$19 millones al mes: estos son los supersueldos del Congreso que Ossandón busca frenar

8, 12, 15, 17 y hasta 19 millones de pesos brutos son algunos de los supersueldos que perciben más de 130 funcionarios del Congreso, quienes alcanzaron notoriedad la semana recién pasada, luego de la ofensiva iniciada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, para establecer un límite salarial.

Según un análisis de la Unidad de Investigación de Bío Bío, en la nómina de empleados parlamentarios figuran abogados, profesores, licenciados en filosofía e ingenieros comerciales que reciben remuneraciones que superan en varios millones a los sueldos de las más altas autoridades del país.

—Esto depende del Presidente de la República y de todas las personas que puedan aportar a esto —aseguró el jefe senatorial, desde el podio del Congreso en un punto de prensa.

NO EXISTE REGULACIÓN

La propuesta de Ossandón pretende establecer lineamientos claros sobre los ingresos percibidos en el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). En la actualidad —de acuerdo al desglose de BBCL Investiga—, más de 130 funcionarios poseen sueldos brutos sobre los 8,4 millones de pesos. Es decir, el monto límite que busca establecer la normativa.

Algunos, incluso, cuentan con un salario mucho más alto de lo que percibirá el Presidente de la República a partir de 2026, según la normativa actual: un poco más de $10,2 millones.

La Ley 21.133, promulgada en 2020, buscaba, justamente, regular las remuneraciones de las altas autoridades del Estado. A partir de ahí, se creó una comisión encargada de fijar cada cuatro años los dineros que percibirán el Presidente, ministros, diputados y senadores.

Con el objetivo de eliminar las distorsiones salariales, la comisión emitió un primer informe donde establece que el Mandatario —desde marzo de 2026— pasará a ganar un poco más de 10 millones en su rol de Jefe de Estado. Por su parte, los asesores de gobierno no podrán ganar más que la autoridades que asesoren.

Sin embargo, la regulación no se extiende hacia el Congreso ni a su biblioteca. Sus funcionarios cuentan con un sistema de remuneraciones particular que no se rige sólo por la escala única de sueldos aplicable a los servidores públicos.

Esta circunstancia al interior del organismo legislador ha permitido desarrollar un sistema que se ha complejizado debido a la existencia de acuerdos internos: la instauración de beneficios únicos y asignaciones adicionales han generado desequilibrios.

—Es un proyecto que busca darle sustentabilidad al Congreso —aseguró Ossandón.

HASTA 19 MILLONES

De acuerdo con información recabada por BBCL Investiga vía Transparencia, en el Senado, 62 funcionarios poseen remuneraciones brutas mensuales por sobre los 8,4 millones de pesos.

Los 10 sueldos más altos corresponden a abogados. Nueve de ellos —en la actualidad— se desempeñan como secretarios de comisiones. Es decir, profesionales que asesoran legalmente y presentan apoyo técnico a cada instancia legislativa.

La información analizada da cuenta que el funcionario con el sueldo más alto es Julio Cámara Oyarzo, quien percibe $17 millones brutos al mes. El mismo además es hermano de Carlos Cámara Oyarzo, funcionario de la Cámara de Diputados que también figura entre los supersueldos.

Le siguen Ximena Belmar Stegmann, Juan Pablo Durán, Pedro Javier Fadic, Ingrid Karelovic Ríos y María Palumbo Ossa, con $16 millones mensuales cada uno.

No tan solo abogados reciben supersueldos en el Senado. Cuatro profesores figuran en el listado. Uno de Matemáticas y Computación, una de Historia y dos de Castellano perciben cifras brutas que van desde los 8 hasta los 13 millones de pesos.

El detalle va así: Héctor Inostroza Sepúlveda, subjefe de Redacción, con $13 millones; Patricio Álvarez Cabezas, jefe de Tecnologías de la Información, con $12 millones; María Romero Celedón, jefa de Publicaciones, con $8 millones; Cristian Orellana González, redactor, con $10 millones.

También hay dos licenciados. Uno en Filosofía y otro en Historia: Claudia Zumelzu Cornejo, subjefa de Redacción, con $13 millones y Marcelo Zurita Lillo, redactor, con $11 millones.

