro y cinco de la funcionaria.

En el mismo complejo aduanero fue sometido a fiscalización un bus de la empresa Expreso Norte cuyo itinerario era Arica-Santiago. Arriba de esa máquina viajaban dos ciudadanas peruanas con ovoides de droga al interior de su cuerpo.

Ambas mujeres fueron llevadas hasta la sala de revisión. La primera de ellas -según estableció el TOP de Iquique- terminó confesando que mantenía ovoides en su sistema digestivo.

“(La funcionaria) le preguntó si llevaba algo, ocupando ambas manos para hacer presión en el pecho y hundir sus dedos en las costillas de la fiscalizada, ocasionándole mucho dolor, propinándole también fuertes golpes de puño en el estómago, aumentando el dolor”, reza la resolución judicial.

—¿Qué estás llevando? —dice el INDH que le dijo la funcionaria de Aduanas a la fiscalizada. Esta última terminaría confesando que portaba ovoides al interior de su estómago, para no seguir siendo golpeada.

La segunda mujer controlada esa madrugada habría corrido peor suerte. Una vez en el cuarto de revisión tuvo que bajarse los pantalones y la ropa interior, momento en que se le consultó si llevaba droga. Ahí comenzaron las agresiones físicas y amenazas.

“(…) la golpeó fuertemente en el estómago, diciéndole que si no hablaba llamaría a los carabineros para que fueran a golpearla, dándole otros golpes de puño en el estómago, evacuando la afectada 17 ovoides con droga”, indica la resolución.

Finalmente, de acuerdo al informe realizado por un médico previo a su detención, ambas extranjeras terminaron con lesiones de carácter contusa y coloración violácea, lo que era compatible con el relato prestado por las mujeres a la Policía de Investigaciones.

En ese contexto, los policías, además de iniciar el procedimiento respectivo por infracción de las extranjeras a la Ley 20.000, decidieron denunciar los posibles delitos cometidos por la funcionaria de Aduanas.

Fue de esa forma que el Ministerio Público inició una investigación cuyo final sigue abierto, pese al resultado positivo que obtuvo el ente persecutor en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, donde se condenó a la funcionaria principalmente como consecuencia de “la consistencia y coherencia de los testimonios de las víctimas”.

La impugnación

Tal como se dijo, la última carta se la juega Olivia ahora en la Corte Suprema, gracias al férreo apoyo que ha recibido de sus colegas agrupados en la Anfach, quienes incluso se han manifestado a su favor en más de una oportunidad. Todo ello, pese a la decisión del tribunal.

Tras conocerse el veredicto del TOP iquiqueño, de inmediato la gremial inició las gestiones para recurrir de nulidad, contratando para esos fines al penalista Manríquez Rosales, reconocido abogado capitalino.

“Se trató de juzgar a una mujer sola y frágil, que siempre se ha desempeñado con esmero y cuidado en sus roles de madre y funcionaria”, versa el escrito que sustenta la impugnación.

Mismo texto donde se argumenta que Olivia jamás había enfrentado una situación similar y que durante todo el proceso alegó inocencia absoluta y total falta de participación.

En efecto, el escrito señala que es necesario anular el juicio, toda vez que no hay evidencia de que la mujer tenga un perfil de torturadora, abusadora o sicópata.

El presidente nacional de la Anfach, Mauricio Soudre, cuenta a BioBioChile que se
encuentran “esperando la resolución de la Excelentísima Corte Suprema” y que cuentan “con sólidos argumentos de que en el fallo de primera instancia se vulneraron garantías del debido proceso y en ello se configura la causal de nulidad”.

Todo ello, agrega, para que “se restaure el imperio de derecho”.

En la misma línea, Manríquez se muestra confiado en los argumentos con los que buscarán la impugnación.

“Tenemos la convicción profunda y certera que por una parte se violó el debido proceso, por otra se alteraron las cargas procesales liberando a los acusadores de su deber de acreditar -más allá de toda duda razonable- elementos tales como la voluntad final en estos supuestos actos de tortura”, subraya el jurista, apuntando también a errores en la calificación y en la cronología de los hechos.

“Vicios no existen”

Desde la vereda de en frente, el fiscal del caso, Juan Zepeda, detalla a este medio que esperan que el recurso no sea acogido y enfatiza en que los hechos ocurrieron tal cual fueron presentados en la acusación.

“La verdad, entendemos que esos vicios (a los que apunta la defensa de la imputada) no existen. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique arribó a convicción con los medios de prueba presentados, (entendemos) que los hechos que nosotros presentamos en la acusación ocurrieron del modo que indicamos, razones por las cuales esperamos el recurso no sea acogido”, remarca.

En la Anfach mantienen la esperanza de que Olivia no termine en prisión, apuntan también a que es madre de dos hijos menores de edad (uno de los cuales requiere de cuidados especiales) que quedarían desamparados pues su padre fue un carabinero que murió en trágicas circunstancias.

Por último, consultados por BioBioChile, desde el Servicio Nacional de Aduanas indican que “los protocolos de actuación ya definidos para los equipos de drogas de ninguna manera contemplan actuaciones que puedan vulnerar los derechos de las personas”.

“Con todo, estos protocolos serán revisados y reforzados a fin de que se respeten siempre y bajo toda circunstancia los derechos e integridad de las personas que son revisadas en los puntos de control fronterizos”, sentencian.

Como casi siempre, la última palabra la tiene la Corte Suprema.

El nombre de la funcionaria de Aduanas condenada fue modificado. Por decisión de la justicia su identidad debe manterse en reserva.