Resistencia al cambio

Desde la Federación del Congreso Nacional —integrada por las asociaciones de funcionarios— emitieron una declaración pública el pasado 7 de octubre. En el texto, la posición es clara: rechazan completamente el borrador presentado por el presidente del Senado.

“Se trata de un documento elaborado apresuradamente”, cuestionaron.

A juicio de la agrupación, la ofensiva de Ossandón “no cuenta con asesoría jurídica especializada” y “presenta graves problemas de diseño legislativo”.

“Desconoce las particularidades del trabajo de los funcionarios del Congreso Nacional y carece de los antecedentes técnicos para fundar una medida que, a todas luces, menoscaba y afecta gravemente las remuneraciones de los funcionarios de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional”, versaba el escrito.

CÁMARA BAJA

La Unidad de Investigación de Bío Bío también revisó los salarios actuales de los funcionarios de la Cámara de Diputados.

Según estos datos, 53 empleados gozan de un sueldo bruto superior a los $8,4 millones. Los 10 salarios más altos corresponden a cargos administrativos. Las remuneraciones van desde los $15 millones hasta un poco más de $19 millones.

Miguel Landeros Perkic, secretario general de la Cámara, encabeza el listado ($19 millones). Le siguen Luis Rojas Gallardo (prosecretario, $17 millones); Juan Galleguillos Jara (abogado secretario de comisión, $16 millones y Roberto Fuentes Innocenti, (abogado secretario de comisión, con $15 millones).

La BCN

En la Biblioteca Nacional del Congreso (BCN) —según la documentación revisada— 20 funcionarios ganan sobre los $8,4 millones. Los salarios más altos bordean los $13 millones.

Alejandro Turis Lazcano, jefe del departamento Servicios Legislativos y Documentales y Guido Williams Obreque, jefe sección de Asesoría Técnica Parlamentaria), lideran el ranking, con $12,8 millones.

El director del organismo, Diego Matte Palacios, se ubica un peldaño más abajo, con $12,5 millones.

—[Este proyecto] es una forma de maltrato. Transmite que quienes trabajamos aquí estamos abusando del Estado y no es así. Muchos llegamos por concurso público y nos tomamos con seriedad nuestro trabajo —dice uno de los trabajadores consultados que forma parte de la nómina de los supersueldos.

—Ni senadores ni diputados son funcionarios: no cumplen horarios, no responden a jefaturas, no están sujetos a metas, no tienen responsabilidad administrativa, pueden no tener experiencia ni título… Ponerse a ellos como referencia no sirve. Y qué decir de que los funcionarios no gozan ni de fueros ni reciben asignaciones para sus gastos personales, ni les pagan reembolso por voto para postular a los cargos —fustiga el mismo inquirido fuera de micrófono.

EL PROYECTO DE OSSANDÓN

El proyecto de Ossandón plantea la necesidad de refundar y simplificar la escala de remuneraciones que rige a los funcionarios del poder legislativo estableciendo categorías. Por ejemplo, los funcionarios A (presidentes de las Cámaras del Congreso y de la República) deberían figurar con una remuneración mayor que los funcionarios B (parlamentarios y ministros de Estado).

En la misma línea, se pretende la modificación de acuerdos complementarios para eliminar asignaciones internas que generan distorsiones salariales.

Sin embargo —en caso de ser aprobado—, las remuneraciones brutas de los funcionarios se mantendrían como en la actualidad. Esto a partir de una garantía de no reducción. Es decir, sólo ganarían menos de $8,4 millones brutos aquellos empleados que ingresen posterior a la eventual aprobación de este proyecto.

—A mí en lo personal aún no me ha llegado el proyecto de ley y en ese sentido no podría tener una mayor opinión más que la de decir que estamos abiertos a analizar estos supersueldos —asegura el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro.

En esa línea, sostiene que la idea es “ver de, manera lógica y sin atentar derechos, cómo poder disminuirlos”.

El Presidente Gabriel Boric aún no se ha referido públicamente al proyecto y se desconoce si apoyará o no la ofensiva legislativa.